Instituto Andaluz de la Mujer

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¿En qué consiste el derecho a la asistencia jurídica gratuita?

 

La Constitución Española proclama que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (articulo 119 CE).

 

El derecho a la asistencia jurídica gratuita es el derecho a litigar ante los juzgados y tribunales, sin pago de gastos judiciales, honorarios de Letrada/o ni de Procurador/a.

 

Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar:

 

   Las personas de nacionalidad española.

 

   Las personas nacionales de los demás Estados Miembros de la Unión Europea.

 

   Las personas nacionales de terceros Estados que se encuentren en España.

 

En  ambos supuestos tendrán derecho a la asistencia de intérprete de no comprender o hablar la lengua oficial que se utilice.

 

Se entiende que no existen recursos suficientes para litigar cuando los ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en el momento de efectuar la solicitud de asistencia jurídica gratuita. No obstante, si la mujer pretende demandar al marido en separación, divorcio, o nulidad matrimonial, reclamando alimentos o solicitando medidas provisionales, etc..., los ingresos de la unidad familiar podrán ser valorados individualmente si la solicitante acredita la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que  solicite asistencia (artículo 3.3 de la Ley 1/1996). 

 

Cuando se tengan ingresos superiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional e inferiores al cuádruplo del mismo, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita puede conceder, excepcionalmente, según las circunstancias de la persona solicitante, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita (articulo 5 de la Ley 1/1996).

 

Desde julio de 2004, las referencias en esta materia al SMI se entenderán hechas al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio.