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La modificación de la Ley de Costas “prioriza intereses privados” y “amenaza” la viabilidad del sistema portuario andaluz

El director de la Agencia de Puertos rechaza la prórroga de plazos de concesiones predemocráticas y la “privatización parcial” de las marinas interiores

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05 de noviembre de 2012
Ámbito: Andalucía
Área: Transportes e Infraestructuras
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El director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Miguel Ángel Paneque, considera que el proyecto de ley de modificación de la Ley de Costas que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 5 de octubre tendrá una repercusión negativa sobre el sistema portuario autonómico de aprobarse definitivamente en las Cortes Generales en su actual redacción. Paneque argumenta que, en primer lugar, la norma “prioriza intereses privados en detrimento del interés general”, como se refleja en la prórroga de los plazos de las concesiones otorgadas en su día por el Estado a determinadas empresas, buena parte de ellas en época predemocrática, y, por otra parte, persigue la “privatización parcial” de puertos creados como marinas interiores.

La reforma de la Ley de Costas establece que se mantendrá el carácter de dominio público de las marinas, terrenos privados artificialmente inundados por el mar para hacerlos navegables, pero establece una importante excepción: los denominados garajes náuticos, que serán de propiedad privada. Se trata de láminas de agua para el estacionamiento de embarcaciones en las urbanizaciones de dichas marinas que ya no tendrán la consideración de atraques en dominio público. Este “avance en la privatización” plantea además dudas sobre el ejercicio en las mismas de las potestades administrativas en materia de navegación y medio ambiente, advierte el gerente de la APPA.

Junto a ello, la modificación de la Ley de Costas amplía el plazo de las concesiones a empresas privadas contempladas en el artículo 49 de esta norma, relativas fundamentalmente a los puertos deportivos cuyo título fue otorgado en su día por el Estado, la mayoría de origen predemocrático. Esta ampliación de plazos se realiza “sin una justificación concreta” y “con criterios ajenos a la evaluación de plazos razonables de amortización de la inversión”, opina Paneque. Además, no se delimita con exactitud la naturaleza de las concesiones objeto de la nueva regulación, ni el año a considerar para el cómputo de plazos, lo que supone “una falta de seguridad jurídica” que afecta no sólo a la ciudadanía en general, “que debe ser siempre la beneficiaria última de un dominio público”, sino también a los usuarios de esos puertos que están pagando por un atraque, o por otro tipo de instalaciones, sin la suficiente certeza sobre el tiempo durante el que podrán disfrutar su uso.

Paneque considera también que existe en este texto legal una “vulneración de principios básicos de competencia”, puesto que idénticas actividades empresariales, como es el caso de las concesiones de instalaciones náutico-recreativas, quedan sometidas a regímenes dispares en cuanto al canon a pagar, en función de que el título lo haya otorgado el Estado o las comunidades autónomas.

La reforma de la Ley de Costas mantiene el denominado canon demanial, un pago por parte de los concesionarios en puertos autonómicos que, en contra, no se exige en los puertos de titularidad del Estado. Esto supone un canon con “carácter confiscatorio”, al que además se le establecen criterios al alza “con el consiguiente riesgo de quiebra efectiva de concesionarios y de parte del sistema portuario autonómico”, cuya viabilidad quedaría “amenazada”, advierte Paneque.

El Gobierno central exige este canon demanial por considerarse titular del dominio público marítimo-terrestre adscrito a la Comunidad Autónoma para usos portuarios. Sin embargo, en esta misma modificación legal se especifica que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no deberá pagarlo el Estado, sino la Junta de Andalucía, en contra del criterio mostrado hasta ahora por los tribunales de justicia sobre este asunto. “No se entiende la doble lectura que se pretende hacer de este tema, reivindicando la Administración del Estado la condición de titular para exigir el canon demanial y eludiendo la trascendencia de dicha titularidad al trasladar a la Comunidad Autónoma la carga impositiva”, afirma Paneque.

Por todos estos motivos, el director de la Agencia Pública de Puertos expresa su deseo de que se corrijan estos aspectos de la modificación de la Ley de Costas en su trámite en el Congreso de los Diputados y el Senado, puesto que para este tipo de reformas de gran calado se necesita de un “consenso razonable” entre las distintas fuerzas políticas que asegure su estabilidad en el tiempo.
 

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