El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha instado a todas las instituciones públicas, privadas, medios de comunicación, agentes sociales y a la ciudadanía en general a prestar “su máxima implicación” para crear un “frente común” que ponga freno al creciente número de casos de violencia de género, un “gravísimo problema que nos afecta a todos y a todas, independientemente del nivel social, cultural, económico y de la edad”. El IAM ha manifestado su “más absoluta condena y repulsa” ante el incremento de asesinatos de mujeres por violencia machista y ha recalcado la importancia de una “tolerancia cero ante cualquier manifestación de la violencia de género, ya sea psicológica, física o sexual”. Así, ha insistido en la necesidad de potenciar “un pacto social” permanente que extreme la concienciación ciudadana en este tema. Por ello, convocará al Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, en el que participan instituciones, sectores profesionales, asociaciones de mujeres y agentes sociales. Junto a ello, el Instituto reunirá de manera inmediata al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), con el fin de reforzar todas las medidas contra la violencia junto al ámbito asociativo.

Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, España ha registrado hasta el mes de agosto un total de 38 casos mortales por violencia de género (9 de ellos en Andalucía), lo que supone un 21% más que en el mismo período del año anterior (cuando se registrados 30 casos, 7 de ellos en Andalucía).

El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), órgano colegiado de participación de las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta de Andalucía, ha instado al Gobierno central a retirar “de urgencia” el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, ya que “vulnera el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida”. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, se ha reunido de urgencia con la comisión permanente del CAPM para informarle del tratamiento de este asunto en la reunión preparatoria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebró el pasado viernes, y de su inclusión en el orden del día de la reunión que mantendrán todos los consejeros autonómicos con la ministra de Sanidad el próximo miércoles.

Según ha explicado la consejera, el anteproyecto de reforma, elaborado hasta ahora “desde un punto de vista de penalización a la mujer, se ha querido ahora revestir desde el ámbito sanitario”, y “precisamente desde ese ámbito se desprotegen los derechos de las mujeres”. En este sentido, Sánchez Rubio ha incidido en que la futura ley “no sólo atenta contra el derecho a decidir de la mujer, sino también sobre su salud”, al no garantizar la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios y promover el aborto clandestino en las mujeres con escasos recursos.

El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), representado en sus vicepresidentas, Silvia Oñate y Rocío Pérez, ha entregado hoy en el Parlamento de Andalucía una carta dirigida a los grupos políticos con representación parlamentaria para instarles a que exijan al Gobierno de España la retirada inmediata del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada. El CAPM fue el primero en Andalucía en exigir -mediante una carta dirigida al Gobierno central el pasado 23 de diciembre- la retirada de dicha reforma.

Según explica el documento, la reforma legal “vulnera la capacidad de decisión de las mujeres en relación a su maternidad”, y “las considera incapaces de decidir” por sí mismas sobre su proyecto de vida. Para el CAPM, “se trata de una imposición ideológica y moral” para la que ”no existía ninguna demanda social”, que “contraviene las directrices de la Organización Mundial de la Salud y sitúa a España a la cola de Europa en lo relativo a derechos de las mujeres”, con la regulación “más restrictiva de los países de nuestro entorno”.

Según el CAPM, la derogación de la actual ley, que “había reducido el número de abortos”, afectará especialmente a las mujeres con menos recursos, ya que “finalmente serán las que no podrán salir fuera de España para interrumpir su embarazo”.

Además, recuerda el CAPM en la carta, el anteproyecto de Ley “excluye el apartado de salud sexual y reproductiva, que garantiza la prevención de embarazos no deseados, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y, en general, los medios para que la maternidad sea una decisión libre de las mujeres”.

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