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Arch-e. Revista Andaluza de Archivos

Nº 2  20 enero 2010


2.0.2. Los archivos del mundo del trabajo, un patrimonio común

Eloisa Baena Luque20 enero 2010

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Eloísa Baena Luque
Directora del Archivo Histórico CCOO Andalucía


Desde que se crearon los archivos históricos de CCOO a finales de la década de los ochenta, los objetivos iniciales de  recoger y organizar la documentación producida por la organización fue poco a poco superada por el interés de sus responsables de preservar  la memoria de los trabajadores y de las trabajadoras, por lo que, al objetivo inicial de   conservar la documentación  del sindicato, se añadió el de reunir, conservar y difundir la documentación producida por  las empresas, de ahí que en todos los archivos de la Red de CCOO se conserven la  producida por los Jurados de Empresas durante la dictadura del general Franco y por los Comités de Empresas durante la Transición, fondos de sumo interés  para  conocer la historia de los trabajadores, la cultura del trabajo, las relaciones laborales, sus conflictos y negociaciones, la salud laboral, entre otros muchos aspectos durante estos periodos históricos.

La creación de los archivos de CCOO coincidió con un periodo de crisis y reconversión industrial que azotó con fuerza al sector industrial del país, con el consiguiente capítulo de cierre de empresas  y de movilizaciones obreras a favor del mantenimiento del tejido productivo y del empleo. En esas circunstancias, los profesionales de la Red de Archivos de CCOO, en nuestra doble cualidad de archiveros e historiadores, nos comprometimos a participar en esas luchas haciendo de la historia y de la documentación histórica de las empresas un acta verificadora de la trayectoria y existencia de las mismas.  Una parte de ese patrimonio documental se salvó de la destrucción gracias a las iniciativas que cada uno, de manera individual o de forma colectiva y con la colaboración de otras entidades y organismos, llevamos a cabo.

Todo ello nos ha llevado a preocuparnos por conservar la documentación producida por las organizaciones, entidades que, en un sentido amplio, llamamos "mundo del trabajo", en centros especializados como los que ya existen en Europa, en Alemania (Cologne 1906), en Suiza (Bâle 1910), en Holanda (La Haye 1914), en Francia (Roubaix 1983), por poner algunos ejemplos. Sentar las bases para conseguir este objetivo fue el motivo de celebrar las jornadas sobre Archivos del Trabajo (Sevilla, 6-10 octubre 2008) promovidas por la Fundación de Estudios Sindicales de CCOO. Archivo Histórico de Andalucía y patrocinadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. A dichas jornadas asistieron archiveros, investigadores y representantes de las instituciones públicas, empresas públicas y privadas, sindicatos y patronal, que reflexionaron y debatieron conjuntamente sobre la importancia de este tipo de documentación de carácter industrial y comercial y que, al mismo tiempo, realizaron propuestas para permitir la conservación del patrimonio histórico del trabajo en Andalucía a través de sus documentos.

Si hacemos un breve recorrido por la legislación actual sobre el patrimonio documental en Andalucía referente al tema que tratamos, se desprende  que hay un interés por parte de las instituciones públicas, al menos expresado normativamente, por la defensa de los documentos de lo que hemos llamado "mundo del trabajo", aunque dicho interés aún no se haya materializado, puesto que no se ha concretado en el despliegue de políticas y acciones concretas, pero también a la vista de los escasos fondos documentales que se conservan tanto en los Archivos que integran el Sistema Andaluz de Archivos como en instituciones privadas de la propia Comunidad Autónoma.

La Ley 3/1984 de Archivos de Andalucía declara patrimonio documental Andaluz a los documentos conservados o no en Archivos (art. 4)  con una antigüedad superior a 40 años producidos o recibidos en el ejercicio de su función (letra b) por las asociaciones políticas y sindicales de Andalucía y (letra d) por asociaciones y sociedades radicadas en Andalucía. También a aquellos con una antigüedad de 100 años (art. 5) a los producidos o recibidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas. El anteproyecto de Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía (Boja 201/2009) deja abierta la posibilidad de declarar como tales a los documentos de personas jurídicas, cuando cuenten con más de 40 años de antigüedad (art.15.2) y establece la obligatoriedad de declarar la existencia de estos bienes por parte de los poseedores o titulares.

Por otra parte, la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su título VII sobre Patrimonio industrial (art. 65) define el patrimonio industrial como aquel integrado por el conjunto de bienes vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto son exponentes de la historia social, técnica y económica de esta comunidad.

Las dificultades para conservar la documentación a la que nos referimos son múltiples y podemos verlo en el caso de los fondos de las empresas privadas. En primer lugar, son escasas las empresas que consiguen mantener su actividad más allá de los 100 años, pero en los casos que así sucede es frecuente que en el transcurso de estos años hayan ido desprendiéndose de los documentos "antiguos" por falta de espacio, por desconocimiento de su valor histórico, etc. Otra dificultad para la conservación es la falta de protección y de ubicación física que suelen tener sus "archivos" en las empresas. En la mayoría de los casos se encuentran ubicados en sótanos que con los años, las inundaciones, etc. van haciendo un "expurgo natural", nada científico desde el punto de vista de la disciplina archivística, de la documentación, sino que constituye, de hecho, la destrucción total o parcial de ese patrimonio documental. La ausencia en ellos de profesionales de archivos -personal esencial para diferenciar un almacén de papeles de un archivo-  que traten la documentación, que realicen instrumentos de descripción, y por tanto,  con unos criterios de conservación y acceso a su consulta se añade a las deficiencias antes mencionadas.

Otro gran riesgo para la conservación de documentación de empresas se produce a la hora del cierre de las mismas. No existe un procedimiento establecido para controlar el destino final de la documentación de las empresas que por diversos motivos deciden o se ven obligadas a terminar su actividad. Con ello, y mas aún con la crisis financiera e industrial actual, se está perdiendo una importante información, pero sobre todo un patrimonio insustituible para "la historia social, técnica y económica de esta comunidad" que la ley de patrimonio de Andalucía quiere proteger.

Como es bien conocido los archivos siguen siendo todavía los parientes pobres dentro del ámbito cultural que le es propio a la Administración del Estado, y por ello carecen de espacio y personal para poder hacer frente a una sistemática recogida y organización de estos fondos que hemos venido refiriéndo. La falta de inversiones públicas para dotar de infraestructura y recursos suficientes a los archivos públicos  harán imposible esta tarea por lo que  consideramos que es hora de cambiar esta política cicatera si queremos conservar un patrimonio histórico que, más que ningún otro, es común a todos los ciudadanos andaluces.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la propuesta que, desde la Fundación de Estudios Sindicales de CCOO llevamos en su día a las Jornadas de Archivos del Trabajo fue la de crear una Comisión de vigilancia de los archivos del trabajo  funcional y de dimensiones adecuadas a su objeto, que se encargaría de velar especialmente por esta documentación y que podría estar compuesta con personal de los Archivos Históricos Provinciales, Archivos Locales, Archivos Privados, por ejemplo. Una Comisión encargada de proporcionar las herramientas necesarias a los archivos del mundo del trabajo para que recuperen, conserven y difundan sus fondos propios. Y que llevaría a cabo la realización de un Censo de los Archivos del tipo del que estamos hablando, además de ofrecer asesoramiento en cuanto a los aspectos relacionados con la clasificación, inventario, expurgo, etc. También, entre sus cometidos, estaría el de formar al personal para el tratamiento de la documentación. Llevaría a cabo, al mismo tiempo, campañas de sensibilización a las empresas, cooperativas, sindicatos, etc. con la finalidad de convencer de la necesidad de la conservación de sus archivos y de los servicios que presta la propia Comisión y las subvenciones y ayudas a las que pueden acogerse. Finalmente, velaría para que cuando desapareciesen empresas, sindicatos, cooperativas y otros tipos de entidades y organismos que se estimasen oportunos, sus fondos fuesen preservados a través del depósito en los Archivos Públicos de su zona mediante las formas jurídicas de acuerdo que se establecieran.

En el año transcurrido desde la celebración de las Jornadas de Archivos del Mundo del Trabajo, se ha firmado el convenio colectivo siderometalúrgico de la provincia de Sevilla (2009-2011) por las organizaciones de CCOO, UGT y la patronal, en el que, por primera vez, se ha introducido una cláusula adicional que compromete a las partes a promover ante las instancias públicas y privadas la salvaguarda del patrimonio industrial como parte de la cultura andaluza.

A partir de enero de 2010, se abrirán las comisiones paritarias de seguimiento de dicho convenio, una de ellas dedicada al patrimonio industrial. Esta, además de con los representantes de los sindicatos y de la patronal, contará con especialistas como asesores. Puede ser una buena oportunidad para iniciar a modo de prueba o de laboratorio lo que antes hemos definido como Comisión de vigilancia de los archivos del trabajo, asistiendo a ella técnicos del Archivo Histórico Provincial de Sevilla.
 

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