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Gobierno Electrónico

Las competencias que se recogen en el Decreto 156/2012, de 12 de junio, de estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el ámbito de Tecnologías de la Información y Comunicación, con visión política común, permitirá consolidar la estrategia de Gobierno Electrónico, abierto, en la Junta de Andalucía, mediante la declaración de un marco unificado de la política digital y de modernización de los servicios, que garantice la elaboración, desarrollo e implantación de la política informática en la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, que permita la prestación de servicios públicos, el acceso a la información pública y participación ciudadana, mediante la transformación interna y externa de los modelos de relación que se definan, con base en el uso racional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, reduciendo costes de forma notoria y practicando economías de escala, mediante el establecimiento de un entorno homogéneo para el Gobierno de los servicios, utilizando plataformas electrónicas en el espacio abierto de Internet.

Asimismo, está visión basada en los principios de eficiencia, eficacia y racionalización administrativa, preconizados en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, permite configurar un modelo organizativo digital que conjuga dichos principios con los de igualdad de trato entre hombres y mujeres y modernización del aparato administrativo de la Consejería, con la mejora continuada de la calidad de los servicios y la permanente innovación en nuevas tecnologías en orden a simplificar la gestión administrativa para acercarla a la realidad humana y social de la ciudadanía, mediante medios electrónicos, cumpliendo los resultados previstos y mejorando la forma de llevar a cabo las transacciones electrónicas.

Constituye un objetivo fundamental de la Junta de Andalucía el disponer de bases facilitadoras, tanto tecnológicas como organizativas y de otra índole, para el impulso y ejercicio del Gobierno Electrónico, entendido como la continua optimización en la prestación de servicios públicos, acceso a la información pública y participación ciudadana mediante la transformación interna y externa de las relaciones con base en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y en el acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos, salvando el principio de equidad digital, como actitud política sostenida en el tiempo y en programas políticos perfectamente diferenciados, y como marco común y unificado de referencia para el establecimiento de la política informática en la Administración de la Junta de Andalucía y en sus entidades instrumentales, a diferencia de la mera Administración electrónica, que es la que permite la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación como soporte del Gobierno Electrónico, a través de componentes y servicios agregados.

De otro lado, a la hora de establecer las relaciones de cooperación y transferencia de tecnología y conocimiento con otras Administraciones Públicas con el debido ordenamiento y en el marco estratégico de un nuevo modelo unificado de Gobierno Electrónico en la Junta de Andalucía, se han de considerar los siguientes objetivos:

1. Desarrollar el principio general de cooperación y colaboración establecido en el artículo 3.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el principio de relación entre Administraciones establecido en la letra d) del artículo 4.1 de dicha Ley.

2. Desarrollar el principio general de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas, establecido en la letra e) del artículo 4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

3. Desarrollar el artículo 45 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, relativo a la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración, el cual dispone en su primer punto que las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de cualquier Administración.

4. Desarrollar los artículos 3 y 8.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. El artículo 3 establece que la Administración de la Junta de Andalucía se organiza y actúa de acuerdo con el principio de colaboración y cooperación en su relación con otras Administraciones Públicas. Asimismo, el artículo 8.1, dispone que en sus relaciones con otras Administraciones Públicas, la Administración de la Junta de Andalucía deberá facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias, y prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

 

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