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Decreto sobre declaraciones responsables

Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la aplicación de la declaración responsable para determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y en el proyecto «Emprende en 3».

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, que fue aprobada por unanimidad del Parlamento de Andalucía, surgió como continuidad de las numerosas iniciativas llevadas a cabo por España y por las CCAA, entre ellas Andalucía, en materia de mejora de la regulación.

Entre las diversas medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas adoptadas en dicha Ley 3/2014, a los efectos que nos ocupa es decir la aprobación del Decreto 1/2016, de 12 de enero, merece destacar:

  • La inexigibilidad de licencias para determinadas actividades económicas de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, derivada de la modificación de la misma por el artículo 13 de la mencionada Ley 3/2014, tal y como se señala a continuación:
  • La posibilidad de efectuar la calificación ambiental de determinadas actuaciones relacionadas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental mediante la presentación de una declaración responsable, derivada de la modificación introducida por el artículo 7 apartado TRES de la Ley 3/2014. (Ver BOJA número 198 de 9 de octubre de 2014.

Estas modificaciones normativas vienen a establecer en Andalucía el marco legal para la sustitución de la licencia municipal previa por una declaración responsable. Es importante destacar, que la sustitución de la licencia por el mecanismo de la declaración responsable no supone menoscabo alguno de las garantías en la prestación del servicio hacia los consumidores ni de las obligaciones de cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa sectorial autonómica o municipal aplicable, es decir medioambientales o de ordenación del territorio y urbanismo, sino que simplemente el control de la Administración pasará a realizarse a posteriori.

¿QUÉ APORTA EL DECRETO?

Solventar cualquier tipo de duda en la aplicación práctica del mecanismo de declaración responsable y conseguir, de este modo, una interpretación y aplicación homogénea.

En este sentido, era necesario regular reglamentariamente mediante el Decreto la aplicación del mecanismo de declaración responsable en las que el procedimiento de Calificación Ambiental se puede llevar a cabo mediante Declaración Responsable; fundamentalmente por dos aspectos:

a) En el procedimiento de calificación ambiental previsto en el artículo 44.4. de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA) de Andalucía se establece que, cuando el inicio de la actividad esté sujeto a presentación de declaración responsable, reglamentariamente se determinará en qué supuestos la evaluación de los efectos ambientales de la actividad podrá efectuarse también mediante declaración responsable. Al no haberse producido dicho desarrollo reglamentario, en determinados municipios surgían dudas a la hora de interpretar la aplicación de un precepto sin desarrollo reglamentario.

b)    A este respecto, señalar que se han recibido numerosas consultas en esta Agencia procedentes de técnicos de Ayuntamientos de municipios andaluces sobre la documentación que era necesaria para cubrir el trámite y el modelo de declaración responsable. Ello en algunos casos impedía o dificultaba a los operadores económicos la presentación de una declaración responsable al no estar determinado que documentación era necesaria para el inicio de la actividad económica.

Por ello el Decreto regula:

  • La documentación con la que debe contar el empresario para presentar dicha declaración responsable, que será la siguiente: 
    • Proyecto Técnico suscrito por técnico competente, cuando así lo exija la legislación urbanística, que deberá incluir, a los efectos ambientales según el artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre.
    • Certificación de personal técnico competente, en el supuesto en el que la legislación exija la suscripción de Proyecto técnico, acreditando que la actuación se ha llevado a cabo en cumplimiento estricto de las medidas de corrección medioambiental incluidas en el análisis ambiental.
    • Documento de valoración de impacto en la salud, en caso de que la actuación esté incluida en el Anexo I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como «CA-DR».
  • La forma en que los emprendedores y empresas pueden presentar su declaración, y que se resume de la siguiente forma:
    • Mediante los modelos específicos de declaración responsable que establezca en el ejercicio de su autonomía local los municipios. Se estima que el 60% de los municipios andaluces han adoptado el modelo tipo de declaración responsable de la FAMPEn este sentido, el porcentaje de municipios que necesitarían un apoyo o asesoramiento en cuanto a la adaptación de su normativa al modelo que recogería los cambios aportados por el Decreto 1/2016, de 11 de enero, sería de un 40% aproximadamente.
    • Para aquellos municipios que se han adherido a la Plataforma “Emprende en 3”, mediante el modelo que se encuentra operativo en la citada plataforma.
  • Asimismo, señalar que la presentación de la declaración responsable en los supuestos de actuaciones comprendidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, como sujetas a calificación ambiental mediante declaración responsable (CA-DR), con los efectos que lleva aparejados (esto es la habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad de que se trate), no queda sometida al procedimiento de calificación ambiental regulado en el Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. Es decir, no le resulta de aplicación los trámites del procedimiento de calificación ambiental previstos en el Reglamento de Calificación Ambiental, como por ejemplo el período de información pública, el plazo de presentación de alegaciones de los interesados, la propuesta de resolución, etc… trámites pensados para el régimen de autorización. 
  • Por otra parte, en el Reglamento de Disciplina Urbanística no se contemplan los efectos ante terceros de una declaración responsable. De manera que podíamos encontrar el caso en el que para iniciar la actividad el Ayuntamiento no exigía licencia pero para contratar servicios públicos como luz o agua, las empresas suministradoras sí exigían licencias, esto suponía un inconveniente que tenía que ser subsanado. A tal efecto, la norma previene que el documento de la declaración responsable debidamente presentado ante la Administración competente surtirá los mismos efectos frente a la Administración competente y frente a las empresas suministradoras de servicios públicos que la licencia a la que sustituye. 

¿Qué efectos tiene el Decreto?

Por lo que respecta a los efectos más destacados para las empresas de las medidas que se han adoptado con estos procesos de simplificación; se pueden estimar en ahorros de tiempo y dinero:

  • En relación al ahorro en tiempo, la sustitución del trámite de calificación ambiental por una declaración responsable del operador económico, supone un ahorro de unos 6 meses de media para iniciar la actividad. 
  • A nivel económico, el ahorro unitario, se estima entre 140 y 100 euros en función de si los tramites se efectúan presencial o telemáticamente.

En relación a las actividades que se verán más beneficiadas, cabe señalar que el Decreto incide especialmente en el ámbito municipal que es donde tienen fundamentalmente que presentar la documentación administrativa las PYMEs. 

Así, el trámite de calificación ambiental se sustituirá por la presentación de declaraciones responsables en aquellas actividades económicas que tengan un impacto reducido en el medio ambiente. Un total de 36 categorías de actividades económicas podrán beneficiarse de este mecanismo de intervención administrativa y cuya relación se recoge en el Anexo III de la ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.  A un nivel ilustrativo, las actividades serian las siguientes:

TALLERES:

  • Imprentas, artes gráficas y edición de prensa.
  • Género de punto y textiles, y labores artesanales, con una superficie construida total inferior a 750 m².
  • Carpintería metálica y cerrajería, siempre que la superficie construida total sea menor o igual a 300 m².
  • Reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general siempre que la superficie construida total sea inferior a 250 m².
  • Lavado de vehículos a motor, siempre que la superficie construida total sea menor o igual a 300 m².
  • Reparaciones eléctricas, con una superficie construida total menor o igual de 300 m².
  • Carpintería de madera, siempre que la superficie construida total sea menor o igual a 300 m².
  • Orfebrería de superficie construida total menor de 750 m²

COMERCIO AL POR MENOR:

  • Panaderías u obradores de confitería y pastelería. Comercios al por menor en tiendas o despachos de estos productos con una superficie construida total menor de 750 m 
  • Establecimientos de venta de animales.
  • Almacenamiento y venta de artículos de droguería o perfumería al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
  • Almacenes o venta de congelados al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
  • Almacenes o ventas de frutas o verduras al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
  • Almacén y/o venta de abonos y piensos al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
  • Almacén o venta de carne al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
  • Almacén o venta de pescado al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
  • Plaguicidas al por menor de superficie construida total inferior a 300 m².

COMERCIO AL POR MAYOR:

  • Plaguicidas al por mayor de superficie construida total menor a 300 m².
  • Limpieza y lavado de aceituna, así como los puestos de compra de aceituna al por mayor.

INSTALACIONES:

  • Envasado de materiales minerales y mezcla de materiales sin transformación química.
  • Triturado, aserrado, tallado y pulido de la piedra.
  • Envasado de productos cosméticos, farmacéuticos, fertilizantes, pinturas, barnices, detergentes, y mezcla de materiales sin transformación química de los mismos.
  • Tratamiento para potabilización de aguas para poblaciones de menos de 2.000 habitantes.
  • Tratamiento y transformación de materias primas animales (que no sea leche), vegetales, de menos de 300 m² de superficie construida total.
  • Hortofrutícolas de menos de 300 m² de superficie construida total.
  • Tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos de menos de 300 m².
  • Instalaciones para el compostaje agrario de residuos biodegradables, procedentes de actividades agrarias, realizado en la propia explotación agraria y destinados al autoconsumo.
  • Almacenamiento de chatarra, y de vehículos desechados e instalaciones de desguace y descontaminación que se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial.

OTRAS ACTIVIDADES:

  • Construcción de establecimientos comerciales así definidos de acuerdo con la normativa vigente en materia de comercio interior, así como los comercios al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados. Cuando la superficie construida total de su sala de ventas sea inferior de 750 m².
  • Construcción de caminos rurales de nuevo trazado que transcurran por terrenos con una pendiente inferior al 40% a lo largo del 20% o más de su trazado y no superen los 100 m de longitud. Así como los caminos rurales forestales de servicio con una longitud inferior a 1.000 m.
  • Fabricación de vinos y licores de más de 300 m² de superficie construida total.
  • Doma de animales y picaderos.
  • Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado con una superficie construida total mayor o igual de 750 m².).
  • Construcción de infraestructuras de telecomunicaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, que ocupen una superficie construida total menor de 300 metros cuadrados, y que no tengan impacto en el patrimonio histórico artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
  • Aparcamientos de uso público no metropolitanos.
  • Gimnasios, con una capacidad inferior a 150 personas o con una superficie construida total inferior o igual a 500 m².