El TÍTULO IV del Código Civil relativo al matrimonio, concretamente en su  CAPÍTULO IX,  denominado “los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio”,  podrán ser aplicables en las uniones de hecho con descendencia,  ya que la relación jurídica paterno-filial es idéntica en las uniones matrimoniales y no matrimoniales.

Respecto a las consecuencias patrimoniales, en la ruptura de las uniones no matrimoniales, no cabría en principio establecer pensión compensatoria para la mujer, pues dicho derecho se fundamenta en el Artículo 97 del Código Civil, siendo reiterada la jurisprudencia que considera que no es de aplicación analógica este precepto a la ruptura de las  uniones de hecho, como tampoco lo son los regímenes económicos matrimoniales. Sin perjuicio de que se acuerden pactos patrimoniales que regulen la convivencia no matrimonial. Consultar apartado titulado “Regímenes económicos en las Parejas de Hecho”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dado diferentes soluciones para indemnizar a la parte perjudicada tras el cese de la convivencia extramatrimonial:

  • Considerando que se ha producido una responsabilidad extracontractual.
  • Estimando que ha existido un enriquecimiento injusto.
  • Apreciando la existencia de una comunidad de bienes.

Respecto al uso del que fuera el domicilio familiar, si existen hijos o hijas menores de edad la jurisprudencia mayoritaria entiende plenamente aplicable a las uniones de hecho lo que se dispone en  el artículo 96 del Código Civil, debiendo sustituirse la palabra cónyuge por conviviente.  De lo que se deduce que podrá ser otorgado a los hijos e hijas y al progenitor en cuya compañía queden,  con independencia de la titularidad de la vivienda.

La pensión compensatoria tiene un carácter indemnizatorio, pretende compensar el desequilibrio que la ruptura matrimonial produce en la mujer con relación a la situación económica que poseía mediando el vínculo conyugal.

Podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una pensión de pago único, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

La mujer ha de solicitarla expresamente ya que la autoridad judicial no la fija de oficio, y han de tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:

  •  Los acuerdos a los que hubieren llegado los cónyuges.
  • La edad y el estado de salud.
  • La cualificación profesional y las probabilidades de encontrar un empleo.
  • La dedicación, tanto pasada como futura, a la familia.
  • La duración de la convivencia conyugal.
  • La colaboración laboral en las actividades del otro cónyuge.
  • Los medios económicos y las necesidades de ambos cónyuges.
  • La pérdida de un derecho de pensión pública futuro como consecuencia de su dedicación durante el matrimonio al hogar y a la familia ( trabajo carente de remuneración y sin posibilidad de cotización).
  • Cualquier otra circunstancia relevante.

La mujer ha de probar la existencia del desequilibrio económico que le produce la ruptura matrimonial. La pensión compensatoria puede sustituirse, de mutuo acuerdo, por una renta vitalicia, por un usufructo sobre determinados bienes (derecho a disfrutar de una cosa de la que no se es propietaria) o por la entrega de un capital en bienes o en dinero.

La pensión compensatoria se extingue cuando:

a) Desaparece el desequilibrio económico que la motivó.

b) La beneficiaria contraiga nuevo matrimonio.

c) la beneficiaria conviva maritalmente de forma permanente y estable con otra persona.

En caso de fallecimiento del obligado al pago, sus herederos pueden solicitar la reducción o suspensión de la pensión compensatoria, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.

El sistema de custodia compartida no exime de la obligación legal de alimentos y por tanto, siguiendo el criterio de proporcionalidad que establece el Código Civil, se fijará la aportación de acuerdo a los ingresos de cada progenitor.

Conforme al artículo 146 del Código Civil se tendrá en cuenta tanto el caudal o medios del que los da, como las necesidades de quien los recibe, correspondiéndole al tribunal competente la apreciación de proporcionalidad.

En este sentido, se intentará fijar judicialmente una pensión de alimentos que procure un mínimo imprescindible para el desarrollo del menor en condiciones de suficiencia y dignidad. Reduciéndose o aumentándose en virtud de las necesidades de la persona con derecho a percibir alimentos y la fortuna del que ha de darlos.

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