El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha mostrado en el Pleno del Parlamento su respaldo al mantenimiento del actual sistema de ordenación del sector del taxi en Andalucía con el objetivo de garantizar este servicio público de transporte, un carácter que a su juicio obvia la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia en sus propuestas de liberalización. Además, ha defendido que el modelo existente en la región es similar al imperante en toda Europa.

López ha respondido así a la primera pregunta planteada en sesión plenaria a través de la iniciativa popular, un nuevo mecanismo de participación ciudadana en los debates de la Cámara andaluza que se ha puesto en marcha por primera vez a través de la formulación de esta cuestión por parte de la diputada socialista Beatriz Rubiño.

En su respuesta, el consejero ha asegurado que el carácter público asociado a esta actividad “legitima y obliga a la Administración a adoptar medidas que garanticen la cobertura del servicio las 24 horas de los 365 días del año con unos estándares de cantidad y calidad adecuados para las personas usuarias y los trabajadores”. Asimismo, ha añadido que “en la Junta somos partidarios de dotar al sector de un marco regulatorio que defina las condiciones de acceso y ejercicio de la profesión”, entendido que “una desregulación podría provocar una merma en la calidad, incluso, llegar al abandono del servicio público en aquellas áreas geográficas y franjas temporales con menor demanda”.

 El titular de Fomento y Vivienda ha querido poner de manifiesto que “la Junta está atenta a las demandas del sector”, recordando que el pasado 18 de septiembre se reunió con los representantes de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) y la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del taxi (AUMAT) ante la reclamación realizada por la Comisión Nacional de la Competencia de reformular las actuales ordenanzas del taxi en Málaga y Córdoba, que se han adaptado de acuerdo a los criterios fijados por el Reglamento andaluz que regula este ámbito de actividad profesional en la comunidad.

La Consejería de Fomento y Vivienda aprobó en 2012 este Reglamento, tras un “arduo proceso de negociación que se prolongó casi diez años desde la aprobación de la Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía”, ha explicado Felipe López, quien ha matizado que en su redacción participaron “activamente” asociaciones del sector, asociaciones de consumidores, sindicatos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

“Su tramitación administrativo fue escrupulosa, se sometió a información pública, se dio audiencia a todos los actores con implicaciones en la materia en varias ocasiones y se emitieron informes preceptivos”, ha explicado López, que ha indicado, además, que el documento contó con el visto bueno del Gabinete Jurídico de la Junta y del Consejo Consultivo Andaluz. Tras la aprobación del Reglamento, los ayuntamientos andaluces han adaptado sus correspondientes ordenanzas.