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Guía para la mejora de la regulación económica y formularios

La Agencia lleva a cabo un sistema de evaluación de normas con rango de ley y de disposiciones reglamentarias, tal y como viene recogido en la Ley de de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y en los propios Estatutos del organismo que reconocen al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia y de la Secretaría General, la facultad de informar:

  • Con carácter preceptivo, los proyectos normativos con rango de ley y de reglamento de la Administración de la Junta de Andalucía que incidan en la competencia efectiva en los mercados, en la unidad de mercado o en las actividades económicas, principalmente, cuando afecten a los operadores económicos o al empleo, con el objetivo de proteger los intereses generales, en especial de las personas consumidoras y usuarias, y para favorecer el desarrollo socioeconómico de Andalucía.
     
  • Con carácter facultativo, las propuestas normativas remitidas por las entidades locales del ámbito territorial de Andalucía.

Para asistir a los Centros Directivos en el cumplimiento de este trámite, en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas, se aprobaron unos Anexos y posteriormente unos formularios en los que se desarrollan los criterios por los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y principios de buena regulación.

Sobre la base de estos formularios, se ha elaborado la Guía para la mejora de la regulación económica en Andalucía como una herramienta que ayuda a identificar cuándo las propuestas normativas autonómicas o locales tienen efectos  sobre la competencia efectiva, la unidad de mercado y las actividades económicas y, en consecuencia, facilita a los órganos proponentes su tarea de mejorar la regulación económica.