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El IAM amplía a las zonas rurales el servicio de atención psicológica a menores víctimas de violencia de género

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) amplía desde enero al ámbito rural el programa de Atención Psicológica a Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que hasta ahora se prestaba en los centros provinciales del IAM, ubicados en las capitales, y que ahora pretende mejorar su servicio acercándolo a las zonas más alejadas y con mayor demanda de atención. El servicio será prestado en varias zonas estratégicas de cada provincia, lo que ahorrará tiempo y costes de desplazamiento a las personas usuarias. El programa atendió durante el pasado año 2013 a un total de 842 menores, lo que supone un 15% más que en 2012.

 

Según ha explicado la directora del IAM, Silvia Oñate, la ampliación se enmarca dentro del compromiso de la Junta de Andalucía con el mantenimiento de las políticas de igualdad y del sistema integral de atención a las víctimas, en un contexto nacional de recortes sociales “que está mermando la atención social y, en consecuencia, el bienestar social de las poblaciones del ámbito rural”.

 

Frente a ello, ha apuntado Silvia Oñate, “la Junta de Andalucía mantiene su apuesta por la atención a la ciudadanía, y especialmente a las víctimas de violencia de género”, con un aumento de la dotación presupuestaria para violencia del 1,9% para 2014, y con “nuevos servicios que se adapten a las necesidades detectadas y que mejoren la cercanía, eficacia y calidad de dicha atención”. Entre ellos, Oñate ha destacado la ampliación al ámbito rural de la atención psicológica a hijos e hijas de víctimas de violencia de género, un servicio que el IAM presta desde 2009 a través de la asociación Acción Social por la Igualdad, y que tiene como objetivo mejorar el bienestar psicosocial y atender las necesidades socioeducativas de los hijos e hijas, de entre 6 y 17 años, de las mujeres que sufren o han sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja, y que son también víctimas directas.

 

En concreto, el servicio pretende aumentar la autoestima, resolver conflictos psicológicos derivados de su situación, potenciar actitudes y comportamientos empáticos, así como eliminar los estereotipos y prejuicios de género. Con respecto a las madres, se les enseña a identificar señales de alarma previas a la reproducción de conductas violentas por parte de los menores, a mejorar las relaciones entre madre e hijo/a y a orientar sobre las pautas educativas más adecuadas dada la edad evolutiva de los menores.

 

Los niños y niñas que, desde edades muy tempranas, están expuestos a la violencia de género en sus hogares corren el riesgo de reproducir esos patrones o sufrir secuelas que lastren el resto de su vida. Se trata de menores que cargan diversas consecuencias psicológicas, emocionales, sociales, cognitivas y físicas, en función del tipo de exposición a dicha violencia. A ello se añaden los problemas derivados del derecho del maltratador a los regímenes de visita, que puede dar lugar a que el menor se convierta en víctima directa como instrumento de daño del agresor hacia la madre.

 

Estos riesgos se suman al fenómeno creciente de los casos de maltrato en parejas jóvenes, según alerta el IAM, que desarrolla desde el pasado año un servicio de atención psicológica gratuita a mujeres menores de edad que ya han sufrido violencia de género en sus primeras relaciones afectivo-sexuales. 

 

El IAM ha logrado que el recién renovado Procedimiento de Coordinación Institucional para la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, firmado por agentes sociales y Gobierno central, incluya a las personas menores como víctimas directas, lo que supone un importante paso, al hacerles visibles y, por tanto, mostrar sus necesidades. Esta iniciativa se incluye en el Pacto Andaluz por la Igualdad de Género, elaborado de forma conjunta por el Gobierno andaluz y el tejido asociativo, y en el que la Junta se ha comprometido además a velar para que desde las instancias judiciales se suspendan cautelarmente el régimen de visitas en los casos en que las víctimas se encuentren en centros de acogida por motivos de seguridad.