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El Parlamento convalida el Decreto-Ley de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Infantil

 Escuelas Infantiles

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha mostrado su satisfacción al convalidar el Parlamento el Decreto-Ley de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer Ciclo de Educación Infantil en Andalucía, por la garantía que supone para las familias y el programa de ayudas para las más desfavorecidas.

Además de aumentar el número de centros y plazas ofertadas, a partir de ahora cualquier centro público o privado autorizado podrá adherirse al 'Programa de Ayuda a las familias' en el mes de enero. Según los primeros datos, la red de centros del próximo curso 2017/18 estará formada por un total de 1.900 centros y Escuelas infantiles, que ofertarán para el Primer Ciclo de Educación Infantil (menores de tres años) un total de 113.019 plazas, 15.016 más que en este curso.

Del total de centros adheridos, 300 de titularidad municipal o privada ofertarán plazas por primera vez  a través del sistema público.  De esta manera, más familias podrán optar a una plaza en las escuelas infantiles bajo las condiciones establecidas por la Junta, lo que es una garantía de acceso en igualdad de oportunidades a este servicio socioeducativo.

La incorporación de estos nuevos centros a la red permitirá que en 11 localidades que hasta ahora solo tenían oferta privada, el próximo curso  se puedan ofrecer ayudas públicas a las familias.

Otra de las novedades es que se mejora la progresividad de las ayudas que se otorgan, pasando de cuatro tramos correspondientes al 100%, 75%, 50% o 25% del precio a nueve, del 100%, 80%, 70%, 60% y así sucesivamente hasta el 10%. El objetivo es adaptarse a las condiciones socioeconómicas actuales de las familias y llegar a aquellas con mayores necesidades. De esta manera, las familias más desfavorecidas pueden obtener una ayuda por el 100% del coste, lo que les supondría un ahorro máximo de 3.067,68 euros al año.

Todas  las familias andaluzas con más de tres hijos matriculados en el Primer Ciclo de Educación Infantil; las víctimas de violencia de género o terrorismo; cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores; familias en riesgo de exclusión y aquellas cuya renta per cápita sea inferior al 0,5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), o del 0,75 en caso de familias monoparentales tienen garantizada la gratuidad.

Modelo transparente y abierto
Asimismo, las ayudas seguirán recibiéndose en los centros, y las familias abonarán solo la diferencia con el precio establecido. Los centros, que actuarán como entidades colaboradoras de la administración, firmarán a partir de mañana un convenio con la Consejería de Educación que recogerá las condiciones y obligaciones que asumen. Además, recibirán una compensación económica por la gestión.

El precio máximo por plaza permanece en 278,88 euros -para un servicio de ocho horas y comedor- y sólo se podrá adoptar un precio hasta un 15% más bajo en el caso del servicio de atención socioeducativa.

Por otro lado, los requisitos y criterios de admisión seguirán siendo los mismos, es decir, podrán solicitar plaza los representantes legales de niños y niñas cuya edad esté comprendida entre las dieciséis semanas y los tres años. Asimismo, se podrá solicitar  plaza escolar para niños y niñas en fase de gestación cuando su nacimiento esté previsto que tenga lugar con dieciséis semanas de antelación al comienzo del curso. 

Como novedad, aquellas familias que no hubieran podido solicitar la ayuda en la convocatoria ordinaria, podrán solicitarla a través de otras convocatorias extraordinarias, tal y como recoge el Decreto.

Por otra parte, la titular de Educación ha explicado que era “necesario y urgente” articular un modelo adaptado al nuevo contexto normativo y mejorar el procedimiento administrativo, siguiendo las recomendaciones de final de 2016, tanto de la Intervención General como de la Cámara de Cuentas, para abrir la participación de todos los centros y ofrecer más plazas a las familias con las mayores garantías jurídicas. 

Igualmente, De la Calle ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma que más fondos destina a este servicio socioeducativo, con 175,4 millones de euros al año, un 3,7%  más que el año pasado.

 

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