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El Plan de Inspección de la Junta para 2016 incorpora el control sobre las obligaciones legales de transparencia

El documento, aprobado por el Consejo, establece medidas de seguimiento en 119 centros de la Administración autonómica y sus entes instrumentales

Andalucía, 19 de julio de 2016

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan General de Inspección de Servicios para 2016, que recoge las actuaciones de control sobre la actividad de las consejerías y entidades instrumentales durante el año en curso. Como principal novedad, incorpora un apartado específico sobre transparencia para el seguimiento y vigilancia de las obligaciones legales, en su doble vertiente de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.

El Plan de Inspección, elaborado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública previa consulta a los diferentes departamentos de la Junta, se configura como un instrumento para velar por el cumplimiento de la normativa y garantizar los principios de legalidad, eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la Administración autonómica. Se organiza en torno a las áreas de Atención a la Ciudadanía, Personal, Procedimiento y Organización Administrativa, e Informática y Telemática, a las que se suma este año la de Transparencia. La previsión para 2016 es la realización de actuaciones de control en un total de 119 centros (71 de la Administración general y 48 de entes instrumentales).

Respecto a la nueva área de inspección, el plan establece dos grandes bloques de medidas. El primero se centra en la comprobación de la constitución y funcionamiento de las Unidades y Comisiones de Transparencia en todas las consejerías. A través del segundo, se verifica la publicación y actualización de los procedimientos administrativos, con indicación de aquellos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica.

El mayor número de actuaciones previstas para 2016 se realizará en el ámbito de Organización Administrativa, con el objetivo de avanzar en el adecuado y eficaz funcionamiento de los servicios públicos. Para ello, se analizará la estructura organizativa de los servicios centrales de las consejerías poniendo en relación las competencias que tienen asignadas y la dotación de recursos humanos. Ello permitirá obtener información sobre la adecuación del personal a sus respectivas cargas de trabajo.

Asimismo se comprobará si se están evaluando los planes y programas que se impulsan desde la Junta para medir su impacto y repercusión en la sociedad. Entre otros, se verificará el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Mejora de los Centros de Valoración y Orientación de las Personas con Discapacidad, puesto en marcha en 2014.

En el ámbito de Personal, la principal novedad es la realización de un estudio sobre la repercusión en el entorno laboral de factores de riesgo psicosocial que generan ambientes de conflicto pero que en sí mismos no constituyen motivos de infracciones administrativas que justifiquen expedientes disciplinarios.

En cuanto al área de Procedimiento Administrativo, se analizará la distribución de competencias entre órganos con el fin de evitar duplicidades y merma en la eficiencia de la gestión pública. Del mismo modo, se arbitrarán nuevos mecanismos para que, de forma preventiva, se impidan comportamientos impropios e inadecuados de los servidores públicos que puedan derivar en abusos de su posición en beneficio privado.

Dentro del proceso de racionalización en el uso de productos ofimáticos de la Junta, en el apartado de Informática y Telemática se estudiará el uso de herramientas informáticas de fuente abierta así como los puestos de trabajo que requieren del uso de soluciones bajo licencia.

Finalmente, en el ámbito de la Atención a la Ciudadanía, el Plan continuará con el análisis iniciado en 2014 sobre la atención especializada que se presta a colectivos considerados especialmente vulnerables, como personas dependientes, demandantes de empleo, y víctimas de delitos y de violencia. Del mismo modo, se evaluará la prestación de los servicios públicos, en materia no sanitaria, a partir de la información registrada a lo largo de 2015 en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta.


 

 





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