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Arch-e. Revista Andaluza de Archivos

Nº 2  20 enero 2010


2.6. Los archivos de las empresas públicas de la Junta de Andalucía

Manuel Simó Rodríguez20 enero 2010

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Manuel Simó Rodríguez
Archivero de EPSA


Resumen

A pesar de que, en el contexto de la Junta de Andalucía, su importancia y diversidad son crecientes, el Sector Público Empresarial Andaluz (SPEA) es un gran desconocido para la mayoría de los ciudadanos. Este desconocimiento se puede hacer extensivo a sus archivos, y la prueba está en la escasísima presencia de profesionales al frente de aquellos, y la casi inexistencia de esos fondos en los archivos intermedios e históricos del Sistema Andaluz de Archivos. En este artículo se pretende ofrecer una sucinta visión panorámica del estado del SPEA y de sus archivos, sus necesidades y carencias y, también, de sus grandes potencialidades.

Este artículo es un extracto de la ponencia presentada en las Jornadas sobre los archivos del mundo del trabajo, celebradas en Sevilla entre los días 11 y 12 de noviembre de 2008.


Abstract

Despite its increasing importance and diversity within the reality of the Government of Andalusia, the Public Business Sector of Andalusia (SEPA) is grossly unknown for the majority of its citizens, as is the existence of its archives, proven by the lack of professional staff in their management and the almost inexistent presence of this legacy in the intermediate and historical archives held by the Archival System of Andalusia. This article tries to offer a concise panoramic vision on the state of the SEPA and its archives, its needs and lack of resources, and, ultimately, its unlimited potential.

This article is an excerpt of the speech given at the Conferences on Labor Archives, held in Seville, 11-12 November, 2008.


Palabras clave: Archivos de la administración, Archivos de empresas, Historia de los archivos, Fondos de archivos


Keywords: Administration Archives, Business Archives, History of Archives, Archival Sources
 


1. Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía

Antes de entrar a analizar la situación de sus archivos, conviene fijar previamente una serie de conceptos que nos ayuden a enmarcar a las empresas públicas como entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.
 
El artº 50 de la LAJA (1) nos dice que estos entes instrumentales son "...entidades con personalidad jurídica propia, creadas, participadas mayoritariamente o controladas efectivamente por la Administración de la Junta de Andalucía... para realizar actividades cuyas características, por razones de eficacia, justifiquen su organización en régimen de autonomía de gestión".

Tenemos pues aquí, sumariamente recogidas, las principales características de esas entidades, que las hacen diferentes de otros organismos del sector público: personalidad jurídica diferenciada y patrimonio y tesorería propios. En la LAJA antes citada se las clasifica en:

A) AGENCIAS. Son entidades con personalidad jurídica pública dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de actividades en régimen de descentralización funcional. Son de tres tipos (2):

A1) Agencias Administrativas (AA). Son entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo. El personal a su servicio puede ser funcionario o laboral o, en su caso, estatutario.

A2) Agencias Públicas Empresariales (APE). Son entidades públicas a las que se les atribuye la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Se rigen por el Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de potestades administrativas que tengan atribuidas. El personal de estas agencias se rige por el Derecho Laboral.

A3) Agencias de Régimen Especial (ARE). Son entidades públicas a las que se les asignan funciones que impliquen ejercicio de autoridad y requieran especialidades en su régimen jurídico. Se rigen por el Derecho Privado excepto en el ejercicio de potestades administrativas que tengan atribuidas. Su personal se rige por el Derecho Laboral.


B) ENTIDADES INSTRUMENTALES PRIVADAS. Son entidades con personalidad jurídica privada y se dividen en (3):

B1) Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz. Son aquellas que tienen por objeto la realización de actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, actuando bajo el principio de libre competencia. No pueden ejercer potestades administrativas y su personal se rige por el Derecho Laboral.

B2) Fundaciones del Sector Público Andaluz. Son entidades sin ánimo de lucro que se rigen por la Ley de Fundaciones (4). Su personal está sometido al Derecho Laboral.


2. Sector Público Empresarial Andaluz (SPEA)   

Una vez esbozado el marco jurídico general diseñado por la LAJA, nos centraremos en lo que, "stricto sensu"  son las empresas públicas que conforman el llamado Sector Público Empresarial Andaluz (SPEA), es decir, en las antes mencionadas Agencias Públicas Empresariales y en las Sociedades Mercantiles.

Según el último informe de la IGAE (5), contando solamente estos dos tipos de entidades instrumentales, tenemos un conglomerado de 76 empresas en las que es mayoritario, directa o indirectamente, el capital público de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de unas empresas que mueven alrededor de 3.000 millones de euros al año y que emplean a cerca de 20.000 personas.

Sólo estos datos nos dan una idea de la importancia de su actividad en la economía andaluza y en las políticas de la Junta de Andalucía. Y todo ello, sin contar  aquellas empresas en las que la Administración andaluza participa minoritariamente.

En línea con su importancia económica, hemos de destacar también la diversidad de sectores que abarca el SPEA: ingeniería; actividades culturales y deportivas; telecomunicaciones; hostelería; energía; transportes; tecnologías de la información; logística; sanidad; etc., etc.

El régimen jurídico aplicable a estas empresas lo constituyen, además de la mencionada LAJA, la Ley de Hacienda Pública (6) y la Ley de Patrimonio (7), amén de sus propios estatutos, que son los que fijan el objeto social correspondiente.

Aunque, lógicamente, su estructura varía en función de su objeto social, tamaño y dispersión geográfica, podemos establecer un esquema básico que comparten todas estas empresas:

 

Organigrama



En el caso de las Sociedades Mercantiles, existirá una Junta General de Accionistas donde está representado todo el capital social de la empresa.

Sin ánimo de ser exhaustivos, y para hacernos una idea de la diversidad de sectores económicos que abarcan, haremos una breve relación de algunas de estas empresas:


PERSONALIDAD JURIDICA PUBLICA

  • Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
  • Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
  • Empresa Pública de Radio Televisión Andaluza (RTVA)
  • Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
  • Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)
  • Empresa Pública Hospital Costa del Sol (COSTASOL)
  • Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería (PONIENTE)
  • Empresa Pública Hospital del Alto Guadalquivir (ANDUJAR)
  • Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
  • Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (AIDEA)
  • Agencia Andaluza de la Energía
  • Etc.



PERSONALIDAD JURÍDICA PRIVADA (Participadas directamente)

  • Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)
  • Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (INTURJOVEN)
  • Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA)
  • Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. (EPDASA)
  • Empresa Pública de Turismo Andaluz, S.A. (TURASA)
  • Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A. (DAPSA)
  • Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
  • Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA)
  • Etc.



PERSONALIDAD JURÍDICA PRIVADA (Participadas indirectamente)
 

  • Sociedad Andaluza ara el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
  • Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía, S.A. (SODEAN)
  • Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
  • Centro de Tecnología de las Comunicaciones, S.A. (CETECOM)
  • Cetursa Sierra Nevada, S.A.
  • Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.A.
  • Sociedad Andaluza para el desarrollo de la Sociedad de la Información, S.A.
  • Ingeniería y Calidad del Sur, A.I.E.
  • Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.
  • Eurogate Servicios Logísticos, S.A.
  • Tecnoparque Bahía de Cádiz, S.L.U.
  • Santana Motor, S.A.
  • Cetecom Chile, S.A.
  • Sociedad para el Impulso del Talento, S.L.U. (TALENTIA)
  • Etc.


3. Los archivos de las empresas públicas de la Junta de Andalucía

Hasta aquí hemos hecho un breve recorrido sobre lo que significa, en peso y volumen, el SPEA. Ahora, nos toca analizar su presencia en el Sistema Andaluz de Archivos (SAA). Normativamente, esta presencia se plasma en el Decreto de funcionamiento de los archivos centrales de las consejerías, organismos autónomos y empresas de la Junta de Andalucía (8) y su coordinación con el Archivo General de Andalucía (9). No obstante, en la práctica, y salvo contadas excepciones, la mayoría de los archivos de estas empresas no reciben un tratamiento profesional adecuado ya que, en muchos casos, carecen del personal y las instalaciones mínimas para cumplir los estándares que exige la legislación autonómica. De este problema se deriva la casi inexistencia de fondos documentales de las empresas públicas andaluzas en los archivos del sistema (para el caso autonómico, el AGA y los Archivos Históricos Provinciales).

Si, en honor a la verdad, no podemos hablar aún de abandono de este patrimonio, sí podemos describir la situación como de descuido. Gran parte de estos entes instrumentales siguen viendo sus archivos como un problema, un estorbo, más allá de sus necesidades inmediatas. Algunos de ellos han optado por externalizar sus archivos en empresas especializadas en esta actividad. Otras le encargan su cuidado a personal no especializado. En ambos casos no se cumplen los principios que inspiran el SAA.

Tal vez hay que enmarcar esta situación en el desinterés social que han tenido históricamente, en España en general y en Andalucía en particular, los archivos del mundo económico y al que aquellos, aun siendo públicos, no se sustraerían (10).

En su reciente Informe sobre los Archivos de Empresas en España (11), José A. González Pedraza subraya que, si bien se ha avanzado últimamente en experiencias particulares, sigue sin existir una verdadera política nacional y autonómica (con la excepción de Cataluña) enfocada a la puesta en valor de los archivos empresariales, cualquiera que sea su titularidad. Y no nos referimos sólo al aspecto meramente patrimonial. La implantación de las normas de gestión de la calidad (Total Quality Management) a través de la familia ISO-9000 o de la gestión documental en las organizaciones (ISO-15489), debería haber supuesto un cambio radical en la concepción del archivo en las empresas y su imprescindible modernización.

Si echamos un vistazo a la Base de Datos del Censo de Archivos de Andalucía (CENSARA) (12), vemos que sólo aparecen: una empresa pública en Granada, cuatro en Málaga y diez en Sevilla, de ellas sólo cuatro con archiveros (AIDEA, EPSA, GIASA y RTVA). En cuanto a los fondos y colecciones del AGA, sólo EPSA y RTVA tienen fondos en este archivo, lo que quiere decir que ninguna otra empresa pública ha normalizado el flujo de transferencias que preceptúa el anteriormente citado Decreto 233/1989.

Igualmente, en los Archivos Históricos Provinciales, que habrían de recoger los fondos de la estructura periférica de estas empresas, tampoco existe constancia de ingreso alguno.


4. Fondos documentales de los archivos del SPEA

Aunque el panorama descrito anteriormente no parece muy optimista, creo que es interesante detenerse un poco a analizar el potencial informativo y cultural que tienen los archivos de las empresas públicas andaluzas.

Si tenemos en cuenta la debilidad relativa del tejido productivo privado en Andalucía, en comparación con otras zonas de España (13), la magnitud del entramado empresarial público se acrecienta. Por tanto, si queremos conocer en profundidad el mundo económico y socio-laboral andaluz, habremos de acudir a estas importantes fuentes de conocimiento.

Ya se ha mencionado antes la diversidad de sectores económicos que estas empresas abarcan. Por ello, su documentación técnica nos permitirá conocer ámbitos tan dispares como el de la producción de telecomunicaciones, la transformación urbanística del paisaje, la edificación de viviendas sociales, las inversiones e investigaciones en energías renovables, la producción de espectáculos culturales, el cuidado del medio ambiente o los avances en tecnologías de la información, por poner sólo unos ejemplos.

Su documentación económica nos ilustrará sobre una parte muy importante de la inversión que lleva a cabo la Comunidad Autónoma en la producción de bienes y servicios.

Y también es interesante la documentación relativa al personal y las relaciones laborales, dado el gran volumen de personas que emplea el SPEA.

Por último (last but not least), las actas de sus Consejos de Administración (o Consejos Rectores) nos aportan información de primera mano sobre toma de decisiones, políticas empresariales y líneas estratégicas. 


5. Conclusiones

Tras este breve recorrido panorámico sobre el estado actual de los archivos de las empresas públicas de la Junta de Andalucía, intentaremos esbozar una serie de conclusiones, a modo de llamada de atención sobre sus problemas y posibles soluciones.

1º) Es necesaria una acción contundente de la administración competente (en este caso, la Consejería de Cultura), para realizar una llamada de atención a las empresas públicas autonómicas, sobre la necesidad de atender a sus archivos con los parámetros que exige la legislación vigente en materia de archivos y patrimonio documental. Como paso previo, es fundamental un censado completo y sistemático de todos ellos.

2º) Es imprescindible que las empresas del SPEA tomen conciencia de la importancia social de sus archivos y, consiguientemente, inviertan los recursos suficientes en su organización y conservación.

3º) Es fundamental que estas organizaciones cuenten con archiveros profesionales en sus plantillas. Todo un nicho de mercado está sin cubrir y, a la luz de las tendencias que se aprecian en el sector empresarial hacia la gestión de documentos, parece necesario que las empresas públicas se incorporen a estos movimientos.

4º) La externalización de la gestión de archivos debe considerarse, en el SPEA, como algo coyuntural y circunstancial. Además de la lógica económica debe imperar también una responsabilidad social y corporativa que asuma como un deber público la conservación y custodia de esos fondos.

5º) La sociedad civil, en fin, a través de universidades, colegios profesionales, centros de investigación, etc. Debe ejercer una sana "presión" sobre los poderes públicos para que pongan al servicio de la comunidad la documentación generada por las empresas públicas que, aunque muchas de ellas se rigen por el Derecho Privado, se mantienen con fondos públicos. Sólo así conseguiremos que estos ricos archivos no caigan en el olvido y desaparezcan entre la incuria de unos y la indiferencia de otros.

 
Notas

(1)
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (en adelante LAJA) (BOJA núm. 215, de 31 de octubre de 2007).

(2) LAJA, art. 54 y ss.

(3) LAJA, art. 75 y ss.

(4) Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 117, de 17 de junio de 2005).

(5) Informe Económico-Financiero del Sector Público Empresarial  y Fundacional. Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 2006.

(6) Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de Andalucía (BOJA núm. 59, de 29 de julio de 1983).

(7) Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 40, de 9 de mayo de 1986).

(8) Decreto 233/1989, de 7 de noviembre, por el que se establece el funcionamiento de los archivos centrales de las Consejerías, Organismos Autónomos y Empresas de la Junta de Andalucía y su coordinación con el Archivo General de Andalucía. (BOJA núm. 94, de 24 de noviembre de 1989).

(9) Decreto 323/1987, de 23 de diciembre, por el que se crea el Archivo General de Andalucía (BOJA núm. 9, de 5 de febrero de 1987).

(10) Véase, Simó Rodríguez, Manuel. "Los Archivos de empresa en Andalucía". En TST: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones: Revista de Historia. Madrid, 2002. nº. 3-4, p. 238-253.

(11) Gónzalez Pedraza, José Andrés. Informe sobre los Archivos de Empresas en España. Consejo Internacional de Archivos, Sección de Archivos Económicos y del Trabajo (ICA/CIA SBL), 2008.

(12) Accesible en la página web: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/aga.

(13) Simó Rodríguez, Manuel, Op. Cit.

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