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Acceso a los documentos

Régimen legal de acceso a la información contenida en los documentos del archivo

Documentación histórica

(con más de 25 años la de titularidad estatal, y 30 años la de titularidad autonómica)

Acceso libre:

Con carácter general.

Acceso previa autorización:

Por razones de interés público: Materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no deban ser conocidos por disposición expresa de la Ley, o que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del Estado o la averiguación de los delitos.
Por razones de interés privado: Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que hayan transcurrido veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, cincuenta años a partir de la fecha de los documentos.
Documentación administrativa intermedia
(con más de 15 años la de titularidad estatal, y 10 años la de titularidad autonómica).

 

Documentación administrativa

Acceso libre:

Petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias.

Acceso previa autorización:

A causa de interés legítimo: Necesidad de acreditar un interés legítimo y directo para acceder a documentos de carácter nominativo que no incluyan datos pertenecientes a la intimidad de las personas.
A causa de interés histórico, científico o cultural: Se podrá autorizar el acceso directo a la consulta de los expedientes, siempre que quede debidamente garantizada la intimidad de las personas. 

Acceso reservado:

Documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas, reservados a éstas.

Acceso negado:

Información sobre las actuaciones del Gobierno o las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo.
Información sobre la defensa nacional o la seguridad del Estado, así como sobre los intereses vitales de Andalucía.
Investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.
Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial. Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.

 

Legislación relacionada:

 

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