La Mujer y la Beneficencia

La actividad benéfica privada fue una constante en la sociedad del Antiguo Régimen, ante la práctica inexistencia de iniciativas públicas en este sentido, y como forma de combatir los efectos de las endemias, carestías, hambrunas y epidemias tan frecuentes en un sistema económico de subsistencia. Así, instituciones piadosas destinadas a los más diversos fines caritativos eran fundadas por personas particulares, fundamentalmente de la alta burguesía o la aristocracia, o por órdenes religiosas, encontrándose, por ejemplo, en testamentos y últimas disposiciones un elevado número de fundaciones y patronatos instituidos al respecto.

Y era precisamente ese ámbito, en la labor humanitaria a través de la beneficencia, relacionado principalmente con la salvación mediante la caridad cristiana, uno de los pocos donde la mujer podía participar hasta mediados del siglo XX.

La desigualdad de la consideración de las capacidades entre sexos, en la cual las mujeres se consideraban inclinadas a los aspectos más sentimentales y dotadas especialmente para el cuidado de hijos, ancianos o cualquier persona con necesidades, se vio reforzada por los obstáculos y las trabas que se encontraban las mujeres para desarrollar una labor política, económica, científica y cultural, y especialmente en el ámbito laboral, que tuvo su reflejo en la legislaciones de distintas épocas. Estas circunstancias  avocaban a las mujeres al matrimonio o a la labor religiosa, y la tutela de los hombres, que se reflejaba en todos los ámbitos de la vida (dotes, permisos paternos o de los esposos para cualquier acto jurídico o económico etc). Así la mujer no solo era benefactora, sino también beneficiaria de la asistencia social, según sus circunstancias vitales y en el que se trataban de imponer los valores sociales, políticos y religiosos de las instituciones asistenciales.

Los distintos intentos de reformas para traspasar las actuaciones del ámbito privado, especialmente del ámbito religioso por ser de gran importancia, al público, se basó, en gran parte, en la consideración de la asistencia social como una obligación del Estado. Este creciente intervencionismo, con distintos vaivenes desde el Estado a Municipios y Diputaciones, fue un proceso que se desarrolló con más intensidad a lo largo del siglo XVIII, hasta llegar al Estado del Bienestar del segundo tercio del siglo XX, con el desarrollo de ONG,s y el voluntariado, basado en la sociedad civil.

Por medio de la legislación, con avances y retrocesos, en las Cortes de Cádiz, la Leyes de Beneficencia (1822, 1849, Reglamento de 1852, Instrucción de 1875 para el ejercicio del protectorado del Estado en la Beneficencia, Real Decreto de 17 de julio de 1884 el Real Decreto e Instrucción de protectorado de la Beneficencia del 14 de marzo de 1899,) se fueron desligando los servicios sociales de la iglesia y de los particulares hacia el Estado, aunque esta no desapareció (Cajas de ahorro y Montes de piedad).

Las Juntas Provinciales de Beneficencia, una central en Madrid y una en cada capital de provincia, creadas por la Ley General de Beneficencia de 1849, se dedicaron en principio a la tutela de las instituciones benéficas privadas, y con el tiempo se dedicaron a su administración, gobierno y estadísticas, presididas por el Gobernador Civil.  Posteriormente, aunque en distintos periodos se volvió a considerar  la asistencia social como una actividad privada muy relacionada con la religiosidad, el traspaso de competencias de lo privado a lo público no tuvo vuelta atrás y tras la Guerra Civil, se les encargó de la gestión del Fondo de Protección Benéfico Social, para atender a los más necesitados tras en periodo bélico. En 1962 administran el Fondo Nacional de Acción Social, pasando a ser Juntas Provinciales de Asistencia Social (Decreto de 12 de febrero de 1968) diluyéndose sus competencias dentro del Gobierno Civil  y a partir de la transición integrándose en el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Con el traspaso de competencias a la Junta de Andalucía, desaparecieron. Con esta actividad legislativa y la asunción de la asistencia social por parte del Estado el papel de la mujer, sino fue testimonial, pasó a ser secundario.

En este contexto el papel de la mujer no será el de toma de decisiones (Juntas de Sanidad, Juntas de beneficencia, Fundaciones, Juntas de Damas etc) sino en auxiliares y como mucho con una labor de inspección de orfanatos, hospitales, e instituciones benéficas varias, especialmente aquellas dedicadas a niños, mujeres, enfermos y pobres, sin disponer en muchas ocasiones de fondos propios, salvo aquellos que podían obtener del Estado o de la caridad, lo cual delimitaron la actividad de estas instituciones, muchas de poca envergadura y con un ámbito espacial limitado, aunque con la vocación de durar en el tiempo.

Pero no todas las mujeres podían permitirse una labor asistencial. Salvo el desarrollado en el espacio familiar, generalmente aquellas que tenían solventadas sus necesidades económicas (aristócratas, alta burguesía), se dedicaban a las labores benéficas, tanto como un deber moral como por ser un lugar propicio para destacar socialmente, gracias a los actos que formaban parte de su labor de asistencia (rifas, tómbolas, fiestas de la caridad etc) en las cuales podían ser protagonista y, de camino, alcanzar o afianzar un posicionamiento destacado en la sociedad.