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Carta de la Presidenta

Las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y 31/2007, de 30 octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en la redacción dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, incorporan a nuestro ordenamiento las modificaciones introducidas en las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en virtud de la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos.

La finalidad de la citada Directiva es reforzar los efectos de dicho recurso permitiendo que las personas o empresas que sean candidatas y licitadoras en procedimientos de contratación pública, puedan interponerlo contra las infracciones legales que se produzcan en la tramitación de los procedimientos de selección, con objeto de poder conseguir una resolución eficaz.

Por su parte, el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre -actual artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre- determina que la competencia para conocer del recurso especial en materia de contratación en el ámbito de las Comunidades Autónomas, corresponderá a un órgano de naturaleza administrativa y carácter independiente.

En cumplimiento de la Ley 30/2007, y de la potestad autoorganizativa que el artículo 47.1.1.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma reconociendo su competencia exclusiva sobre la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía, en virtud del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre (BOJA nº 11, de 11 de noviembre), se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa comunitaria y estatal ya aludida, como órgano de carácter especializado, que actuará con plena independencia funcional.

El fin primordial de este Tribunal es garantizar la transparencia e imparcialidad en su actuación y la eficacia en la adopción de sus resoluciones y para el logro de ambos objetivos, constituye su eje prioritario el dictar las resoluciones con sujeción a los breves plazos que fija la ley, para de este modo dar satisfacción en términos estrictos a las pretensiones de los recurrentes cuando proceda estimar sus recursos, pero sin menoscabo de las garantías que el procedimiento fija respecto a los interesados en el mismo y de la calidad y motivación de sus resoluciones.

Una de las piezas claves para lograr tales objetivos es la utilización de medios electrónicos e informáticos en la tramitación de las actuaciones ante el Tribunal, cuya progresiva implantación es otra de sus prioridades.

El Tribunal inició su funcionamiento en virtud de la Orden de 14 de diciembre de 2011 (BOJA nº 24 , de 21 de diciembre) , actuando, en principio, como órgano unipersonal hasta que, por el volumen y especificidad de su asuntos, se acuerde su funcionamiento como órgano colegiado con una Presidencia y dos Vocalías.

Mª José Santiago Fernández
PRESIDENTA

 

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