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Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes

Registro de Asociaciones Empresariales y Sindicales

 

En el presente apartado, se pretende resolver las preguntas y las dudas más frecuentes en materia de registro de sindicatos y asociaciones empresariales ofreciendo extractos de jurisprudencia que han dado respuesta a las cuestiones más polémicas.

 

 

Preguntas y respuestas

FAQ

1. ¿Pueden los autónomos formar o integrarse en una asociación empresarial?

 

2. ¿A qué normativa se tendrá que acoger quien desee formar una asociación profesional de trabajadores autónomos?

 

3. ¿Con la entrada en vigor de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo, qué tramites tendrán que realizar las asociaciones profesionales que tienen depositados sus estatutos en el CARL?

 

4. ¿Qué diferencias existen entre las asociaciones empresariales y las asociaciones profesionales?

 

5. ¿La denominación de los sindicatos o asociaciones empresariales puede inducir confusión con otras ya registradas?

 

6. ¿Las siglas para denominar a los sindicatos o las asociaciones tienen que ser distintas a otras registradas previamente?

 

7. ¿La utilización del nombre de un sindicato ya registrado por parte de otro puede considerarse que es una vulneración del derecho a la libertad sindical consagrado en el art. 28.1 CE?

 

8. ¿Qué finalidad tiene la denominación del sindicato o de la asociación empresarial?

 

9. ¿Qué facultad atribuye la legislación que resulte aplicable en cada caso a los funcionarios encargados de llevar el registro de sindicatos y asociaciones empresariales?

 

10. ¿Está obligada la oficina de registro a comunicar a los firmantes, promotores u órganos competentes de los sindicatos o de las asociaciones empresariales la existencia de defectos en los estatutos o en las modificaciones estatutarias que se presenten para su depósito? ¿Cuáles son los límites a la actuación registral?

 

11. ¿Pueden los estatutos de una asociación o sindicato establecer el derecho de la Junta Directiva a una compensación retributiva?

 

12. ¿Puede considerarse como una violación del funcionamiento democrático de una entidad el hecho de que sus estatutos sancionen las conductas o comportamientos contrarios a los fines de la entidad?

 

13. ¿Qué función cumple el depósito de los estatutos y su registro en la Oficina Pública competente?

 

14. ¿Los estatutos de los sindicatos o de las asociaciones empresariales pueden ser impugnados por la autoridad laboral –órganos encargados del registro- ante los Tribunales competentes del orden social?

 

15. ¿Se pueden tramitar las modificaciones estatutarias tomadas por un órgano que no tiene competencias para adoptarlas? ¿Se le podrá dar curso a las modificaciones estatutarias realizadas sin cumplirse las formalidades previstas en los estatutos?

 

16. ¿Se puede inscribir una organización en el Registro de Asociaciones del CARL aportando sólo los estatutos nacionales de la organización de la que forma parte?

Fin de descripción

 

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      1. ¿Pueden los autónomos formar o integrarse en una asociación empresarial?

    • Conforme a la STSJ de Canarias/Las Palmas, 25 de septiembre de 1998, cuando un artículo de los estatutos establece textualmente que «Podrán ser miembros de la Asociación todos los Graduados Sociales ejercientes que voluntariamente lo soliciten y acepten los presentes estatutos» nos encontramos ante una «[…] cláusula genérica que ampararía la integración de cuantos Graduados Sociales ejercientes lo solicitasen independientemente de su condición o no de empresarios, con trasgresión de lo prevenido en el artículo 2.1 de la Ley 19/1977, de 1 de abril en relación con el art. 1.2 del Estatuto de los Trabajadores”.»
    • Para la STSJ Comunidad Valenciana 30 de enero de 2003 se desvirtúa el sentido de la Ley 19/1977 cuando se permite “[…] la integración como asociados de aquélla a personas físicas que no gozan de la cualidad de empresarios ya que si bien con arreglo a la Ley de Asociaciones no existiría óbice alguno a la posibilidad citada, que se podría hacer extensiva a cualquier persona física en el ejercicio de sus derechos, sin más límite que la admisión a la solicitud que decida la Junta constituida al efecto, […]”.

      La Ley de Asociaciones a la que se refiere la sentencia es la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
       
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      2. ¿A qué normativa se tendrá que acoger quien desee formar una asociación profesional de trabajadores autónomos?

    • Una vez entre en vigor la LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, que fue publicada en BOE de 12 de julio de 2007, -a los tres meses de su publicación- se constituirán y regirán conforme a lo previsto en Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y sus normas de desarrollo.
    • Así lo dispone el art. 20 de la Ley 20/2007, que dispone lo siguiente:
      "1. Las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos se constituirán y regirán por lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y sus normas de desarrollo, con las especialidades previstas en la presente Ley.
      2. Estas asociaciones, en cuya denominación y estatutos se hará referencia a su especialidad subjetiva y de objetivos, tendrán por finalidad la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos y funciones complementarias, pudiendo desarrollar cuantas actividades lícitas vayan encaminadas a tal finalidad. En ningún caso podrán tener ánimo de lucro. Las mismas gozarán de autonomía frente a las Administraciones Públicas, así como frente a cualesquiera otros sujetos públicos o privados.
      3. Con independencia de lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos deberán inscribirse y depositar sus estatutos en el registro especial de la oficina pública establecida al efecto en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la correspondiente Comunidad Autónoma, en el que la asociación desarrolle principalmente su actividad.
      Tal registro será específico y diferenciado del de cualesquiera otras organizaciones sindicales, empresariales o de otra naturaleza que puedan ser objeto de registro por esa oficina pública.
      4. Estas asociaciones podrán ser declaradas de utilidad pública conforme a lo previsto en los artículos 32 a 36 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
      5. Estas asociaciones profesionales sólo podrán ser suspendidas o disueltas mediante resolución firme de la autoridad judicial fundada en incumplimiento grave de las leyes."
     
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      3. ¿Con la entrada en vigor de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo, qué tramites tendrán que realizar las asociaciones profesionales que tienen depositados sus estatutos en el CARL?

    • Una vez entre en vigor la LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo que fue publicado en BOE de 12 de julio de 2007 -a los tres meses de su publicación- las entidades que tengan sus estatutos depositados en su organismo habrán de cumplir lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de dicha norma, la cual dispone lo siguiente:
    • "Disposición transitoria primera. Adaptación de estatutos y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones.
      Las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos constituidas en aplicación de la legislación anterior y que gocen de personalidad jurídica a la entrada en vigor de esta Ley, conservarán su reconocimiento a todos los efectos, quedando automáticamente convalidadas.
      En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley deberán proceder a adaptar sus estatutos a lo previsto en ella, así como a inscribirse en el registro previsto en la oficina pública establecida al efecto."
     
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      4. ¿Qué diferencias existen entre las asociaciones empresariales y las asociaciones profesionales?

    • Conforme a la STS de 25 de enero de 1999 (sala de lo Social): “Las asociaciones empresariales han de estar proyectadas para intervenir en las relaciones laborales, contribuyendo, como dice el art. 7 CE, en paralelo con los sindicatos , ‘a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios’. Los medios típicos de acción de las asociaciones empresariales son la negociación colectiva laboral, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, el diálogo social y la participación institucional en los organismos públicos de las Administraciones laborales.

      […] una asociación de empresarios que no esté diseñada para desarrollar estas actividades en el campo de las relaciones laborales no es una asociación empresarial en el sentido estricto que tiene la expresión en nuestro ordenamiento, por lo que queda fuera, por razón de la materia de la competencia de la jurisdicción social.”
    • En sentido similar se expresa la STSJ de Castilla y León, Burgos 6 de julio de 2004, que aclara que: “La diferencia específica de las asociaciones empresariales dentro del género de las asociaciones profesionales radica en el campo en que aquellas actúan y en los medios de acción que el ordenamiento pone a disposición de las mismas […]. Los medios típicos de acción de las asociaciones empresariales son la negociación colectiva, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, el diálogo social y la participación institucional en los organismos públicos de las administraciones laborales.

      […] una asociación profesional de empresarios que no está diseñada para desarrollar estas actividades en el campo de las relaciones laborales no es una asociación profesional en el sentido estricto que tiene la expresión en nuestro ordenamiento […]”.
     
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      5. ¿La denominación de los sindicatos o asociaciones empresariales puede inducir confusión con otras ya registradas?

    • Para la STS de 25 de mayo de 2000 (S. de lo Social): “la denominación de los sindicatos no debe coincidir ni inducir a confusión con otra entidad sindical legalmente registrada. […] este es un deber que recae sobre el sindicato de registro posterior, y no sobre el sindicato previamente inscrito. A ello debe añadirse que las exigencias de seguridad y claridad en el tráfico jurídico mercantil a que atiende el principio de veracidad de las denominaciones no son las mismas en la vida de los sindicatos. El campo de actuación de éstos es la representación de los trabajadores y no la competencia en los mercados de productos y servicios, y las vías de comunicación con los representados y de conocimiento por parte de éstos son sensiblemente distintas a las que se utilizan en las relaciones de las empresas con los consumidores. De ahí que las denominaciones históricas de las entidades sindicales, que los trabajadores relacionan con una determinada trayectoria puedan seguir siendo utilizadas de manera lícita para la identificación de las mismas, normalmente con segundos nombres o designaciones adicionales, aunque ya no correspondan con total exactitud al ámbito funcional de actuación que hayan decidido abarcar en un momento posterior”.
    • Por su parte, la STSJ de Andalucía, Granada de 28 de mayo de 2001 aclara cual es el alcance y contenido del art. 3.1 RD 873/1977, de 22 de abril cuando establece que los Estatutos deberán de contener “[…] una denominación de la organización que no podrá coincidir ni inducir a confusión con otra legalmente registrada.

      No existe, hasta el presente, precedente en la jurisprudencia del T.C. sobre la materia debatida en este proceso, aunque es opinión generalizada de la doctrina que pudiera ser aplicable, por analogía, la jurisprudencia constitucional (contenida, entre otras, en las sentencias de 2 de febrero de 1981 y 25 de junio de 1986) sobre inscripción y publicidad de partidos políticos, dada la relevancia y en cierto modo paralelismo constitucional de ellos con los sindicatos, pues a unos y otros les es exigible constitucional y legalmente una estructura y un funcionamiento democrático. En este sentido hay que destacar que el T.C. (sentencias T.C. 69/1986 y 72/95) declara que con la necesidad de evitar la confusión que puede producirse como consecuencia de la utilización de denominaciones y símbolos similares ‘lo que se protege es fundamentalmente a terceros’, no a las asociaciones que los utilizan, y que tal derecho no autoriza, sin embargo, el monopolio o la entrega en exclusividad a un determinado grupo de la representación auténtica de determinados símbolos, ideologías o líneas de pensamiento (sentencia del T.C. 106/91), lo que conduce a afirmar al Alto Tribunal que, en caso de conflicto, deba realizarse una comparación, en su conjunto, de las denominaciones y símbolos enfrentados, para determinar si existe o no riesgo de confusión (sentencia T.C. 85/86)”.
     
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      6. ¿Las siglas para denominar a los sindicatos o las asociaciones tienen que ser distintas a otras registradas previamente?

    • Esta cuestión fue analizada por la STS de 13 de octubre de 2004, que se planteó si existía coincidencia entre el nombre entre el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAF) y el sindicato Andaluz de Funcionarios de Justicia (SAFI). Considerando que en el asunto “[…] lo decisivo es saber si el acrónimo del sindicato demandado puede inducir a llevar a su campo a quien, en principio deseaba acudir al demandante […]”, y que “[…] ello es factible que ocurra […]”, pues “[…] en el mundo sindical y en el de las relaciones entre los trabajadores es frecuente utilizar las siglas como único signo de distinción de las organizaciones […]”.
    • Similares argumentos son utilizados por la STSJ de Aragón de 18 de junio de 2002, quien observa que en España existe “[…] una inveterada tradición de referirse a las organizaciones sindicales por sus acrónimos, v. gr., UGT, CSIF […]”.
     
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      7. ¿La utilización del nombre de un sindicato ya registrado por parte de otro puede considerarse que es una vulneración del derecho a la libertad sindical consagrado en el art. 28.1 CE?

    • Así lo interpreta la STS 17 de enero de 2006, entendiendo que «[…] la utilización por el sindicato recurrente, tanto en sus dependencias como en su propaganda y en los actos y comparecencias públicas, de la denominación que es la propia del otro sindicato -SATSE-, que aparece registrada desde el año 1989, con anterioridad, por tanto, a la constitución y registro de aquel primer Ente sindical mencionado, entraña sin la menor duda una actuación que viola, claramente, lo prescripto, con carácter imperativo, en el art. 2.4.a) de la LOLS, pero, además, esta infracción legal reviste una manifiesta trascendencia constitucional, inevitablemente, ligada al derecho fundamental de libertad sindical, por cuando, “prima facie”, está induciendo a una patente confusión pública que afecta a un derecho básico y elemental de todo Sindicato, cual es el de preservar su propia identidad en el ejercicio de la actividad que le es propia.

      El derecho a la preservación del propio nombre e identificación se revela como algo insito en la esencia de la libertad y de la actividad sindical, de tal forma que no puede sostenerse con verdadera consistencia jurídica que el derecho fundamental consagrado en el art. 28.1 CE no quede dañado por la utilización pública de una denominación ya adoptada y registrada por un sindicato legalmente constituido o que, en todo caso, esa grave conducta haya de quedar relegada al ámbito de un contencioso ordinario entre los sindicatos implicados, puesto que una de las primeras y más fundamentales facultades inherentes a la libertad sindical ha de ser, necesariamente, la de la libre y no compartida utilización de una exclusiva denominación en el ejercicio de la actividad sindical».
     
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      8. ¿Qué finalidad tiene la denominación del sindicato o de la asociación empresarial?

    • Para la STSJ de Aragón de 13 de julio de 1998: “… la denominación no es sino la exteriorización formal del modo de identificarse la Asociación […]; pero sin que la denominación pueda parangonarse, en modo alguno, con las contiendas propias del ámbito comercial identificador de marcas y productos pues estamos ante cuestión de asociacionismo profesional”. (Fundamento de Derecho Segundo).

      Considerando, en definitiva, que no existe coincidencia ni confusión cuando “[…] los nombres completos, correctos de las dos Asociaciones ni, desde luego, se identifican, ni inducen a confusión; […]”. (Fundamento de Derecho Tercero).
     
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      9. ¿Qué facultad atribuye la legislación que resulte aplicable en cada caso a los funcionarios encargados de llevar el registro de sindicatos y asociaciones empresariales?

    • Esta cuestión es aclarada por la STS de 13 de febrero de 1998 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), que comparte la interpretación expuesta por la STSJ de Canarias/Santa Cruz de Tenerife de 17 de diciembre de 1991, que “[…] recuerda que el art. 2.2 del citado RD 873/1977, de 22 de abril, atribuía a la Administración facultades para requerir a los promotores o directivos de las Organizaciones Profesionales Empresariales para la corrección de los defectos subsanables que pudieran apreciarse en los Estatutos depositados. Y como tal debe de considerarse la inclusión de un anagrama (F.) que podía confundirse con F., por lo que procedía que se hubiera efectuado el oportuno requerimiento para la subsanación.” (Fundamento de Derecho Segundo).
     
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      10. ¿Está obligada la oficina de registro a comunicar a los firmantes, promotores u órganos competentes de los sindicatos o de las asociaciones empresariales la existencia de defectos en los estatutos o en las modificaciones estatutarias que se presenten para su depósito? ¿Cuáles son los límites a la actuación registral?

    • Conforme a la SAN de 23 de diciembre de 2003: “El artículo 2 del RD 873/1977 […] limita a una sola vez la facultad de la oficina de apreciar vicios formales en el procedimiento registral y en este supuesto no se dio oportunidad a la Asociación para reconsiderar o subsanar su denominación de tal modo que la autoridad administrativa, por exigencia del principio de eventualidad procedimental, no puede con motivo de la valoración de si un defecto no ha sido subsanado o no, apreciar otro distinto pues tal conducta induce indefensión al solicitante”.

      […] el control que ha efectuado la autoridad administrativa, excede el mero control formal que le encomienda la ley. La petición de la supresión del término ‘prostitución por cuenta propia’ roza el cuestionamiento de la actividad empresarial y por tanto se denuncia un vicio material más que formal que difícilmente puede entenderse subsanable con lo que el cauce impugnatorio natural sería el procedimiento de impugnación judicial más que el de subsanación administrativa”.
     
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      11. ¿Pueden los estatutos de una asociación o sindicato establecer el derecho de la Junta Directiva a una compensación retributiva?

    • La STS 4 de julio de 2005 interpreta que la «Asamblea General de la Asociación, en función del contenido y la dedicación asignada a los miembros de la Junta Directiva, tiene plena libertad para establecer la cuestionada compensación retributiva, que para nada, infringe el principio propio del asociacionismo profesional, no oponiéndose, tampoco al tan reiterado principio del desarrollo democrático que ha de inspirar el desenvolvimiento de la Asociación demandada. El que, en función de la permanencia en la prestación de unos servicios directivos y sin entrañar ningún tipo de relación laboral entre el socio directivo y la Asociación a la que pertenece, se establezca una determinada retribución para dicho socio, en manera alguna puede reputarse algo ilegal que comprometa o se oponga a los propios fines de la Asociación profesional […]».
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      12. ¿Puede considerarse como una violación del funcionamiento democrático de una entidad el hecho de que sus estatutos sancionen las conductas o comportamientos contrarios a los fines de la entidad?

    • Para la STS de fecha de 14 de julio de 2005 son ajustadas a derecho y no deben considerarse como una violación del funcionamiento democrático de la entidad las disposiciones estatutarias que sancionen las «[…] conductas o comportamientos contrarios a los fines de la Entidad, a los acuerdos adoptados por su Asamblea General o que deterioren, gravemente, la imagen de la Asociación o se releven contrarios a los principios u objetivos de la misma, […], habida en cuenta que tanto los fines de la Asociación, como los acuerdos adoptados en el seno de la misma, son algo que no puede ni debe ignorar ninguno de los socios a los que, obviamente, no debe de estarle permitido el adoptar conductas que deterioren la imagen pública de dicha Asociación o de los fines que esta persigue.»
     
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      13. ¿Qué función cumple el depósito de los estatutos y su registro en la Oficina Pública competente?

    • La libertad de constitución de una asociación, al igual que ocurre para los sindicatos, como interpreta la STSJ de la Comunidad Valenciana de fecha de 20 de diciembre de 2004, «[…] no se encuentra supeditada a una autorización administrativa y, que el depósito de los estatutos y el registro de la oficina pública, son exigencias formales, para dotarlas de publicidad, que no pueden coartar en ningún caso, el derecho de asociación empresarial. De suerte que el control de la autoridad administrativa ha de ser un control objetivo de la legalidad y no un control de oportunidad.»
     
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      14. ¿Los estatutos de los sindicatos o de las asociaciones empresariales pueden ser impugnados por la autoridad laboral –órganos encargados del registro- ante los Tribunales competentes del orden social?

    • STS de 6 de octubre de 1997 (Sala de lo Contencioso-Administrativo): “[…] Como declaró el Tribunal Constitucional en su sentencia 3/1981, de 2 de febrero, a propósito de los partidos políticos, resulta que al Poder Judicial y sólo a éste encomienda la Constitución y también la legislación ordinaria la función de pronunciarse sobre la legalidad de un partido político. Si la Administración no tiene facultades para decidir sobre la legalidad o ilegalidad de una asociación, tampoco la tiene para resolver sobre la validez o nulidad de las cláusulas de sus Estatutos. En la misma forma se manifiesta la Ley 19/1977, de 1 de abril, aplicable a las asociaciones profesionales constituidas por los empresarios, […]. El art. 3 de la citada Ley 19/1977 establece que las asociaciones constituidas al amparo de la presente Ley deberán de depositar sus Estatutos en la oficina pública establecida al efecto (el IMAC según el RD 2756/1979, de 23 de noviembre). Añade que adquirirán personalidad jurídica y plena capacidad de obrar transcurridos veinte días desde el depósito de los Estatutos, salvo que dentro de dicho plazo ‘se inste de la autoridad judicial competente la declaración de no ser conformes a derecho’, debiendo la autoridad judicial dictar la resolución definitiva que proceda. Se trata de una norma preconstitucional, pero, independientemente de los efectos que el art. 22 CE haya podido producir en cuanto al momento en que las asociaciones adquieran personalidad jurídica, […] lo cierto es que la potestad que se reserva a la autoridad judicial competente para declarar que los Estatutos de la asociación y, por tanto, también sus cláusulas y acuerdos fundacionales no son conformes a derecho, es plenamente constitucional y se ajusta a lo prevenido en el ya mencionado apartado cuarto del referido art. 22 de la Norma Fundamental. […]. En consecuencia, los órganos del IMAC carecían de la potestad para pronunciarse sobre la impugnación de los Estatutos que formuló el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, quien, en su caso, debió de instar dicha impugnación ante la autoridad judicial competente, […]”. (Fundamento de Derecho Cuarto).
     
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      15. ¿Se pueden tramitar las modificaciones estatutarias tomadas por un órgano que no tiene competencias para adoptarlas? ¿Se le podrá dar curso a las modificaciones estatutarias realizadas sin cumplirse las formalidades previstas en los estatutos?

    • Para la STS de 11 de marzo de 2004, son nulas las modificaciones estatutarias acordadas por órganos que fueren manifiestamente incompetentes para adoptarlas.
    • Por su parte, la STS de 21 de marzo 1994, procede a declarar la nulidad del Congreso celebrado en el caso estudiado y las modificaciones estatutarias que se adoptaron en el transcurso del mismo porque fueron realizadas sin cumplirse las exigencias requeridas por los estatutos.
     
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      16. ¿Se puede inscribir una organización en el Registro de Asociaciones del CARL aportando sólo los estatutos nacionales de la organización de la que forma parte

    • STSJ Andalucía, Sevilla 24/6/2008 (Sala de lo Contencioso-Administrativo)
      Fundamento de Derecho Cuarto.- «[…]. El Decreto 14/1986 autonómico establece unos requisitos para la inscripción que son razonables a la vista de que se trata de un órgano de ámbito autonómico. Si se pretende el registro de la federación (…) de Andalucía habrán de presentarse los estatutos de esa federación. Y eso es cabalmente lo que no se hace. Y es que ciertamente, la federación nacional es una para la que el Consejo Andaluz no tiene competencia en cuanto a la valoración de sus estatutos, por lo que la presentación de los mismos no es posible a efectos de la inscripción de la federación andaluza. Y es que, en definitiva, como sostiene la demandada, la imposibilidad de inscripción no deriva de una prohibición caprichosa de la administración sino de la imposibilidad del actor de aportar la documentación que se le exige: esa imposibilidad, como él mismo reconoce, deriva de sus propias normas estatutarias, no de una prohibición legal. Así, pues, siendo el ámbito de actuación de la demanda autonómico, resulta razonable que exija, para la inscripción de sindicatos o entidades empresarial, que éstas sean de ámbito autonómico también. Así lo hizo en ejecución de la normativa que regula el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y al no poder atender el demandante la exigencia que se hizo de documentación, es lógico y conforme a derecho que se deniegue la inscripción.»

 

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