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El Consejo aprueba el Decreto ley que modifica el Impuesto de Sucesiones para mejorar su equidad y progresividad

La reforma amplía las deducciones por la herencia de vivienda habitual y lleva al 99% las reducciones en las explotaciones agrarias

Andalucía, 26 de julio de 2016

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto ley de medidas relativas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones que rebajará la carga tributaria de las herencias, reforzando su progresividad y equidad, con el fin de favorecer a las rentas medias y trabajadoras de la comunidad autónoma. La norma, que supone la modificación del Decreto Legislativo 1/2009 por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por Andalucía en materia de tributos cedidos, entrará en vigor tras su publicación en el BOJA.

En rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha explicado que la norma aprobada supone adaptar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a la realidad económica y social, lo que redundará en un aumento de la renta disponible para todos los andaluces. “Andalucía aprovecha la incipiente recuperación para dibujar un mapa fiscal más beneficioso para las familias y las empresas; un entorno que atraiga más oportunidades de empleo e inversión”, ha subrayado.

Montero ha explicado que la reforma se realizará en dos fases. En esta primera aprobada hoy se amplían las deducciones por la herencia de vivienda habitual para los descendientes directos que hubieran convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento, de modo que la desgravación oscilará entre el 100% para inmuebles de hasta 122.606,47 euros y el 95% para aquellos con un valor real de más de 242.000 euros. Otra de las reformas introducidas en este ámbito es la reducción del periodo de mantenimiento del inmueble recibido de 10 a 3 años, a partir de los cuales los herederos podrán venderlo.

Por otra parte, se ha establecido una reducción automática del 99% en herencias o donaciones de explotaciones agrarias, con el fin de facilitar la transmisión interregeneracional en este sector que constituye la principal actividad productiva de la comunidad autónoma. Los requisitos para acceder a esta desgravación se han flexibilizado de forma que ya no será necesario que el ejercicio de la actividad agrícola se desarrolle de manera personal y directa por la persona fallecida que deja la herencia, sino también por su cónyuge o descencientes en los casos en que el titular de la explotación estuviera jubilado o en situación de incapacidad permanente. Además, se suprime la condición de que haya sido su principal fuente de renta, dada la naturaleza de los rendimientos de este tipo de empresas altamente dependientes de la temporalidad de las campañas agrícolas.

En las herencias y donaciones de explotaciones agrarias también se reduce el periodo de mantenimiento de la actividad para beneficiarse de las deducciones fiscales, desde los diez años a los cinco años.

Montero ha destacado que estas medidas pretenden conseguir una mejor distribución de la carga fiscal así como ponderar adecuadamente los requisitos de las deducciones, “para no poner trabas al relevo generacional en el campo andaluz y a aquellos hijos que heredan de sus padres su vivienda habitual”.

La consejera ha subrayado que estas reformas serán de aplicación “inmedidamente” tras su publicación en el BOJA, mientras que en una segunda fase se abordará otra modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que corregirá el error de salto que actualmente afecta al tributo y mejorará la ponderación de las deducciones y los requisitos para acceder a las bonificaciones.

Según ha expresado, se aumentará el mínimo exento de tributación para las herencias recibidas por parientes directos, que pasará de 175.000 euros 250.000 euros. Además, para bases imponibles de entre 250.000 y 350.000 euros se creará una reducción de 200.000 para corregir el error de salto en esta franja de herencias. Estas reformas se tramitarán en la Ley de Presupuesto de la comunidad con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero de 2017.


 

 





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