La normalización de la toponimia municipal en Andalucía en 1916
El 2 de julio de 1916 se publicaba en la Gaceta de Madrid (antecesor del BOE) el Real Decreto refrendado por el Conde de Romanones que ordenaba el cambio de nombre de 566 ayuntamientos españoles «a fin de que desaparezca la extraordinaria y lamentable confusión originada por el hecho de existir, entre los 9.266 Ayuntamientos que constituyen la Nación, más de 1.020 con idénticos nombres». Así, por ejemplo, el actual municipio de Castellar de la Frontera, antiguamente Castellar, compartía denominación hasta con tres municipios más, siendo uno de los topónimos más repetidos.
Esta reforma fue promovida por la Real Sociedad Geográfica con una propuesta presentada en 1906 y supuso un hito en el proceso de normalización toponímica en España, puesto que por vez primera el Estado intervenía sobre la denominación de tan elevado número de ayuntamientos, con el fin de evitar confusiones y duplicidades, reconociendo así la importancia del nombre de lugar como referente geográfico, político y administrativo.
La reforma, según resaltaba la exposición del Real Decreto, había procurado limitar en lo posible las modificaciones, persiguiendo que afectaran al menor número de localidades. Dejaba intacto el nombre a las poblaciones que entonces contaban con mayor categoría administrativa, al ser capitales de provincia, cabezas de partido judicial o por tener un número significativo de habitantes, mientras que variaba el topónimo de las entidades de población con menor número de vecinos, intentando que el calificativo que se le asignaba, fuese un complemento que facilitase su identificación y no fuera arbitrario «sino el que la tradición, el uso o los afectos de cada localidad vienen consagrando y teniendo también presentes los antecedentes históricos».
En la reforma se observó «con especial predilección», como expresa el Decreto, que el nombre se refiriera a ríos, montañas, territorios o cualquier particularidad geográfica cercana al Ayuntamiento «habida cuenta del carácter de perpetuidad del accidente que califique y distinga al pueblo de que se trate, a fin de que lleve consigo la casi inmutabilidad de su nueva designación».
Desde el punto de vista político, la reforma emprendida en la Restauración fue un ejemplo de oficialización toponímica, al ser promulgada por un Estado liberal unitario sobre la base de las propuestas elaboradas por instituciones académicas, aunque es de resaltar la escasa participación de los agentes afectados. Pese a la elevada aceptación de la propuesta, algunos ayuntamientos reclamaron, obligando a diversas rectificaciones.
En el caso de Andalucía el Decreto, que ha cumplido un siglo, afectó a 28 municipios, aunque se han realizados seis modificaciones posteriores, dos de ellas de una cierta entidad y relacionadas con la no aceptación de la nueva propuesta, como es el caso del topónimo propuesto por el Real Decreto de 1916 para Higuera de Aracena, que fue modificado casi inmediatamente por el actual Higuera de la Sierra.
Algunas de las propuestas de cambio presentadas en el proceso de elaboración del proyecto de 1916 no fueron recogidas en el Real Decreto. Para Villamanrique (Sevilla) la Real Sociedad Geográfica propuso Villamanrique de Zúñiga, como era citado en el diccionario geográfico de Pascual Madoz y en el Censo de 1857, pero en 1859 el Duque de Montepensier compró una gran finca en el término y se prefirió Villamanrique de la Condesa, en honor a la hija de los duques, doña María Isabel de Orleans, Condesa de París.
Los municipios que en Andalucía se vieron afectados fueron los siguientes:
*En 1920 se integraron los municipios de Doña María y Ocaña, pasando a denominarse: Doña María-Ocaña. El 16 de septiembre de 1976 el Consejo de Ministros aprobó la fusión voluntaria de los municipios de Escúllar y Doña María-Ocaña en uno solo, bajo la denominación de Las Tres Villas, otorgando la capitalidad al núcleo de población a Doña María-Ocaña.
Puede verse el decreto completo aquí.
