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Promover el asociacionismo de mujeres en las generaciones más jóvenes, impulsar el empoderamiento de las mujeres a través de la formación y acercar las políticas de igualdad a la juventud a través de sus principales vías de comunicación, como las redes sociales y nuevas tecnologías. Se trata de algunos de los principales objetivos para 2014 en materia de asociacionismo del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), cuya directora, Silvia Oñate, ha explicado durante un encuentro con el tejido asociativo de mujeres de la provincia gaditana. 

 

Durante el encuentro, Oñate ha recordado los logros en materia de igualdad alcanzados “gracias al esfuerzo y el empuje del asociacionismo”, que ha defendido para las mujeres “derechos y libertades que hoy son irrenunciables, pero que corren peligro ante ciertas políticas de recortes sociales del Gobierno central, como el anteproyecto de reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva”. En este sentido, Silvia Oñate ha destacado que “la disciplina de voto del PP en el Congreso va a permitir que salga adelante esta reforma que supone un enorme retroceso en derechos y un ataque a la dignidad y a la libertad de elección de las mujeres, y en especial de las jóvenes, sobre su proyecto de vida”.

El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), representado en sus vicepresidentas, Silvia Oñate y Rocío Pérez, ha entregado hoy en el Parlamento de Andalucía una carta dirigida a los grupos políticos con representación parlamentaria para instarles a que exijan al Gobierno de España la retirada inmediata del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada. El CAPM fue el primero en Andalucía en exigir -mediante una carta dirigida al Gobierno central el pasado 23 de diciembre- la retirada de dicha reforma.

Según explica el documento, la reforma legal “vulnera la capacidad de decisión de las mujeres en relación a su maternidad”, y “las considera incapaces de decidir” por sí mismas sobre su proyecto de vida. Para el CAPM, “se trata de una imposición ideológica y moral” para la que ”no existía ninguna demanda social”, que “contraviene las directrices de la Organización Mundial de la Salud y sitúa a España a la cola de Europa en lo relativo a derechos de las mujeres”, con la regulación “más restrictiva de los países de nuestro entorno”.

Según el CAPM, la derogación de la actual ley, que “había reducido el número de abortos”, afectará especialmente a las mujeres con menos recursos, ya que “finalmente serán las que no podrán salir fuera de España para interrumpir su embarazo”.

Además, recuerda el CAPM en la carta, el anteproyecto de Ley “excluye el apartado de salud sexual y reproductiva, que garantiza la prevención de embarazos no deseados, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y, en general, los medios para que la maternidad sea una decisión libre de las mujeres”.

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