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Con la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, la Comunidad Autónoma de Andalucía fue pionera en el Estado de las Autonomías en regular con una norma específica su patrimonio documental y sus archivos.

Desde entonces, la Ley ha sido modificada en tres ocasiones: por la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía; por la Ley 3/1999, de 28 de abril, de modificación de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos; y, finalmente, por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Su desarrollo reglamentario se ha llevado a cabo a través de un primer reglamento, el Decreto 73/1994, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización del Sistema Andaluz de Archivos, y posteriormente mediante Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el vigente Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos.

El amplio periodo de vigencia de la Ley 3/1984 ha permitido, entre otras cuestiones, la multiplicación del número de los archivos creados o gestionados por la Administración autonómica. Asimismo, la articulación del Sistema Archivístico de Andalucía ha posibilitado que se hayan llevado a la práctica políticas archivísticas concretas en el ámbito andaluz, como ha sido la creación de la Comisión Andaluza Calificadora de Documentos Administrativos, denominada actualmente Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos; el Plan para la elaboración del Censo de Archivos Andaluces y de Fondos y Colecciones del Patrimonio Documental Andaluz; o las líneas de ayudas a los archivos de las entidades locales de la Comunidad Autónoma y a los archivos privados de uso público.

Superado el entorno en el que surgió la Ley 3/1984, de 9 de enero, y culminada la primera década del siglo XXI se ha redactado la nueva Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, siendo los ejes fundamentales sobre los que gira el articulado de esta nueva Ley y sus líneas inspiradoras: la protección, custodia y difusión de los documentos de titularidad pública y del Patrimonio Documental de Andalucía, la organización del servicio público de los archivos y la consideración de la gestión documental como el conjunto de funciones y procesos reglados archivísticos que, aplicados con carácter transversal a lo largo de la vida de los documentos, garantizan el acceso y uso de los documentos de titularidad pública y la correcta configuración del Patrimonio Documental de Andalucía.

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