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Precios Autorizados

El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye en su artículo 58.2.1º a esta Comunidad Autónoma las competencias exclusivas, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11ª y 13ª de la Constitución, sobre el fomento y planificación de la actividad económica en Andalucía.

En virtud del Real Decreto 4110/1982, de 29 de diciembre, de traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de intervención de precios, la Comunidad Autónoma de Andalucía asumió las competencias sobre precios autorizados, al igual que otras Comunidades.

Desde entonces, diversa normativa de ámbito autonómico ha venido regulando esta materia hasta la aprobación del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía, que constituye la principal norma en la materia.

El objeto del Decreto es la regulación de los procedimientos para la autorización del establecimiento, modificación o revisión de las tarifas de los servicios de competencia municipal que están sujetos al régimen de precios autorizados de ámbito local en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que seguidamente se relacionan.

En particular, dicho Decreto da respuesta a la necesidad de articular un procedimiento más ágil, sin perjuicio de que se garantice en todo caso la participación de las personas consumidoras y usuarias y de los agentes económicos y sociales. En este sentido, destaca la regulación de la autorización automática de las solicitudes de revisión de tarifas, no sólo de autotaxi sino también de transporte urbano colectivo.

Todo ello, en consonancia con las previsiones adoptadas por el Consejo de Gobierno de Andalucía en su Acuerdo de 27 de enero de 2009, por el que se aprueba el Plan de Medidas sobre simplificación de los procedimientos administrativos y de agilización de los trámites, que se concretaron parcialmente en la Ley 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

¿Qué tarifas están sujetas a autorización?

A los efectos del mencionado Decreto, son precios autorizados de ámbito local las tarifas aprobadas por los órganos competentes de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía relativas a los siguientes servicios:

  1. Abastecimiento de agua a poblaciones (siempre que la contraprestación económica no tenga la consideración de tasa, al tratarse de un tributo local).
  2. Transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo.
  3. Transporte urbano colectivo de viajeros.

El establecimiento o modificación de los precios cuya autorización se solicite deberá ser aprobado previamente por la Entidad Local correspondiente y tendrá que basarse en variaciones motivadas de los costes de producción o de comercialización o, en su caso, en las variaciones de las características del servicio de que se trate. El órgano competente para conceder la autorización tendrá en cuenta todos los factores de posible compensación de costes y muy especialmente los derivados de incrementos de productividad, así como consideraciones de política de control de precios.

¿Cómo se solicita?

La solicitud de autorización, presentada por la empresa o asociación que gestione el servicio o la Entidad Local donde se preste, debe ir acompañada de original o copia debidamente autenticada de la documentación prevista en el artículo 5.2 del Decreto 365/2009, que es la siguiente:

  1. Documentación acreditativa de la personalidad de la entidad solicitante y título administrativo que habilite para la prestación del servicio, siempre que no se trate de la Entidad Local en cuyo término de presta el servicio.
    En el caso de transporte urbano en vehículos de autotaxi, únicamente se deberá presentar la documentación acreditativa de la personalidad jurídica de la asociación profesional solicitante, en los mismo términos que el apartado anterior.
  2. Certificación del acuerdo del órgano competente de la Corporación Local aprobando, definitivamente en su caso, las tarifas cuya autorización se solicita, acompañado de copia completa del expediente tramitado por la respectiva Entidad Local.
    En caso de que se hubiera delegado la competencia para la aprobación de las tarifas, se deberá acompañar, además, copia debidamente autenticada del acuerdo de delegación.
  3. Informe del órgano competente por razón de la materia de la Entidad Local, en el que deberán figurar las razones que justifiquen la conveniencia y oportunidad, o la necesidad, de la nueva tarifa o de las concretas modificaciones que se pretenden (no es suficiente una motivación genérica de las mismas), salvo que ya constara en el expediente tramitado por la Entidad Local.
  4. Informe jurídico del órgano competente de la Entidad Local, relativo al efectivo cumplimiento de la normativa vigente en la aprobación de las tarifas, salvo que ya constara en el expediente tramitado por la Entidad Local.
  5. Memoria económica de la entidad o asociación profesional solicitante, en la que consten las tarifas vigentes y las nuevas tarifas solicitadas, indicando su porcentaje de incremento, en el caso de que se trate de una revisión. En cualquier caso, se deberán justificar detalladamente las razones que motivan el establecimiento o la modificación de la tarifa, que deberán estar fundadas en la variación de los costes de producción o de comercialización o en las variaciones de las características del servicio de que se trate, en los términos del artículo 3 del D.365/2009.
  6. La documentación específica que se establezca para cada sector por Orden de la Consejería competente (véase la D.T.2ª de este Decreto).

En materia de tarifas de autotaxi, como requisito adicional, las Entidades Locales deberán llevar a cabo, antes de la aprobación de las tarifas, el trámite de audiencia previa de todas las asociaciones representativas del sector del autotaxi y las personas consumidoras y usuarias, así como de las organizaciones sindicales con representación en su territorio, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 58.2 del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado por el artículo único del Decreto 35/2012, de 21 de febrero.

¿Cuándo?

Las solicitudes y la documentación deberán presentarse, preferentemente:

  1. Antes del 1 de octubre, para las autorizaciones de tarifas a aplicar al inicio del año siguiente.
  2. Antes del 1 de abril, para las autorizaciones de tarifas a aplicar en el segundo semestre del mismo año.

Las tarifas aprobadas en virtud de procedimientos cuyas solicitudes hayan sido presentadas con posterioridad a las fechas establecidas en el apartado anterior, serán de aplicación a partir de la fecha indicada en la correspondiente resolución de autorización, que podrá no coincidir con el inicio del año siguiente o del segundo semestre del mismo año.

¿Dónde?

Las solicitudes y su documentación adjunta, dirigidas a la Dirección General que se menciona, se podrán presentar en los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y preferentemente en los registros del órgano competente para la instrucción.

¿Órgano competente para la instrucción y resolución?

Todos los procedimientos de autorización del establecimiento o modificación de las tarifas mencionadas se instruirán en la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de esta Consejería de Hacienda y Administración Pública y se resolverán por la persona titular de dicho Centro Directivo.


D.G. Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales.
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana.
41092 Sevilla
Tfno. 955064997
Fax: 955064996

¿Qué procedimiento se sigue?

El procedimiento para la autorización es el previsto en los artículos 6 y siguientes del Decreto 365/2009.

¿Qué plazo hay para resolver?

La Administración Autonómica dispone de tres meses, desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su instrucción, para resolver expresamente la autorización solicitada. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá autorizado el establecimiento o la modificación de las tarifas.

¿Qué son las revisiones automáticas de tarifas?

La reglamentación vigente posibilita la revisión automática de las tarifas de autotaxi y transporte urbano colectivo, cuando la modificación solicitada consista únicamente en la actualización de las mismas en función del incremento del índice de precios al consumo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 11 del citado Decreto 365/2009.

Las tarifas revisadas automáticamente comenzarán a aplicarse el día 1 de enero del año siguiente a aquél en que se autoricen y la revisión automática sólo procederá sobre aquellas tarifas que tengan al menos un año de vigencia.

Las tarifas habrán de incrementarse únicamente conforme a la subida del IPC de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del período interanual que va de agosto del año anterior a agosto del año en el que se presenta la solicitud, sin que puedan introducirse nuevos conceptos tarifarios o modificar su ámbito de aplicación en la propuesta de revisión.

La solicitud de autorización, junto con la documentación preceptiva, deberá presentarse antes del 15 de octubre del año anterior a aquel en el que hayan de aplicarse las nuevas tarifas.

Las tarifas cuya revisión automática haya sido autorizada conforme a lo previsto en dicho artículo, habrán de estar vigentes al menos durante el período de un año, salvo que la persona titular de la Dirección General competente en materia de relaciones financieras con las Corporaciones Locales, mediante resolución motivada por razones debidamente acreditadas que pudieran afectar a la prestación del servicio de que se trate, autorizase una revisión en un plazo de vigencia inferior, por el procedimiento establecido con carácter general y previa solicitud de la entidad interesada.

 

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