Lanzarote (octubre de 2006). Lanzarote acogió el mes pasado el I Congreso Nacional de Reservas de la Biosfera para ofrecer un panorama de la evolución y realidad actual de las reservas de la biosfera; exponer estudios de casos que puedan aportar una visión de su funcionamiento; y acordar los textos constitutivos de una red estatal llamada a jugar un papel relevante en la exploración de un desarrollo humano más sostenible que el actual, centrando la atención en la escala local, en áreas geográficas valiosas cuyos habitantes muestran una voluntad clara de ensayar un mejor desarrollo que el actual.
Así, y dentro del segundo objetivo señalado, el primer día del congreso, el viernes 13 de octubre, hubo un coloquio sobre la legalidad territorial y ambiental, en el que siete reservas de la biosfera españolas intercambiaron sus experiencias.
Bajo el título de reserva de biosfera se reúnen espacios diversos y hasta antagónicos en algunas ocasiones, en aspectos relacionados con la población, la gestión del territorio o los intereses conservacionistas. Esta realidad se puso de manifiesto aquel día en el relato de algunas experiencias que siguen de plena actualidad en estas zonas catalogadas por la UNESCO. La mesa 'Legalidad territorial y Ambiental: Casos prácticos en Reservas de Biosfera' se incluyó en las actividades complementarias del congreso.
Abrió la sesión Juan José Martínez, secretario general de la Comunidad de Bardenas Reales, 40.000 hectáreas en la zona sur de Navarra que no están adscritas a ningún término municipal. En 1705, diecinueve municipios, dos valles y un monasterio adquirieron a Felipe V el derecho al disfrute de la zona por doce mil reales de a ocho, convirtiéndose en Mancomunidad de Congozantes de Bardenas. La propia comunidad regula los aprovechamientos del territorio, que cuenta también con el paraguas de las fórmulas jurídicas de protección relativas a parques naturales. En este peculiar caso, la población no es el problema, dado que no existe; nadie nace ni muere en Bardenas, pues no pertenece a municipio alguno, sólo se disfruta y se aprovecha económicamente, siempre con prácticas sostenibles y tradicionales, no lesivas para el medio.
Nada que ver esta reserva con la que incluye la totalidad de la isla de Menorca, que cada verano ve sumar a sus 67.000 habitantes de derecho un millón de turistas. Su lucha por la recuperación para el uso público de la senda litoral Camí de Cavalls fue la experiencia que compartió la coordinadora de la Reserva de Menorca, Eulalia Comas, con el resto de las reservas presentes en el acto. Según relató, la antigua senda que recorría el perímetro completo de la isla y a la que se daba un uso militar fue decayendo y desdibujándose hasta que en 1980 comienzan las primeras reivindicaciones para recuperarla como bien público, dado que buena parte del trazado atraviesa en la actualidad fincas particulares. Recogida de firmas, apoyo de numerosas asociaciones, un trámite de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que se dejó caducar o la creación de una coordinadora en defensa del Camí de Cavalls son hitos de una reivindicación social que finalizó en el año 2000 con la aprobación de una ley que permite a la Administración insular la expropiación de las parcelas que forman parte del sendero, proceso que aún hoy, en 2006, no ha concluido.
Licencias a aerogeneradores
La reserva ourensana de Allariz, representada en el acto por el concejal Bernardo Varela, mostró su interés por la instalación de parques eólicos como vía para la obtención de rentas para los ayuntamientos integrados en Reservas de la Biosfera. También relató el trabajo de recuperación de superficies llevado a cabo en Allariz y cómo las tareas de limpieza palian la amenaza de incendios forestales pero no atacan la causa, que a su juicio es el abandono del campo.
Por su parte, Miguel Menéndez, director adjunto de la reserva de Picos de Europa, realizó un recorrido por los distintos acuerdos de indemnización por la pérdida de rentas de caza alcanzados por los distintos municipios con sus respectivas comunidades autónomas (el territorio se encuentra a caballo entre Asturias, Cantabria y Castilla-León), al formar parte de un parque nacional, lo que supone la prohibición expresa de la actividad cinegética.
Frente a la defensa del territorio como elemento común de la mayor parte de las reservas, destacó el planteamiento del jefe del servicio de Integración de Valles del Jubera, Leza, Cidacos y Alhama, Jesús Ruiz Tutor, en cuya reserva, según sus palabras, "la especie en peligro de extinción es la humana". Cuatro mil personas se reparten entre los cuarenta municipios integrados total o parcialmente en el territorio protegido, afectadas por el impacto de la legalidad territorial y ambiental, que en muchos casos fomenta el abandono agrario, según señaló Ruiz. Tal y como indicó, "la legislación urbana, desarrollista, recalifica y favorece el beneficio de todos, mientras que la legislación rural, conservacionista, restringe los usos y no beneficia a nadie".
La amenaza de la minería a cielo abierto en la reserva de Laciana fue planteada con crudeza por el concejal de Medio Ambiente de Villablino, José Luis Suárez, quien no dejó de reconocer al mismo tiempo que buena parte de la población del Valle vive de esta industria. Las imágenes de las explotaciones mineras que en la actualidad socavan la reserva leonesa y las previstas para un futuro próximo fueron contundentes, junto a la afirmación de su peligrosidad para la pervivencia del oso pardo. La pregunta sobre la validez de la legislación proteccionista en estos casos quedó flotando en el aire sin respuesta.
Lanzarote y los litigios urbanísticos
La aportación de Lanzarote, reserva anfitriona del encuentro, tuvo que ver con el proceso de contención del crecimiento turístico edificatorio, desde el planeamiento desarrollista de 1990 a nuestros días. El letrado del Cabildo, Agustín Domingo Acosta, narró un proceso por el que el Gobierno insular ha desclasificado 250.000 plazas y bloqueado veinte planes parciales, ha aprobado una moratoria en la construcción de diez años de duración, con un techo de 111.000 camas en toda la isla; y, en la actualidad, trata de modular los ritmos de crecimiento también en las plazas residenciales.
Finalizó la narración de casos la aportación de la jefa de sección de las Reservas Marinas de Interés Pesquero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Silvia Revenga. Destacó la ponente los veinte años de experiencia del Estado en gestión de zonas marinas y la sinergia existente en reservas de biosfera con franja litoral, muchas de las cuales son ejemplares en la protección y tarea de concienciación social sobre la fragilidad de los bordes marinos. La necesidad de medios de vigilancia, seguimiento y sensibilización y los excelentes resultados que se producen con la estricta regulación de los usos (recuperación de la biodiversidad, fomento de la pesca artesanal, pescados frescos de alta calidad y valor reconocido) fueron también puestos de manifiesto por revenga