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Cortés reclama a los ayuntamientos que se sumen al frente político y social que lucha contra los desahucios

La consejera de Fomento y el presidente de la Diputación de Huelva firman el acuerdo de apoyo al Programa en Defensa del Derecho a la Vivienda

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03 de diciembre de 2012
Ámbito: Huelva
Área: Vivienda
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La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha reclamado a los ayuntamientos onubenses, las administraciones más cercanas a los ciudadanos y que prestan unos servicios sociales fundamentales, que se sumen al convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Este instrumento, que se puso en marcha por su departamento en octubre, consta de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía. Cortés ha rubricado hoy el acuerdo con el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, a quien ha agradecido su firma, que supone “una muestra de vocación social, de interés por los problemas de las víctimas de la crisis, los desempleados y los desahuciados”.

Con esta rúbrica, la Diputación de Huelva se convierte en la primera de las ocho que se acoge al acuerdo marco ya firmado en septiembre por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP). Por ello, la titular de Fomento y Vivienda ha animado al resto “a dar el paso para integrarse en el gran bloque político y social contra los desahucios, conformado por la Consejería y los colectivos en defensa del derecho a la vivienda”.

“Las ocho oficinas provinciales llevan en funcionamiento desde el 8 de octubre y a través de ellas ya hemos atendido a cientos de familias, ofreciéndoles soluciones concretas y tangibles”, ha explicado la consejera Cortés, quien ha subrayado que “este programa ha supuesto un cambio de concepto respecto al modo en que las administraciones han venido afrontando hasta ahora el drama social de los desahucios, poniéndonos del lado de las víctimas de la crisis y acompañándolas en la defensa del derecho a la vivienda”.

“Con pasos como este, las administraciones públicas se sitúan a la altura del momento crucial que atravesamos, y dan respuesta a un clamor social que exige compromisos y respuestas. Ese es el camino que dignifica la política”, ha incidido la consejera Cortés, quien ha añadido que “el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda constituye un ejemplo de referencia de lucha institucional contra los desahucios que contrasta con el inmovilismo del Gobierno, que se ha limitado a aprobar un decreto, el decreto de la infamia, en un intento de cambiar algo para que nada cambie”.

En ese sentido, Elena Cortés ha remarcado que “desde la Consejería de Fomento y Vivienda instamos al Gobierno a propiciar las necesarias modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria y a forzar la paralización de todos los desahucios hipotecarios, regular la dación en pago y el alquiler social, así como realizar una quita de todas las hipotecas”. A su juicio, “son cientos de miles de familias andaluzas asfixiadas por hipotecas con cláusulas abusivas, que firmaron además en condiciones muy diferentes a las actuales y que arrastran una losa imposible de sobrellevar”.

Características del convenio

El convenio firmado hoy con la Diputación de Huelva permite establecer vías de colaboración entre administración autonómica y provincial y garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en su ámbito geográfico de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, la Diputación, a través de sus servicios sociales, realizará los informes necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social de las personas que solicitan estos servicios con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

El convenio establece también la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y la Diputación para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública.

Este acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, contempla la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
 

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