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¿Qué es defensa de la competencia?

Defender la competencia significa trabajar para preservar el funcionamiento competitivo del mercado, fomentar la mejora de este funcionamiento y procurar que sus beneficios lleguen al conjunto de la sociedad.

Según la exposición de motivos de la Ley de Defensa de la Competencia:

El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de la planificación. La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad.

En este contexto, existe un acuerdo generalizado con respecto a la creciente importancia de la defensa de la competencia, que se ha consolidado como uno de los elementos principales de la política económica en la actualidad. Dentro de las políticas de oferta, la defensa de la competencia complementa a otras actuaciones de regulación de la actividad económica y es un instrumento de primer orden para promover la productividad de los factores y la competitividad general de la economía.

Por ello, resulta preciso disponer de un sistema que, sin intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales, permita contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen funcionamiento de los procesos del mercado.

EN PARTICULAR, LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA SE ENCARGA DE VELAR POR LA EXISTENCIA DE UNA COMPETENCIA EFECTIVA EN LOS MERCADOS ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Así, La ADCA tiene como una de sus objetivos prioritarios disuadir a los operadores económicos de la realización de las conductas prohibidas en la legislación de defensa de la competencia que pudieran obstaculizar el funcionamiento competitivo de los mercados.

Cuando la competencia en los mercados es efectiva, se asignan los recursos productivos a favor de los operadores o de las técnicas más eficientes y, por tanto, se incentiva la innovación y se fomenta la productividad.

Que un mercado funcione de forma competitiva significa que las decisiones de los operadores económicos se deben únicamente al adecuado funcionamiento del mercado y que las decisiones de los consumidores les permite obtener lo que más se adapta a sus necesidades o preferencias con más calidad y al mejor precio.

Esta mejora de eficiencia productiva redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto, y en especial de consumidores y empresas.

Los consumidores son los principales beneficiados de un mercado competitivo pues cuando mejora la eficiencia productiva se produce una reducción de los precios o un aumento de la variedad y calidad de los productos ofertados.

Las empresas también se benefician de los mercados competitivos pues éstos proporcionan el marco idóneo para el estímulo de la capacidad emprendedora y el incentivo necesario para que las empresas innoven, mejoren su organización o sus estructuras de costes y aumenten su productividad.

En España el funcionamiento de estos órganos se estructura y coordina en una red integrada por el Estado y aquellas Comunidades Autónomas que han asumido en sus Estatutos de Autonomía las competencias en esta materia.

En el ámbito estatal estas funciones corresponden a la Comisión Nacional de la Competencia, quien se coordina para el desempeño de las mismas:

  • Con el resto de los órganos equivalentes de los países miembros de la Unión Europea y con la propia Comisión Europea.
  • Con los órganos autonómicos de defensa de la competencia.

En el ámbito autonómico, las Comunidades Autónomas que han asumido estas competencias en su ámbito territorial han constituido sus propios órganos de defensa de la competencia. En Andalucía se ha creado mediante la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, organismo autónomo encargado del ejercicio de estas competencias en el ámbito autonómico andaluz.