Presentación

Las medidas ligadas a la localización e identificación de víctimas de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la represión institucionalizada por los vencedores durante la dictadura franquista, contempladas en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, se refieren a un conjunto de actividades agrupadas precisamente bajo la denominación abreviada, según reza la rúbrica del artículo 11, de localización e identificación de víctimas.

El legislador no se ha inclinado por la administrativización de tales actividades, las cuales siguen siendo, tras la Ley, por tanto, privadas. Pero sí crea un conjunto heterogéneo de actividades administrativas, a lo largo del meritado artículo 11 y los inmediatamente posteriores, que califica en su conjunto significativamente como de colaboración con los particulares.

Entre ellas resaltan las prestacionales, como la elaboración de mapas de las áreas en que se hayan localizado restos, y la puesta a disposición de los mapas de localizaciones, incluyendo toda la información complementaria disponible sobre los mismos.

Sobre este conjunto de actividades administrativas de colaboración pesa el deber de facilitación de las actividades privadas desarrolladas por las entidades legitimadas para ello, y cuya configuración legal impone de suyo la cooperación interadministrativa, es decir: actividades privadas y administrativas de colaboración tienen un mismo fin.

En este contexto, el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la posguerra, constituye el marco normativo de la actividad de la Junta de Andalucía en tal materia, ejerciéndose tales competencias en consonancia con lo dispuesto en la Ley 52/2007.

En dichas actuaciones destaca la elaboración del Mapa de Fosas en las ocho provincias andaluzas, financiado mediante subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 30 de junio de 2005, en materia de Recuperación de la Memoria Histórica, y de la que fueron beneficiarias la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, la Asociación Guerra y Exilio, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica y el Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía.

Complementariamente a ello, se suscribieron con fecha 20 de diciembre de 2005, convenios de colaboración con nueve de las Universidades públicas de Andalucía para la realización de las actuaciones que se subvencionen sobre el denominado mapa de fosas de Andalucía y un posterior estudio de correlación histórica y sistemática así como la elaboración de un estudio final y unitario debidamente coordinado a nivel de todo el territorio andaluz.