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Montero defiende que las cláusulas sociales sitúan a Andalucía a la vanguardia en contratación pública

La contratación pública representa el 19 % del PIB regional

Andalucía, 24 de noviembre de 2016

Comision

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha destacado que las claúsulas sociales sitúan a Andalucía a la vanguardia en contratación pública y ha defendido el papel ejemplar de la Junta, “la mayor empresa de la comunidad autónoma”, en la protección del medio ambiente, las políticas sociales y el fomento de la innovación, pues “brinda a las empresas incentivos reales para desarrollar una gestión sostenible y socialmente responsable”.

Así se ha manifestado, durante la inauguración de las jornadas sobre el nuevo marco normativo de la contratación, organizadas en Sevilla con el objetivo de abordar los cambios registrados en este ámbito por la aplicación de las directivas europeas, la introducción de las claúsulas sociales o los avances incorporados en materia de eficiencia y transparencia en la gestión de los contratos de las administraciones públicas.

Montero ha subrayado que la contratación pública representa el 19% del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, de ahí la necesidad de abordar su futuro “con una visión integral”, dado su “potencial transformador” como instrumento estratégico de las políticas públicas. En este contexto, se ha referido a las claúsulas sociales y medioambientales, aprobadas por el Gobierno andaluz y consensuadas con los agentes sociales y la patronal, dirigidas a la consolidación de un tejido empresarial “sostenible” y con un fuerte compromiso social y medioambiental, así como a favorecer la inserción laboral de las personas con más dificultades para acceder al empleo.

La consejera también ha aludido a los avances realizados por la administración autonómica para racionalizar y mejorar la eficiencia de las compras públicas “favoreciendo el control del gasto”, así como para reforzar la transparencia en la gestión de los contratos. “Tenemos la oportunidad de convertir la compra pública en una herramienta estratégica de enorme potencial para contribuir al desarrollo sostenible, impulsando un crecimiento económico que vaya acompañado de progreso social y de respeto al medio ambiente”, ha subrayado.

Montero ha avanzado que desde su departamento se está trabajando en un modelo de contratación común para toda la Junta de Andalucía, orientado a la simplificación de tiempos y procedimientos y que asegure la calidad en la prestación de los servicios públicos. La centralización en la contratación permitirá, a su juicio, dotar de mayor flexibilidad las licitaciones públicas y simplificar los procesos de adjudicación. Se trata, según ha explicado, de “obtener mejores resultados con la menor inversión posible, tanto en términos de tiempo como de recursos económicos y personales, y garantizar así un uso eficiente de fondos públicos”.

En esta línea y con el fin de “asegurar la máxima transparencia”, la consejera también ha anunciado un Portal único de contratación, que será punto de acceso común a la contratación de la Junta de Andalucía para empresas, ciudadanos y gestores, y que estará operativo en 2017. También ha manifestado la necesidad de establecer mecanismos y herramientas para la evaluación de la contratación pública, mediante la definición de indicadores de seguimiento y control, la implantación de un sistema de análisis de la información y el desarrollo de aplicaciones específicas de seguimiento en los contratos.

Tribunal de recursos contractuales
Las jornadas, que se desarrollan entre los días 24 y 25 de noviembre, han sido organizadas por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública, y contarán con la participación de técnicos de la Administración andaluza, así como con representantes de otros tribunales autonómicos, y juristas de la Universidad y el TSJA.

Creado en 2011, como órgano especializado y de plena independencia funcional, el Tribunal administrativo andaluz permite corregir malas prácticas en la contratación pública e evitar la vía judicial para la resolución de controversias. Desde su puesta en marcha, ha dictado más de 1.400 resoluciones que constituyen un “cuerpo de doctrina” que sirve de guía en los procedimientos de contratación de la administración pública.


 

 





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