Un total de 35 municipios de la provincia de Sevilla se han adherido ya al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda puesto en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda y que ha supuesto la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en la comunidad. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha rubricado con los alcaldes de Aznalcázar, Brenes, La Puebla de los Infantes, Las Cabezas, Los Corrales, Martín de la Jara, Olivares y San Juan de Aznalfarache el convenio de apoyo a la iniciativa, con lo que estas nuevas ocho incorporaciones permiten elevar a 214 el número de municipios que en toda Andalucía han mostrado su respaldo a “una herramienta que ofrece resultados concretos en la vida de miles de personas a los que la administración está dando servicio y apoyo en un tránsito muy difícil”, ha destacado Cortés.

La titular de Fomento y Vivienda ha subrayado que “más ahora que nunca, necesitamos el apoyo de estos alcaldes” para añadir que “nadie que esté en riesgo de desahucio deje de venir; que nadie que conozca a alguien en riesgo de desahucio, deje de avisarlo”. “Frente al pacto secreto entre el Gobierno y la élite financiera, defendamos la alianza social entre las instituciones andaluzas, Junta y ayuntamientos, y las víctimas de la crisis. Esta Consejería es una gota más en la marea de la movilización social”, ha señalado, asegurando que “el Programa se ve acompañado y reforzada por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y, desde abril, lo estaba también por el Decreto para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que responde a una realidad clara: 700.000 viviendas vacías en Andalucía, más de 80.000 desahucios desde 2007 en Andalucía y poco más del 16% de alquiler, la mitad que en Europa”.

Asimismo, ha explicado que “a esa situación hemos respondido con el Decreto, que establece sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias por tener viviendas vacías, la obligación de los bancos de cumplir con la función social de las viviendas protegidas de sus balances, ya que de lo contrario puede suponerles sanciones de hasta 120.000 euros; y además, fija incentivos a particulares que tengan pisos deshabitados”. Elena Cortés ha querido incidir en el “efecto disuasorio del Decreto Ley sobre todos los desahucios”, apuntando que “con esta norma en funcionamiento, el banco se lo pensaba más antes de forzar un desahucio, porque sabe que se expone a una sanción por tener la vivienda vacía. Ahora las entidades han reforzado su predominio. El Gobierno hace más fuertes a los poderes financieros y especuladores y más débiles a las familias y a los que no tienen ya casi nada”.

“Ahora el recurso del PP ha dejado en suspenso la norma. El PP lo ha recurrido cuando ha visto que funciona, que el Decreto Ley es plenamente efectivo”, ha añadido para afirmar que “seguiremos adelante y no daremos ni un paso atrás”. “Estábamos realizando expropiaciones del uso de viviendas, con un balance de 18; estábamos inspeccionando el parque de vivienda para detectar las vacías e imponer sanciones a las personas jurídicas propietarias, si procede. Estábamos recabando los datos de VPO de los balances de los bancos, cosa que increíblemente no se había hecho hasta ahora, como tampoco un censo de inmuebles vacíos”, ha matizado.
Asimismo, Elena Cortés ha reiterado que el Decreto Ley es “una norma de amplísimo alcance y que demuestra que hay alternativa. Eso es lo que teme el PP, no la supuesta vulneración de la Constitución, que bajo ningún concepto se produce”. “El recurso del PP es fuerte con el débil y débil con el fuerte. Y está ocasionando perjuicios desde que se anunció. Hay afectados que nos cuentan que su posición ante las entidades financieras desde el anuncio del recurso es de mayor debilidad, y que ello redunda en la actitud de la entidad financiera”, ha advertido la consejera Cortés.

Balance de la oficina de Sevilla

La oficina provincial de Sevilla del Programa en Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía ha contribuido a evitar 495 desahucios en sus primeros ocho meses de funcionamiento. Desde su apertura, la oficina de Sevilla ha recibido 1.243 visitas, abriendo un total de 669 expedientes. De ellos, 112 se han tramitado en el área de prevención, 495 en la de intermediación y 62 en la de protección. La atención en la fase de prevención, que se presta cuando aún no existe morosidad, fue solicitada por familias que “temen no poder afrontar las cuotas hipotecarias en breve, o por otras que, antes de firmar su contrato, quieren saber a qué se exponen”, ha explicado Cortés, que ha detallado que estas personas reciben “información y asesoramiento, evitando preventivamente verse en situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda”.

En la fase de intermediación han acudido a las oficinas 495 familias, que se mantienen en sus viviendas gracias al asesoramiento temprano de los funcionarios de la oficina, o bien a negociaciones con las entidades financieras que han desembocado en forma de soluciones como renegociaciones del préstamo, carencias, daciones en pago con o son alquileres sociales o reestructuraciones de deuda, entre otras. “Son soluciones paliativas, que evitan que las familias pierdan su casa. La solución a los problemas de fondo de estas familias la tiene el Gobierno central, que puede actuar sobre la legislación estatal y rechaza hacerlo”, ha apuntado Cortés.

En la fase de protección, han acudido a la oficina 62 personas. En estos casos, la mediación de la Consejería abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar o suspender los desalojos hasta solicitar a los servicios sociales de los Ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional. A ello se suma la posibilidad, en caso de que se cumplan los requisitos, de que las familias se beneficien de la expropiación temporal del uso de sus viviendas.