Instituto Andaluz de la Mujer

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¿Cuáles son las funciones de las/los abogadas/os y procuradoras/es que se han designado de oficio?

 

Asistir a la mujer de forma real y efectiva hasta la finalización del procedimiento en la instancia judicial de que se trate. También deberán interesar, en su caso, la ejecución de las sentencias dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia.

 

En el supuesto de las mujeres víctimas de violencia de género, la orientación jurídica, defensa y asistencia se asumirá por una misma dirección letrada, desde que se requiera, abarcando todos los procesos y procedimientos administrativos con causa directa o indirecta en la violencia padecida hasta su finalización.

 

En situaciones de violencia de género, el Protocolo de Actuación que a continuación se describe viene a completar –en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-  lo dispuesto en el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género”  y tiene por finalidad garantizar y homogeneizar el servicio de asistencia letrada en la formulación y presentación de la denuncia y solicitud de la orden de protección; mejorar el servicio policial a la víctima y la formulación policial del atestado, y establecer pautas generales para la información y asistencia a la víctima, tanto de los aspectos judiciales como de las posibles prestaciones y medidas sociales, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 22 de junio de 2007.

 

Este protocolo dispone que:

 

1. El abogado o abogada de guardia deberá estar localizable en todo momento, en la forma y condiciones establecidas por cada colegio, garantizando la asistencia letrada inmediata a la víctima. A estos efectos, conviene tener presente que, según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, las víctimas de violencia de género tienen derecho a una asistencia jurídica inmediata las 24 horas, por lo que el letrado o letrada deberá asistir a la mujer víctima de violencia de género a la mayor celeridad posible, sin dilaciones ni demoras, lo que repercute no sólo en la calidad de la asistencia jurídica a las víctimas, sino también en la tramitación de las diligencias policiales y judiciales. A tal efecto, se procurará que los Colegios de Abogados puedan reforzar el número de letrados y letradas de guardia que prestan el servicio de asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, arbitrando los mecanismos adecuados para salvar las dificultades que se pudieran producir en algunas provincias a causa de las distancias existentes entre los distintos Partidos Judiciales y diversas peculiaridades geográficas.

 

2. Durante los turnos de guardia de violencia de género, el abogado o abogada de guardia en ningún caso debe ni puede ausentarse del ámbito territorial donde deba prestar la asistencia a las víctimas de violencia de género que lo soliciten, ni asistir a juicios o a cualquier otra diligencia que pueda demorar o afectar su disponibilidad inmediata, o a comparecencias que precisen de su asistencia, salvo en aquellos supuestos en los que existiera causa justificada, en los que podrá excusarse, previa preceptiva comunicación al Colegio, y ser sustituido por su suplente.

 

3. Antes de entrar en la guardia, el abogado o abogada debe proveerse de la normativa necesaria para el asesoramiento y asistencia a la víctima, disponer del impreso de solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita para la defensa y representación letrada a la mujer víctima de violencia de género (Anexo I.IV del R.D. 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, modificado por el R.D. 1455/2005, de 2 de diciembre), así como del modelo de solicitud de la Orden de protección aprobado por la Comisión de Seguimiento de Implantación de la Orden de protección de las víctimas de violencia doméstica, disponible en su Colegio de Abogados.

 

4. Tan pronto como el abogado o abogada del turno de oficio sea llamado desde una dependencia policial, Juzgado de Guardia o Juzgado de Violencia contra la Mujer, con la finalidad de asistir jurídicamente a una mujer víctima de violencia de género:

 

a) Deberá presentarse con la mayor celeridad posible en el lugar donde se encuentre la víctima que ha requerido su asistencia, facilitando a ésta, por escrito, sus datos personales y la forma más idónea para poder localizarle cuando lo necesite.

 

b) Informará a su defendida del derecho que le asiste para solicitar el beneficio de justicia gratuita y de los requisitos necesarios para su reconocimiento, auxiliándola, si fuere necesario, en la redacción de los impresos de solicitud. Asimismo, le advertirá que, de no serle reconocido con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberá abonar a su cargo los honorarios correspondientes. De esta advertencia habrá de quedar constancia documentada.

 

En consecuencia, la solicitud del beneficio de justicia gratuita –Anexo I.IV-, deberá estar debidamente cumplimentada con los datos que, en su momento, facilite la víctima y que habrán de ser firmados por la misma, con objeto de evitar que posteriormente las Comisiones Provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita rechacen el beneficio y la subsiguiente indemnización, por falta de firma. La solicitud debe ser presentada en el Colegio de Abogados en el plazo máximo de 48 horas a contar desde el momento en que se hubiese recibido la primera asistencia, o bien en el registro correspondiente del Juzgado de su domicilio, no siendo necesario que en la misma se incluyan los justificantes económicos que acrediten sus recursos económicos, extremo que deberá acreditarse con posterioridad ante el Colegio de Abogados. El abogado o abogada deberá asimismo informar a la víctima de que la información fiscal y catastral puede ser obtenida por el Colegio de Abogados si ella lo autoriza, facilitándole el impreso correspondiente si desea prestar dicha autorización.

 

5. El abogado o abogada, antes de la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección, se entrevistará reservadamente con la víctima a fin de tomar conocimiento del caso y prestarle asesoramiento jurídico adecuado al mismo. A tal fin, en las dependencias policiales se le facilitará la posibilidad y condiciones para dicha entrevista, se le informará de las actuaciones llevadas a cabo antes de su personación en las dependencias policiales y del contenido del atestado, si estuviera elaborado. El asesoramiento jurídico previo incluirá en todo caso la información sobre las distintas posibilidades de protección, la personación y las consecuencias de todo ello, así como sobre los derechos (información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, derechos laborales, derechos de las funcionarias públicas y derechos económicos), que puede ejercitar a través de la solicitud de la Orden de protección o de cualquier otro título habilitante, actual o futuro, para su ejercicio.

 

6. Si la víctima, tras el asesoramiento recibido, decide presentar denuncia y, en su caso, solicitar orden de protección, el abogado o abogada designado le asistirá en la formulación de la misma y, en su caso, en la solicitud de las concretas medidas de protección penales y civiles, asegurándose de que conste un relato pormenorizado de los hechos, en el que se incluyan, tanto los acaecidos de forma inmediata, como las situaciones de violencia a las que bien ella, bien, en su caso, ella y sus  hijos o hijas, hayan estado sometidos o sometidas con anterioridad.

 

Igualmente, el abogado o abogada ha de estar presente en la declaración de la víctima y demás diligencias que impliquen su presencia o participación.

 

Se debe tener en cuenta, a este respecto, que la información proporcionada por la víctima en su declaración es imprescindible para que, tanto la policía como la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, puedan valorar el riesgo objetivo de nuevas agresiones existente en cada caso y adoptar las medidas de protección correspondientes para ella o para sus hijos o hijas. Asimismo, es preciso tener en cuenta que en ocasiones se carece de otros medios probatorios distintos a la declaración de la víctima, por haberse producido los hechos en la intimidad del hogar, sin testigos hábiles. Además, el condicionante psicológico derivado de la relación de afectividad lleva muchas veces a la víctima a retrasar su denuncia, dificultando aún más la prueba de los hechos.

 

Por todo ello, el abogado o abogada deberá poner especial cuidado en que figuren en la declaración prestada por la víctima los datos recogidos en el Anexo “Contenidos mínimos del atestado” del “Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género”, muy especialmente, los diferentes medios de prueba (inspección ocular, testificales de vecinos o familiares, antecedentes de asistencias médicas, otros informes, etc.), que puedan corroborar la declaración.

 

7. Por lo que se refiere a su protección, la víctima debe ser informada desde el primer momento:

 

a) De la posibilidad de solicitar una Orden de protección que incorpore medidas cautelares de carácter civil y/o penal, que le confieren a la víctima un estatuto integral de protección y que comprenderá, además de las medidas cautelares citadas, la posibilidad de acceder a las medidas de asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento jurídico.

 

Respecto de las medidas civiles, se le informará de que la vigencia temporal será de 30 días, si no se interpone en ese plazo un procedimiento de familia ante la jurisdicción civil.

 

La solicitud de Orden de protección debe ser cumplimentada por la víctima, con el auxilio e información del abogado o abogada.

 

b) De las medidas cautelares civiles y penales que puede solicitar, en especial las establecidas en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, advirtiéndole de que las medidas cautelares civiles han de ser expresamente interesadas (con la salvedad de las relativas a los o las menores) si se desea un pronunciamiento sobre las mismas. A tal efecto, deberá procurar la introducción de cuantos datos o elementos de juicio puedan ser relevantes para la resolución. Por lo anteriormente expuesto, si fuera conveniente la adopción de medidas cautelares de carácter penal para la protección de la mujer, es aconsejable que se solicite una Orden de protección que las incorpore (aunque no se soliciten medidas de carácter civil), pues el estatuto integral de protección permitirá a la víctima acceder a derechos para cuyo reconocimiento se exige acreditar la situación de  violencia de género específicamente a través de una Orden de Protección. c) De la posibilidad de ser atendida en el servicio público de Tele Asistencia Móvil para las Víctimas de Violencia de Género (teléfonos de información 900.22.22.92 y 963. 69.50.37).

 

8. Se informará a la víctima del contenido del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

 9. Cuando sea necesario para garantizar la protección de la vida e integridad física de la víctima y sus familiares, podrá solicitarse el secreto en torno a los datos relativos a su localización. Por tanto, conviene tener en cuenta que la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección de Testigos y Peritos en causas criminales, está siendo aplicada cuando la víctima de violencia familiar está amenazada y reside en una casa de acogida.

 

Con la misma finalidad debe informarse a la víctima de la posibilidad de solicitar al órgano jurisdiccional que autorice, con carácter excepcional, que la persona protegida concierte, con una agencia o sociedad pública - allí donde la hubiese- que incluya entre sus actividades la del arrendamiento de vivienda, la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sea copropietaria, por el uso de otra vivienda, durante el tiempo y en las condiciones que se determinen. En este caso, lamedida consistente en la salida obligatoria del inculpado por violencia de  género del domicilio iría acompañada de la autorización del juez dirigida a permitir que dicha vivienda, en la que no quiere vivir la víctima y su familia por miedo, sea gestionada por entidades autorizadas para proceder a su arrendamiento o permuta por el tiempo que determine el órgano jurisdiccional en dicha orden de protección.

 

 10. En el supuesto de que la mujer denunciante haya sido víctima de malos tratos físicos, es fundamental que se compruebe la existencia del parte facultativo de lesiones y que se adjunte a la denuncia. En el caso de no aportarlo, se deberá indicar el centro médico y la fecha de asistencia.

 

11. Cuando se trate de una mujer extranjera en situación irregular debe ponerse especial cuidado en informarle de que su situación administrativa no incide en su derecho a la asistencia integral que la ley le reconoce y que tiene derecho a regularizar su situación por razones humanitarias, en los términos dispuestos en los artículos  35 bis de la Ley Orgánica de Extranjería y 45.4.a) y 46.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En estos casos, si no se le concediera la Orden de protección por cualquier causa –como puede ser que no se persone el denunciado en la comparecencia judicial-, el abogado o abogada interesará, a los efectos oportunos, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es víctima de violencia de género.

 

12. Cuando la víctima sea menor de edad, su declaración deberá hacerse, en todo caso, en presencia del Ministerio Fiscal, tal como regula el articulo 433 de la LECRIM, modificado por la L.O. 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la L.O. 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores En todo caso, y partiendo de la necesidad de que se preste la asistencia jurídica en la forma reseñada, a fin de evitar las posibles dificultades de los Colegios de Abogados en la organización eficiente del servicio, resulta necesario que las distintas Administraciones e Instituciones implicadas colaboren para que el abogado o abogada pueda prestar su servicio sin demora y con la mayor celeridad posible, facilitando el desarrollo de su labor.