El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha asegurado hoy que los presupuestos de su departamento para 2013 garantizan la prestación de los servicios básicos y atender las necesidades y demandas más importantes en todas las provincias de la comunidad autónoma, al tiempo que permiten profundizar en el ahorro y en un mejor aprovechamientos de los recursos en el marco del actual contexto económico.
El titular de Justicia e Interior ha mantenido en Sevilla una reunión de coordinación con los ocho delegados del Gobierno de la Junta sobre el desarrollo de las cuentas de la Consejería, que ascienden a 560,5 millones y que registran un descenso del 2% con respecto al presupuesto de 2012, una vez aplicado el plan de ajuste y de equilibrio financiero.
En este sentido, el consejero ha trasladado a los delegados del Gobierno que se trata de unas cuentas que garantizan los medios y recursos para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y la prestación de los servicios de seguridad y emergencias en Andalucía, así como para avanzar en las nuevas competencias de la Consejería relacionadas con la violencia de género y la coordinación de las políticas migratorias
De Llera ha puesto de manifiesto que el trabajo cercano a la realidad de los representantes de la Junta en cada provincia hará que las decisiones sean mucho más certeras y la gestión más efectiva, sobre todo en relación a los colectivos más desfavorecidos y a la atención de las demandas más perentorias en cada territorio.
El consejero ha informado de que los presupuestos de Justicia e Interior se rigen por tres principios básicos, el primero de ellos el de garantizar la prestación del servicio público de Justicia en condiciones de igualdad. A tal efecto, las cuentas disponen de cobertura suficiente para el mantenimiento de la asistencia jurídica gratuita, un programa fundamental para aquellos ciudadanos que no disponen de recursos.
Por otra parte, De Llera ha apuntado que otros objetivos estratégicos son el impulso de las políticas sociales, especialmente en materia de coordinación de las políticas migratorias y violencia de género y de la mejora continua en la gestión de las emergencias, seguridad y protección civil.
