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Presentación

¿Qué es?

El Archivo Histórico Provincial es una institución cultural y administrativa abierta a la sociedad, como servicio público.

El Archivo recoge, conserva, organiza y pone a disposición de los ciudadanos los documentos producidos por la Administración pública en el ámbito de la provincia, como testimonios escritos de su historia y de la actividad de la sociedad. Por ello, el Archivo es el responsable de la conservación del Patrimonio Documental, que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer y utilizar.

El Archivo Histórico Provincial es de titularidad estatal, adscrito a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Su gestión está transferida desde 1984 a la Junta de Andalucía, que es llevada a cabo por la Consejería de Cultura a través de su correspondiente Delegación Provincial. Por ello, forma parte de los Sistemas tanto Estatal como Andaluz de Archivos.

 

¿Para qué ir?

El Archivo ofrece diversos servicios con el objetivo de poner a disposición de los ciudadanos y de sus necesidades el Patrimonio Documental de la provincia. En él existe una información de primera mano, necesaria para la investigación, el estudio, la cultura y la propia actividad de las personas en relación con la Administración y con los demás ciudadanos.

 

¿Qué consultar?

En el Archivo se puede encontrar la documentación histórica, así como la administrativa que haya cumplido los plazos establecidos en la legislación vigente, producida por los órganos delegados y periféricos de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. Igualmente, se pueden encontrar documentos emanados de otras instituciones públicas de la provincia -judiciales, notariales, educativas, sanitarias, etc.- y de aquéllas privadas que por una causa u otra hayan llegado a ingresar en el mismo.

Con carácter general el acceso a la documentación es libre, aunque quedan excluidos de la consulta pública aquellos documentos que contengan datos cuyo acceso esté restringido por Ley.

¿Quién puede acceder?

Todo ciudadano, en uso de sus legítimos derechos, puede acceder a los servicios del Archivo por cualquiera de las razones citadas.

La consulta de los documentos es pública y gratuita, según los principios democráticos del derecho de acceso a la cultura y de la transparencia administrativa, establecidos en la Constitución española.

 

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