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martes, 16 de enero del 2018

Portal Adriano

Oficina Judicial y Fiscal

Presentación de las nuevas oficinas judicial y fiscal en Andalucía

Es una necesidad legal y de gestión acometer la implantación de la llamada Nueva Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía. Ello se ve compelido además por el actual panorama presupuestario que obliga mucho más a optimizar los recursos disponibles en aras de la mejora continua de los servicios públicos.
 El Libro V  de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, supuso una alteración sustancial frente a la estructura vigente, disgregada y atomizada, de la Administración de Justicia, y pretende superar el actual modelo de la organización del trabajo en los órganos judiciales por otro modelo orientado a la racionalización del mismo y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, lo que se conoce como la Nueva Oficina Judicial

En cuanto a los órganos competentes para hacer posible dicha implantación, el Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, atribuye en su artículo 5.a) a la Secretaria General para la Justicia la dirección y coordinación del modelo de organización de las Oficinas Judicial y Fiscal.

Respecto a la Oficina judicial, el artículo 435 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial la definen como la organización de carácter instrumental que de forma exclusiva presta soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales distinguiendo dos tipos de unidades: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales.
Las unidades procesales de apoyo directo (UPAD) asisten directamente a los jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias, mediante la realización de las actuaciones precisas para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten, y los servicios comunes procesales (SSCCP) que son aquellas unidades de la Oficina judicial que sin estar  integradas en un órgano judicial concreto asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales.

Dado el número de partidos judiciales existentes y la diversidad de los mismos, se optará por un modelo organizativo que atendiendo a sus dimensiones, número de órganos y otras características esenciales, los agrupe por su similitud en tres niveles.
Por su parte, la reforma de la Oficina Fiscal, constituye una exigencia más para las Administraciones  competentes en materia de Justicia en igual medida que el proceso modernizador de la Oficina Judicial. La reforma operada por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, introduce profundas transformaciones en la estructura, organización y funcionamiento de las fiscalías que, a través principalmente de la especialización, responden a los principios de eficacia y eficiencia en la gestión de su labor.

El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas, establecieron el 26 de octubre de 2011 un modelo de referencia, donde se reconocía la necesaria adaptación a las necesidades específicas y dimensión de cada tipo de fiscalía.
En relación con la Oficina Fiscal, la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 diciembre, establece que las disposiciones y normas organizativas contenidas en dicha Ley Orgánica serán referencia en la organización de los puestos de trabajo de las fiscalías, que solo serán servidos por personal funcionario perteneciente a los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, al servicio de la Administración de Justicia.
Tanto la Oficina Fiscal como la Oficina Judicial se implantarán de manera progresiva mediante las correspondiente normativa de desarrollo que se dicte en virtud de la habilitación reglamentaria contenida en un Decreto de estructura y organización de las Oficinas Judicial y Fiscal que en breve debe tramitarse.

Con la creación e implantación de la Oficina Judicial y de la Oficina Fiscal se persigue asentar una nueva cultura de trabajo acorde con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización y  responsabilidad por la gestión a fin de dar un servicio de mayor calidad a los ciudadanos con respeto a los principios inspiradores de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia,  que fue aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados por unanimidad de todos los grupos Parlamentarios en el año 2002.
 Por último, se recogerá en ese Decreto la posibilidad de creación de las unidades administrativas que, sin estar integradas en una Oficina Judicial o en una Oficina Fiscal, puedan servir de apoyo a las mismas y conforme a lo previsto en Ley Orgánica del Poder Judicial y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En Andalucía ya se ha hecho con éxito el intento de unificar determinadas actuaciones de los órganos judiciales en servicios comunes de partido judicial. La experiencia acumulada en este sentido servirá sin duda para facilitar la transición de un modelo a otro.