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Andalucía pide flexibilizar el objetivo de déficit

Tras tres años de cumplimiento Montero exige que se le de un respiro a las comunidades autónomas

Andalucía, 15 de febrero de 2016

Comision

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha destacado que Andalucia redujo su déficit en 679 millones de euros en 2015, más de medio punto del PIB respecto al año anterior, y ha vuelto a ser una “comunidad cumplidora”. En concreto, ha explicado que se ha cerrado 2015 con un déficit del 0,81% del PIB, que se habría situado en el 0,64% si no se hubiesen tenido que incluir los 265 millones procedentes de la liquidación del modelo de financiación de 2013 “que el Gobierno de España no ha aceptado aplazar y fraccionar pese a haberse comprometido a hacerlo”. Una cifra que “nos va a situar entre las comunidades con menos déficit de toda España”.

En la inauguración de un seminario sobre “Consolidación fiscal y cohesión social” en el que también participa el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, la titular de Hacienda ha defendido que “Andalucía está legitimada para exigir un mayor equilibrio en las decisiones y un reparto más equitativo de los esfuerzos porque, aun estando en desacuerdo con los objetivos y claramente perjudicados por el sistema de financiación, hemos hecho nuestros deberes con responsabilidad en los últimos años”.

Según Montero, la crisis económica, unida a las políticas de ajuste, han provocado un deterioro social y un aumento de la desigualdad, sin haber conseguido poner freno al endeudamiento, que alcanza ya el 100% del PIB nacional. Por eso ahora es necesario “impulsar el crecimiento en paralelo al proceso de consolidación fiscal y no priorizar éste sobre cualquier otra consideración”, porque “es tan importante la estabilidad presupuestaria como las políticas sociales”.

En su opinión, el nuevo Gobierno que se constituya en España debería, a nivel externo, negociar con la Comisión Europea “una senda realista del cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal y un calendario flexible” ya que de nada sirve mantener unos “objetivos irrealizables a costa de una severa ralentización del crecimiento”. A nivel interno, se debe acordar un reparto más equilibrado de los objetivos de déficit y deuda porque hasta ahora la Administración Central se ha reservado la mayor parte del margen de déficit obligando a las comunidades a realizar un intenso proceso de consolidación presupuestaria y fuerte ajuste en el gasto pese a ser las administraciones competentes para atender las políticas sociales.

En su intervención, la consejera ha argumentado que también es esencial para la sostenibilidad de las finanzas públicas y del Estado del Bienestar conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que la mayor parte de las comunidades “coincidimos en que el actual no garantiza la suficiencia de recursos, ni tan siquiera un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales”, no es equitativo y ha ampliado las desigualdades de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal.

Montero ha confiado en que Andalucía contribuya “de manera decisiva” en las negociaciones sobre el nuevo modelo, dada la importancia relativa que representa en el conjunto de España y la “centralidad de nuestras posiciones”. Entre otras propuestas, ha considerado “imprescindible” acometer la evaluación del coste de prestación de los servicios públicos fundamentales en unos niveles “adecuados y dignos para un país desarrollado como España”, y que este coste se fije como el mínimo de financiación de los servicios públicos fundamentales, superando el actual statu quo.

También ha argumentado la conveniencia de simplificar el modelo de financiación y de eliminar los fondos de convergencia, “ya que no sirven para converger sino para distorsionar el modelo”. En su lugar, habría que dirigir estos recursos al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que es el instrumento que recoge la Constitución para corregir desequilibrios económicos interterritoriales.

Por último, Montero ha abogado por potenciar una gestión pública innovadora e impulsar la excelencia de los servicios públicos, con medidas como el presupuesto por resultados, la evaluación de las políticas y la rendición de cuentas, que también contribuyen a la sostenibilidad de las finanzas públicas.










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