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La Junta paga en una media de seis días las facturas vinculadas a salud, educación y servicios sociales

La consejera de Hacienda y Administración Pública presenta la primera memoria anual de la Oficina de Atención a Personas Acreedoras

Andalucía, 2 de mayo de 2018

La Junta de Andalucía ha tramitado en el último año un millón de facturas vinculadas a sanidad, educación y servicios sociales, con un importe total de 4.318 millones de euros y una media de tiempo de pago de seis días, muy por debajo de los 20 fijados en el decreto que implantó esta garantía, en vigor desde marzo de 2017. Así se recoge en la primera memoria anual de actuaciones de la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, constituida a raíz de la aprobación de la norma.

El balance ha sido presentado hoy al Consejo de Gobierno por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien ha destacado que esta iniciativa “da seguridad a empresas y ciudadanos, refuerza los servicios públicos y asegura la sostenibilidad del estado del bienestar, consolidando un derecho de nueva generación que no existe en ninguna otra administración”. Los abonos en tiempo reducido reducido han llegado a más de 192.000 empresas y personas, entre proveedores de servicios y perceptores de ayudas directas.

El pago a 20 días, por debajo de los 30 que marca el Gobierno central, se establece a través de una garantía que, en caso de retraso, permite a las empresas cobrar sus facturas directamente en una entidad bancaria. Durante el año de vigencia del decreto, ninguna empresa ha ejercido este derecho. En relación con ello, la consejera ha señalado que “la medida protege a las empresas que contratan con la Junta de Andalucía, especialmente a las pymes y a los miles de trabajadores que dependen de estos contratos, desde comedores escolares a empresas de limpieza o seguridad”.

Los 20 días también rigen para el abono de becas y ayudas al estudio, medicamentos a las oficinas de farmacia y compensaciones económicas por la asistencia jurídica gratuita. En el caso de las de subvenciones destinadas a las prestaciones fundamentales de salud, educación y servicios sociales, la norma fijó por vez primera un periodo máximo de 45 días para su percepción.

Montero ha subrayado que, aunque el decreto se circunscribe a estas áreas prioritarias, su desarrollo ha servido también como motor para acelerar el resto de los pagos de la Administración autonómica. En el cómputo global de todos ellos, Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma de régimen común que abona sus facturas en menor plazo, 18 días por debajo de la media y 25 antes que la Administración central.

Un millón de facturas
Del total de los 4.318 millones de euros de pagos garantizados en los tres ámbitos prioritarios, 2.189 (el 52%) correspondieron a proveedores del sector sanitario, 1.156 (27%) a los de educación y 972 (22%) a los de servicios sociales. Casi dos tercios (el 57%) se destinaron a financiar contratos vinculados a servicios asistenciales; conciertos y convenios; mantenimiento de instalaciones (limpieza, seguridad y vigilancia), y suministros de electricidad, agua y combustible, necesarios para el funcionamiento de los centros e instalaciones. El 43% restante fue para el abono de prestaciones, ayudas y subvenciones a particulares, asociaciones y entidades locales.

Dentro del sector sanitario, 1.379 millones (63% del total) se destinaron a farmacias para la dispensación de medicamentos; 335 millones (15%) a la asistencia (hemodiálisis, pruebas diganósticas, transporte sanitario), 70 millones (3%) a suministros básicos de los centros.

El área educativa generó el mayor número de facturas, más de 800.000, por un importe total de 1.156 millones de euros. El 60% de los pagos correspondió a la enseñanza concertada y el 20% al primer ciclo de la Educación Infantil. Destacaron en este ámbito los servicios fundamentales para la conciliación familiar, entre ellos los comedores (32,5 millones) y el aula matinal, las actividades extraescolares y el transporte escolar (55,4 millones de euros); el programa de gratuidad de libros de texto (75,8 millones de euros), y las becas y ayudas al estudio (64,4 millones).

Respecto a los servicios sociales, el 88% de los pagos (855 millones) se destinó a prestaciones, ayudas y subvenciones para residencias de personas mayores, unidades de estancia diurna, ayuda a domicilio y respiro familiar. Otros 60 millones sufragaron convenios y pagos a ayuntamientos para los servicios sociales comunitarios y para la atención a la dependencia, a las mujeres y la población migrante. Los pagos vinculados a la justicia gratuita y a los servicios de orientación alcanzaron los 42 millones de euros.

En la Oficina de Atención a Personas Acreedoras los interesados pueden acceder a la información sobre el estado de tramitación de sus facturas y obtener un certificado que acredite la deuda vencida en el caso de reclamación por demora. En estas situaciones, el proveedor recibe contestación en siete días hábiles indicándole la fecha prevista para el abono de la factura



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