TwitterFacebookGoogle pluslogo-Youtube-31x31.png

Principios de la buena regulación económica

Uno de los fines de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía es contribuir a  mejorar la regulación económica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.

Los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas que inciden en las actividades económicas, actuarán de acuerdo con los llamados “principios de buena regulación”. 

Resulta especialmente importante que la iniciativa normativa de los poderes públicos se adecue a los principios de buena regulación, debiendo quedar ello reflejado en la parte expositiva de la norma, tal y como viene exigido en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas".

A continuación se ofrecen unas pautas para facilitar el análisis de la propuesta normativa sobre la base de los principios de la buena regulación económica:

a) Necesidad: ¿La norma se justifica en base a una razón de interés general o responde a un fallo de mercado? ¿Cuáles son los objetivos y finalidades perseguidos?

b) Proporcionalidad: ¿El objetivo que se persigue podría quedar igualmente salvaguardado con medidas o instrumentos menos restrictivos? ¿Constituye la norma la mejor alternativa? ¿Es, además, la menos restrictiva de entre las que podrían satisfacer la finalidad pretendida?

c) Eficacia: ¿ Se trata de una medida congruente y adecuada para hacer frente al fallo de mercado o para alcanzar el objetivo de interés general?¿Cómo contribuye a la consecución de la finalidad perseguida? (relación decausalidad).

d) Eficiencia: Una vez calibrados los intereses afectados, ¿supera los beneficios de la medida a sus costes? ¿Existe un equilibrio razonable entre la ventaja que la medida comporta para la finalidad perseguida y la eventual restricción que origina?

e) Transparencia: ¿Los objetivos de la normase definen claramente? ¿Estos fines se justifican en el preámbulo o en la exposición de motivos? ¿Los documentos propios de su proceso de elaboración son públicos?

f) Seguridad jurídica y simplicidad: ¿El nuevo marco normativo será estable y predecible, con certidumbre para ciudadanos y empresas? ¿Se creará un marco normativo sencillo, claro y poco disperso? ¿La iniciativa normativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la UE?

g) Accesibilidad: ¿Se establecen mecanismos de consulta y de participación activa de los potenciales destinatarios?