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Montero confía en que el debate de la financiación autonómica se centre en las “necesidades de los ciudadanos”

La consejera de Hacienda informa en el Pleno del Parlamento sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 1 de diciembre

Andalucía, 14 de diciembre de 2016

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido que el debate de la financiación autonómica debe centrarse en las “necesidades de los ciudadanos” y en la defensa del Estado de bienestar, “respetando las obligaciones de consolidación fiscal pero también las garantías y derechos de los ciudadanos”. Por ello, ha confiado en que el Gobierno central “cumpla su palabra” y en la Conferencia de Presidentes, que se celebrará en enero, se aborde la problemática de los ingresos de las comunidades y de la regla de gasto, así como para los ayuntamientos, “de modo que puedan emplear su superávit en inversiones financieramente sostenibles en vez de tener que priorizar el pago de la deuda”.

Así se ha manifestado Montero en el Pleno del Parlamento donde ha comparecido para informar sobre los resultados del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró el pasado 1 de diciembre en Madrid. La consejera ha explicado que Andalucía se abstuvo en la votación sobre la ampliación en una décima del déficit de las comunidades para 2016 “porque mejoraba la previsión inicial”, pero ha expresado que “no es suficiente” ya que la Administración central continúa reservándose la mayor parte del margen, “pese a que las autonomías somos las encargadas de asumir las políticas que se han visto afectadas por graves recortes y que sustentan el Estado de bienestar”.

Durante su intervención, la consejera ha explicado que en los últimos años se ha impuesto una senda de consolidación fiscal “muy exigente” que, además ha sido “absolutamente desequilibrada verticalmente”, lo que la ha hecho “más injusta”. En este sentido, ha criticado que la estrategia del Gobierno de España para contener el déficit ha priorizado la reducción del gasto, afectando a la sanidad, educación y protección social, en lugar de impulsar una política de mejora de los ingresos públicos.

Asimismo, también ha denunciado que el esfuerzo exigido a las entidades territoriales ha sido muy superior al que se ha impuesto a sí mismo el Gobierno central, “un sobreesfuerzo que no se ha correspondido con el peso que tiene cada administración en el gasto público”. La consejera ha recordado que las comunidades son las encargadas de realizar en torno al 34% del gasto frente al 22% que corresponde al Estado, lo que no justifica que la pendiente sea mayor para las autonomías que son las que soportan el cote de ella salud, la educación y la dependencia.

Montero ha manifestado su “rotundo desacuerdo” con esta distribución de los objetivos de déficit y ha denunciado que el Gobierno de España tampoco ha explicado la metodología que utiliza en el reparto, ya que no se fijan de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea o con los criterios formulados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Concretamente, la consejera se ha referido a los datos de 2015, año en el que el Gobierno central se reservó el 83% del objetivo de déficit, aunque solo gestionaba el 57% del gasto público, mientras que le asignó el 16% a las comunidades autónomas que gestionaron el 32% del gasto público.

Nueva senda

Respecto a la última reunión del CPFF, Montero ha explicado que el Gobierno central propuso una “nueva senda de consolidación” tras escuchar a las comunidades que como Andalucía reclamaban un margen adicional sobre su propuesta inicial, de modo que se han fijado finalmente nuevos objetivos de estabilidad en el 0,7% del PIB en 2016, el 0,6% en 2017, el 03% en 2018 y el 0% en 2019. No obstante, ha lamentado que se mantiene la situación de desequilibrio a favor del Estado que se reserva una de las dos décimas del PIB adicionales concedidas por Bruselas, mientras que la otra décima se destina a las comunidades autónomas, “lo que permitirá suavizar la pendiente de reducción del déficit”.

En el CPFF también se adoptaron otras decisiones “de gran relevancia para las comunidades autónomas”, como la creación de un grupo de trabajo que, bajo la supervisión de la AIReF, analizará la aplicación y posible reforma de la regla de gasto. En este punto, ha reiterado que Andalucía ha defendido la necesidad de reflexionar sobre la interpretación que la normativa española ha hecho de la regla de gasto europea así como sobre su aplicación.

Montero considera que una interpretación “rígida” de la regla de gasto, junto a los problemas técnicos asociados a su cálculo y aplicación, suponen una restricción para las finanzas públicas, con consecuencias muy importantes sobre el crecimiento económico a corto y largo plazo. De ahí que en la reunión se adoptara la decisión de elevar este asunto al “máximo nivel de coordinación política”, para lo que se reunirá la Conferencia de Presidentes el próximo mes de enero donde se abordarán la reforma del sistema de financiación así como de la regla de gasto.

El ministro de Hacienda también informó en la reunión de las medidas tributarias que se adoptarían para afrontar un ajuste de 7.000 millones de euros, fundamentalmente a traves de la subida de impuestos y cotizaciones sociales. Según las previsiones del Gobierno central, el Impuesto de Sociedades reportará 4.650 millones de euros y se subirán los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco.

En este punto, la consejera ha recordado que la recaudación de estos impuestos está compartida con las comunidades autónomas, si bien el ministro no aclaró si la recaudación obtenida con la subida sería también compartida o se ajustará a la baja el Fondo de Suficiencia Global “que es lo que ha venido haciendo el Gobierno de España”. Respecto al anuncio de la creación de un nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas y carbonatadas, justificado para desincentivar su consumo dado los perjuicios que causan sobre la salud, ha señalado que tampoco quedó claro que se destine a la financiación del gasto sanitario ya que el ministro no especificó que sean las comunidades las beneficiarias de la recaudación.


 

 





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