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Sanciones

Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones:

  1. Las infracciones leves con multa de hasta el 1 por ciento del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.
  2. Las infracciones graves con multa de hasta el 5 por ciento del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.
  3. Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 por ciento del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas se determinará tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros.

Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión. Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de los órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto.

En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, las infracciones tipificadas en la presente Ley serán sancionadas en los términos siguientes:

  1. Las infracciones leves con multa de 100.000 a 500.000 euros.
  2. Las infracciones graves con multa de 500.001 a 10 millones de euros.
  3. Las infracciones muy graves con multa de más de 10 millones de euros.

Criterios para la determinación del importe de las sanciones.

  1. La dimensión y características del mercado afectado por la infracción.
  2. La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables.
  3. El alcance de la infracción.
  4. La duración de la infracción.
  5. El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos.
  6. Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción.
  7. Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada una de las empresas responsables.

Para fijar el importe de las sanciones se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias agravantes:

  1. La comisión repetida de infracciones tipificadas en la presente Ley.
  2. La posición de responsable o instigador de la infracción.
  3. La adopción de medidas para imponer o garantizar el cumplimiento de las conductas ilícitas.
  4. La falta de colaboración u obstrucción de la labor inspectora, sin perjuicio de la posible consideración como infracción independiente según lo previsto en el artículo 62.

Para fijar el importe de la sanción se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias atenuantes:

  1. La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción.
  2. La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas.
  3. La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado.
  4. La colaboración activa y efectiva con la Comisión Nacional de la Competencia llevada a cabo fuera de los supuestos de exención y de reducción del importe de la multa regulados en los artículos 65 y 66 de esta Ley.

OTRAS OBLIGACIONES

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.2 de a LDC, las Resoluciones del Consejo pueden contener, además de la imposición de multas o el archivo de actuaciones, las siguientes disposiciones:

  • La orden de cesación de las conductas prohibidas en un plazo determinado.
  • La imposición de condiciones u obligaciones determinadas, ya sean estructurales o de comportamiento. Las condiciones estructurales sólo podrán imponerse en ausencia de otras de comportamiento de eficacia equivalente o cuando, a pesar de existir condiciones de comportamiento, éstas resulten más gravosas para la empresa en cuestión que una condición estructural.
  • La orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés público.

Las sanciones impuestas en aplicación de la LDC, su cuantía, el nombre de los sujetos infractores y la infracción cometida son públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 LDC.

VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES

Las Autoridades de Competencia tienen entre sus cometidos la labor de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Defensa de la Competencia. Ha de vigilar, además, el cumplimiento de las resoluciones y acuerdos que se adopten, tanto en materia de conductas restrictivas como de medidas cautelares.

Una vez que la resolución o acuerdo sean ejecutivos, el Departamento de Investigación llevará a cabo todas las actuaciones precisas para vigilar su cumplimiento. El incumplimiento de obligaciones puede suponer la imposición de multas coercitivas así