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NO al préstamo de pago en  las bibliotecas


Todos los bibliotecarios del país en contra del préstamo de pago en las Bibliotecas Públicas.

Desde la Biblioteca Provincial de Huelva hemos querido apoyar la campaña que muchos bibliotecarios de nuestro país han iniciado para llamar la atención sobre el peligro que puede suponer para nuestras instituciones culturales la Directiva Europea sobre copyright y propiedad intelectual. Dicha normativa ya se aplica en algunos países comunitarios en los que se viene cobrando por el alquiler y préstamo público de las obras de creación, pero deja abierta la posibilidad de que los Estados eximan del pago de derechos a ciertos establecimientos como es el caso de bibliotecas.
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En torno a la celebración del día del libro “empapelamos” la entrada de nuestro edificio con diversos manifiestos, folletos y recortes de prensa alertando a nuestros usuarios sobre este problema. Los interesados en conocer más sobre esta polémica pueden acudir a las siguientes direcciones de Internet:

En ese último enlace se encuentra el texto íntegro del Manifiesto a favor del préstamo público que distribuimos entre los usuarios que acudían a nuestro mostrador de préstamo. Este Manifiesto podía suscribirse también a través de Internet. En nuestra biblioteca recaudamos cerca de 800 firmas, pero en la totalidad del Estado español la campaña de recogida de firmas y que acompañaron el Manifiesto que se dirigió al Defensor del Pueblo, fueron cerca de 200.000.

Se ha elaborado también otro Manifiesto específicamente para autores, que ya han suscrito 858 autores. Entre ellos destacan: Josefina Aldecoa, Joaquín Almunia, Jesús Ferrero, José Luis Garci, Ian Gibson, Joan Manuel Gisbert, Pedro Guerra, Joaquín Leguina, Elvira Lindo, Antonio Mercero, Manuel Rivas, Fernando Savater y el Premio Nobel, José Saramago.

 Otra de las últimas acciones que se han emprendido ha sido la Carta enviada al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En resumen, la postura de los profesionales que trabajamos en bibliotecas es la siguiente:

  • Las bibliotecas españolas siguen arrojando cifras muy inferiores a las del resto de países europeos en los que se ha implementado una remuneración por préstamo. Su precaria dotación y la antigüedad de sus fondos son dos de los elementos que favorecen este bajo uso, el cual a su vez, permite afirmar que el préstamo realizado por el sistema bibliotecario español no colisiona ni erosiona la explotación normal de las obras.
  • España sigue siendo un país con una población lectora pobre, con un tanto por ciento elevado de personas que reconocen que no leen. Dentro de los que son considerados población lectora, son muy pocos los que utilizan las bibliotecas públicas.
  • Debe tenerse muy en cuenta los beneficios que actualmente ya extraen los titulares de los derechos de autor del trabajo que llevan a cabo las bibliotecas públicas en favor del libro y el fomento de la lectura.

Venimos solicitando a los máximos responsables del Gobierno que tengan en cuenta todos estos elementos a la hora de defender la exención a la mencionada Directiva Comunitaria. Mientras las bibliotecas públicas españolas se encuentren a la cola del resto de países de la UE (como lo demuestran las estadísticas sobre dotaciones y uso) no quedará justificado un cambio en dicho límite.

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