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Montero reclama una “posición común” que identifique las demandas de Andalucía en el debate de financiación

La consejera de Hacienda denuncia el “esfuerzo fiscal diferencial” que debe realizar la comunidad para cubrir la insuficiencia de recursos

Andalucía, 06 de abril de 2016

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reclamado una “posición común” de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento que “identifique las demandas de Andalucía en el debate de financiación”, ya que “no deberíamos quedarnos atrás ante la posibilidad de que se acometan cambios trascendentes en los próximos meses”. En este sentido, ha lamentado que pese a que el sistema de financiación autonómica es un “elemento esencial” para la cohesión social y los derechos ciudadanos, Andalucía no ha logrado un “consenso” respecto a la reforma del modelo frente a otras comunidades, como Valencia, que han llevado al debate nacional sus propuestas, “lo que a la larga podría darles ventaja de cara a una reforma más favorable a sus intereses”.

En comparecencia en el Pleno, la consejera ha subrayado que “la unidad fortalece la capacidad negociadora y Andalucía necesita que nos pongamos de acuerdo”, porque el sistema de financiación es el que ha de proporcionar los mecanismos para que las comunidades autónomas “dispongamos de los recursos suficientes para atender nuestras competencias”. Montero ha reiterado que el sistema actual es “injusto e insolidario” con Andalucía y “no nos brinda la capacidad suficiente para desarrollar nuestras políticas”, limitando y comprometiendo “nuestro Estado de bienestar y nuestro crecimiento futuros”.

Si bien ha reconocido que el modelo vigente pretendía avanzar en términos de equidad, suficiencia y autonomía de las comunidades autónomas e incorporó avances para garantizar la igualdad en la prestación de servicios fundamentales, incrementar el grado de autonomía financiera o introducir mecanismo correctores anuales, no ha logrado los objetivos que perseguía.
Según Montero, el sistema actual no ha podido garantizar la suficiencia global de los recursos para el conjunto de las comunidades, “ni siquiera garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales”, cuya financiación “no ha dejado de disminuir desde 2009”. Y ha atribuido los desequilibrios producidos a factores como el contexto económico y financiero, las exigencias derivadas de la estabilidad presupuestaria o las “interpretaciones arbitrarias” en la distribución de determinados fondos.

Asimismo, se ha referido a “episodios de deslealtad institucional y de falta de transparencia” en la aplicación del sistema de financiación por parte del Gobierno central, que no ha compartido con las comunidades los incrementos en la recaudación o no ha atendido demandas puntuales como la de Andalucía sobre el aplazamiento y fraccionamiento de la liquidación negativa del año 2013, “que nos hubiese supuesto un respiro económico de 265 millones de euros en el Presupuesto de 2015”.

Montero ha criticado que Andalucía no ha mejorado la situación de partida del año 2009 y ha seguido estando por debajo de la media en financiación por habitante ajustado “a igualdad de competencias y en financiación por habitante de derecho”, y ha recordado que entre 2009 y 2013 (último ejercicio liquidado), la comunidad ha recibido 4.156 millones de euros menos de los que le hubieran correspondido de haber estado en la media de financiación. A ello se sumaría las cantidades de los siguientes ejercicios, una vez se conozcan las liquidaciones definitivas.

Esfuerzo fiscal
Sin embargo, para cubrir las insuficiencias de financiación y poder prestar el conjunto de servicios públicos, “muy especialmente los fundamentales”, a un nivel similar al resto de comunidades, Andalucía ha tenido que realizar un “esfuerzo fiscal diferencial” muy importante, según Montero. Concretamente, ha denunciado que el gasto social de la comunidad supera en más de 2.000 millones de euros los recursos que se reciben del Estado, “cantidad que año tras año hemos de detraer de otras partidas”.

En este sentido, se ha referido al esfuerzo que deben hacer las comunidades para incrementar sus ingresos tributarios, haciendo hincapié en que no todas las regiones tienen la misma capacidad fiscal para hacer frente a las caídas de ingresos. Como ejemplo ilustrativo señalaba que Andalucía recauda por IRPF, antes de deducciones, 9.000 millones de euros, frente a otras comunidades como Cataluña que, con casi un millón de habitantes menos, recauda más de 15.000 millones de euros, o Madrid, con dos millones menos de habitantes y casi 18.000 millones de euros de recaudación.

La consejera ha explicado que al tratarse de un impuesto progresivo, una moderada subida del IRPF en estas comunidades logra un aumento de ingresos por habitante fuera del alcance de otras regiones como Andalucía. Concretamente, el aumento de una décima en el tipo medio de IRPF lograría 6 euros por habitante en Andalucía y el doble en Madrid (12 euros), y 10 euros en Cataluña o Aragón. “Estamos en clara desventaja frente a otras comunidades”, que incluso han podido optar por rebajar algunos tributos “ocasionando una competencia tributaria a la baja inasumible para nuestras arcas públicas”, ha concluido.

Montero se ha congratulado del esfuerzo realizado por Andalucía para “gestionar mejor con menos recursos y mantener los servicios públicos fundamentales”, pero ha abogado por abrir “lo antes posible” el proceso para reformar el sistema de financiación. Asimismo, ha apelado al “diálogo” para conformar un modelo que “respete” los principios constitucionales, proporcione los “recursos suficientes” para atender las competencias de las comunidades, “blindar” los servicios básicos, “y sobre todo” que haga más equitativo el reparto de recursos sin diferencias regionales, que ayuden a la convergencia y “que nos dé a todas la misma autonomía real en los ingresos”.










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