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Montero destaca que se están dando pasos “muy relevantes” en la reducción de los tiempos de pago “en todos los sectores”

La consejera avanza en el Parlamento que el periodo medio de pago a proveedores ha bajado a 38,55 días en el mes de enero

Andalucía, 17 de marzo de 2016

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha destacado que se están dando pasos "muy relevantes" en la reducción de los tiempos de pago "en todos los sectores que se sitúan en el ámbito de la deuda comercial". En respuesta a una pregunta parlamentaria, la consejera ha subrayado que se está avanzando en el proceso de situar el periodo medio de pago a proveedores dentro del plazo de 30 días establecido por la normativa de estabilidad presupuestaria y que este objetivo también integra a las pymes y las personas emprendedoras.

Montero ha trasladado en el pleno los últimos datos del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) publicados por el Ministerio de Hacienda correspondientes al mes de diciembre y que mantienen a Andalucía 10 días por debajo de la media regional. Concretamente, la comunidad se situó en 42 días (42,49) frente a los casi 53 de la media (52,81 días). Asimismo, avanzó el dato publicado por su departamento esta misma semana que ha reducido el PMP de enero hasta los 38,55 días.

La consejera ha recordado que se está trabajando en la implantación del Censo Único de Obligaciones que permitirá integrar en una sola herramienta de gestión toda la información necesaria para la toma de decisiones en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de pago de la comunidad autónoma. "Esta herramienta va a posibilitar el análisis y disminución de los plazos de tramitación que necesariamente han de tener lugar con carácter previo al pago", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que el Decreto de garantía en los tiempos de pago anunciado por la presidenta de la Junta contribuirá a la consecución "gradual" del objetivo de los 30 días, estableciendo además "reducciones adicionales" en los tiempos de pago de obligaciones que afectan a los sectores relacionados con los servicios públicos esenciales en materia sanitaria, educativa o de servicios sociales. De este modo -ha concluido- se evidencia el compromiso del Gobierno andaluz con "la garantía de la provisión de los servicios públicos fundamentales, realizándose una gestión eficiente y sensible de la deuda comercial".










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