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La Economía colaborativa, un reto para la competencia

Publicado por competencia 8 Mayo 2015 - 1:18pm

En el recientemente finalizado XX Seminario “Análisis económico de la política de competencia” organizado por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en colaboración la Universidad de Sevilla, se abordó en la última jornada un asunto de actualidad que está siendo objeto de especial atención por las autoridades reguladoras de la competencia. Bajo el título “Economía colaborativa y política de competencia”, se analizaron las implicaciones de este nuevo sistema económico y el enfoque que actualmente está recibiendo por parte de los poderes públicos.

Intervinieron técnicos del Ministerio de Economía, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de Sharing España, una asociación de empresas enmarcadas en este nuevo sistema de economía colaborativa, también conocido como consumo colaborativo o “sharing economy”.

Brevemente, nos parece interesante primero realizar un esbozo de esta nueva fórmula de relación o intercambio económico que para muchos está constituyendo todo un cambio cultural y económico en los hábitos de consumo.

La economía colaborativa es un concepto poliédrico que englobaría un conjunto de nuevas fórmulas de organización del mercado de intercambio de bienes y servicios, que tendrían como catalizador el auge de internet, de las redes sociales, de la tecnología móvil y la existencia de regulaciones económicas ineficientes que encontrarían en estas nuevas plataformas de intercambio una nueva dimensión de desarrollo. 

Estos medios de comunicación interpersonal generarían nuevas formas de compartir, intercambiar, prestar o de alquilar bienes y servicios que por diversos motivos se encontrarían infrautilizados y  cuya implementación podría llevar a una más eficiente gestión de los recursos económicos.

Hablamos de sistemas que permiten compartir medios de transporte, plazas de garaje desocupadas, alojamientos para estancias turísticas… cuyas plataformas comienzan a alcanzar cierta notoriedad en los medios: Uber, Blablacar, AirBnB, Zipcar, Parclick, CoworkingSpain y tantos otros, servicios con un enorme margen de crecimiento y cuyo potencial económico, aunque todavía modesto en términos generales, podría llegar a alcanzar en pocos años a nivel mundial un volumen de actividad de unos 110.000 millones de dólares según estimaciones recientes realizadas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Regulación y competencia

La novedad de este interesante fenómeno y la enorme rapidez de su expansión suponen un auténtico reto para los poderes públicos, a menudo sujetos a sistemas regulatorios que quedan desbordados por estas nuevas fórmulas de relación comercial y cuya capacidad de adaptación es a menudo lenta.

Las Instituciones comunitarias, nacionales e incluso regionales empiezan a analizar seriamente las implicaciones económicas, jurídicas y políticas de la economía colaborativa, obligadas en muchos casos por el surgimiento de importantes conflictos de intereses entre viejos y nuevos actores económicos de mercados especialmente activos en actividades de consumo colaborativo (alojamientos turísticos, transporte…) y por la acumulación de expedientes judiciales y administrativos que cuestionan la necesidad o proporcionalidad de una regulación tradicional que parece no dar cabida a estas novedosas fórmulas de intercambio de bienes y servicios.

La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España acaba de cerrar una consulta pública que ha recibido cientos de aportaciones y de la que se extraerán interesantes conclusiones que permitirán al regulador tener una mejor perspectiva de los diversos intereses en juego.

En cualquier caso, un regulador de competencia a priori acoge favorablemente aquellas iniciativas que supongan un avance en la gestión eficiente de los recursos económicos y que amplíen los márgenes de la competencia  aumentando el número de oferentes dentro de un mercado determinado, circunstancia que redundará en principio en una mayor oferta de bienes y servicios, con las implicaciones positivas en precios y calidad que ello conlleva.

Para que esos objetivos se consigan, es esencial analizar si la regulación existente es la más adecuada para abordar este fenómeno económico y si es posible eliminar las posibles trabas o barreras injustificadas que puedan impedir su desarrollo. Habrá que estudiar su necesidad, su proporcionalidad y si esa normativa produce efectos discriminatorios. Será necesario encontrar su justificación en un eventual fallo del mercado o en razones imperiosas de interés general, y valorar si son posibles fórmulas alternativas que sustituyan a normas antiguas y poco eficientes que todavía regulan determinados mercados en los que no de forma casual, más están penetrando estas nuevas modalidades de relación económica.

Un fenómeno que ha venido para quedarse

En definitiva, estamos ante un fascinante reto legislativo y a las puertas de lo que tal vez sea un nuevo sistema económico que cambie los hábitos de consumo de los países desarrollados.

Para algunos será sin duda un espacio de oportunidades que redundará en nuevas vías para el emprendimiento, ayudará a muchas personas obtener una renta adicional con sus bienes infrautilizados, permitirá el acceso a determinados bienes y servicios a sectores sociales con mayores dificultades económicas, aportará notables beneficios al consumidor en forma de precios e información, y animará la actividad económica general en un periodo especialmente difícil de la economía global.

Para otros será un campo abonado para la economía sumergida, un riesgo para los actuales sistemas fiscales y de relación laboral en los que se basa nuestro estado del bienestar o incluso un ámbito que, bajo una apariencia democrática y abierta a todos, acabará siendo ocupado por los grandes poderes económicos multinacionales.

Sea cual sea su desarrollo, el papel del regulador de competencia será tomar una posición proactiva y vigilante, garantizando el funcionamiento competitivo de los mercados, fomentando la mejora de este funcionamiento, evitando discriminaciones y trabas innecesarias y dando la bienvenida a aquellas nuevas fórmulas de intercambio económico que supongan beneficios reales para el conjunto de la sociedad.