Los documentos, que han sido elaborados con las aportaciones de los sectores sociales y económicos representados en los órganos de participación del espacio, incorporan las medidas de simplificación de trámites aprobadas este año por la Junta de Andalucía en relación con los usos y actividades en los parques naturales.
El primero de los planes, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, tiene vigencia indefinida y es el documento básico que distribuye y asigna los distintos usos y aprovechamientos de acuerdo con la capacidad de los ecosistemas, a través de cuatro niveles de protección en cada uno de los dos parques.
En el parque nacional, las áreas de máxima protección o de reserva ocupan un 0,35% de la superficie (303 hectáreas) y se extienden por el barranco de los Alisos, el valle del río Dúrcal, el robledal de la Dehesa del Camarate, el barranco del Espinar y las lagunas de alta montaña.
Las zonas de uso restringido ocupan el 76,08% (65.339 hectáreas) y están constituidas por las áreas de alta montaña con elevado grado de naturalidad que solo pueden soportar una utilización limitada. Como zonas de uso moderado están aquellas que admiten un mayor grado de humanización y aprovechamiento: terrenos agrícolas, pinares de repoblación, refugios, áreas recreativas, miradores y jardines botánicos. Representan el 23,51% de la superficie (20.193 hectáreas). Las zonas de uso especial, con un 0,06% de la superficie (48 hectáreas) incluye infraestructuras como las ubicadas en el Puerto de La Ragua, el embalse de Yeguas y el antiguo vivero del Posterillo, además de carreteras públicas, albergues y refugios.
En el parque natural, las zonas de reserva o máxima protección suman 309 hectáreas (0,36% de la superficie) y entre ellas destacan los humedales de origen endorreico y las turberas de Padul, de gran interés por su condición de enclave privilegiado para entender los cambios climáticos en el sur de la península ibérica.
Con un menor nivel de exigencia medioambiental, se incluyen los terrenos arbolados, arbustivo y de pastizales, donde se permiten aprovechamientos forestales, ganaderos, cinegéticos, apícolas y de uso público, educación ambiental e investigación. Estos territorios abarcan 14.696 hectáreas (55,06%). Por su parte, las zonas de regulación común representan el 44,02% de la superficie (38.017 hectáreas) y se localizan en terrenos agrícolas, agrupaciones de viviendas de cierta entidad y áreas donde se practica el esquí alpino. Las áreas excluidas de exigencias medioambientales están constituidas por suelos urbanos y urbanizables, cuyo desarrollo se considera posible siempre que no afecte a hábitats naturales y especies protegidas. Estos enclaves, entre los que figura la urbanización de Pradollano, ocupan el 0,56% del territorio (480 hectáreas).
Los otros dos documentos aprobados para los parques nacional y natural son el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que establece con detalle las condiciones del desarrollo de las actividades compatibles y determinan las líneas estratégicas de actuación pública en el plazo de los próximos ocho años.
En líneas generales, los PRUG recogen programas para la restauración paisajística, como la mejora de las poblaciones de cabra montés. En este sentido, el Plan de Gestión de la Cabra Montés en Sierra Nevada, desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente, ha recibido un diploma acreditativo concedido por el jurado del 'Premio a las buenas prácticas ambientales en espacios naturales' en la edición de 2011, un galardón que concede la Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España con la colaboración de la Fundación Biodiversidad. De este modo, se reconoce la labor desarrollada para el buen estado de las poblaciones de esta especie endémica en el que es el núcleo mundial más importante.