Revista Medio Ambiente 52

El régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero materializa el liderazgo europeo en la lucha contra el Cambio Climático y se aplica a determinadas instalaciones industriales que deberán ajustar sus emisiones a la asignación realizada por el Plan Nacional de Asignación para el período 2005-2007. La creación de un Centro Andaluz de Cambio Climático intenta unificar intereses, criterios y capacidad de gestión con la intención de facilitar a la PYME andaluza el acceso a los mercados de carbono y el cumplimiento de las obligaciones del comercio de derechos de emisión y que proporcione un adecuado acceso a los mercados de carbono.

Las instalaciones industrialesdeben observar unas reglas estrictas para el seguimiento de sus emisiones, y todos los años, antes del 28 de febrero, deben notificar a la Administración que emisiones han tenido durante el año natural precedente. Con carácter previo a su notificación, estas emisiones deben ser comprobadas mediante un informe de verificación que realiza una entidad independiente, o Tercera Parte. Son los organismos de verificación.

En caso de que una instalación en concreto haya emitido más toneladas de CO2 que derechos de emisión se le hayan asignado por el Estado, deberá adquirir en el mercado los derechos que le falten. Por el contrario, si hubiera emitido menos CO2 que la cantidad que se le ha asignado, podrá disponer libremente de los derechos sobrantes.

El primer año en que empieza a aplicarse este régimen en el Estado español y en Europa, ha sido el año 2005. Por tanto, el 28 de febrero de 2006 es la primera vez que se entregan por las instalaciones industriales afectadas estos informes de emisiones verificadas.

La Consejería de Medio Ambiente, como órgano ambiental de la comunidad autónoma de Andalucía, es la receptora de estos informes. Dispone de un mes para validarlos y enviar los datos para su inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Emisión (RENADE). La tabla de emisiones inscrita es la base para la entrega de derechos en número equivalente. Un derecho de emisión equivale a una tonelada de CO2 emitida.

El seguimiento y notificación de las emisiones debe ser riguroso, porque constituye el fundamento de la credibilidad y del funcionamiento del régimen de comercio. El titular debe llevar a cabo el seguimiento de sus emisiones de forma continua, y notificar en plazo a la Administración competente, sometiendo la notificación a verificación por una Tercera Parte. El sistema de verificación juega un papel importante, que consiste en comprobar la cifra de emisiones declarada por la instalación, y verificar que se han observado las reglas de seguimiento que figuran en la autorización de que disponen cada una de las instalaciones, ajustadas de forma específica a cada proceso industrial, pero de acuerdo con unas directrices que rigen para toda Europa

Las bases de los sistemas de seguimiento y verificación se establecen mediante un Real Decreto, en el que, entre otras cuestiones, se fijan las condiciones para designar o reconocer a los organismos de acreditación, que a su vez serán los encargados de comprobar que se cumple el conjunto de requisitos que garantizan la competencia técnica de los organismos de verificación. De forma transitoria, el Real Decreto citado contempla que para la primera verificación a realizar, es decir la que corresponde al año 2006, sean los verificadores EMAS, los que se encarguen de realizar esta labor.

Instalaciones afectadas

Resultan afectados por esta normativa los sectores más intensivos en energía, como las instalaciones energéticas (instalaciones de combustión mayores de 20 MW térmicos y refino de petróleo), de producción y transformación de metales férreos, las industrias minerales (cemento, cal, vidrio y cerámica) y otras instalaciones industriales.

El año pasado se produjo una incidencia relevante en cuanto al tipo de instalaciones industriales afectadas. La Comisión Europea reparó el Plan Nacional de Asignación del Estado español. Ello obligó a redefinir instalación de combustión, lo que constituyó uno de los objetos de un Real Decreto Ley, en el que se incluyeron disposiciones para ampliar el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, reguladora de este régimen en España. Para Andalucía, esto supuso otorgar nuevas autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero, o ampliar el alcance de las existentes, afectando en torno a 40 instalaciones. Se espera la próxima aprobación de un Real Decreto que modificará el Plan Nacional de Asignación, estableciendo un nuevo cupo para el conjunto de las instalaciones de combustión que resultan afectadas por la ampliación del ámbito de aplicación como se ha dicho.

En Andalucía, resultan finalmente afectadas por el régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero un total 202 instalaciones, tomando en consideración el ámbito de aplicación ampliado.

La normativa vigente establece que la Administración del Estado se encargue de la distribución de los derechos de emisión a las instalaciones afectadas, mediante asignación individualizada aprobada por Resolución del Consejo de Ministros, y que los órganos ambientales de las comunidades autónomas se encarguen, fundamentalmente, de autorizar a las instalaciones afectadas, esto es, de prescribir la metodología de seguimiento de las emisiones que debe usarse, y comunicar al RENADE las emisiones validadas por periodos anuales.

Mediante la asignación individualizada de derechos, a cada instalación se le marcan unos objetivos específicos de reducción. Las instalaciones pueden cumplir estos objetivos de reducción de emisiones de varias formas:

• mediante la compra de derechos europeos a empresas con excedentes
• minorando sus emisiones de forma interna,
• o mediante la adquisición de derechos procedentes de mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. De esta última manera se posibilita que los sectores afectados por este mercado logren compensar su exceso de emisiones mediante la inversión en proyectos que generen derechos de emisión.

Impacto de la normativa

En Andalucía existe una importante atomización de las instalaciones afectadas, siendo un gran número de ellas PYMES. El 84% de las instalaciones está por debajo de la media de la asignación anual del periodo y representa solamente un 19% del total de los derechos de emisión asignados en Andalucía.

Las grandes empresas van a tener que enfrentarse a unos costes superiores en términos absolutos, pero en términos relativos gozan de cierta ventaja sobre las PYMES por cuestiones de tamaño y recursos. Entre las ventajas de las que goza la gran empresa, destacan:

• la capacidad que tienen para formar o contratar a personal cualificado,
• la capacidad de inversión en proyectos que generen derechos de emisión y la facilidad de transferir tecnologías más eficientes a sus filiales de países en desarrollo.
• pero sobre todo destacan las ventajas por volumen frente a los costes de transacción de los mercados, el acceso a la información, la verificación, la financiación y la mayor flexibilidad en la reducción de emisiones.

En definitiva, bajo el comercio de derechos de emisión todas las instalaciones tienen idénticas obligaciones, pero el tamaño o el volumen de emisiones supone ciertas ventajas por cuestiones de economías de escala.

El Centro Andaluz de Cambio Climático

Con la creación de un Centro Andaluz de Cambio Climático (CACC), la Consejería de Medio Ambiente intenta paliar los efectos de la situación descrita anteriormente, unificando intereses, criterios y capacidad de gestión con la intención de facilitar a la PYME andaluza el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los mercados de carbono. No obstante, en la conciencia de la problemática que en términos absolutos supone el comercio de derechos para la gran empresa, estas no verán limitada la capacidad de acceder al CACC.

La Junta de Andalucía ha acordado la colaboración con El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla para articular la creación del citado Centro Andaluz de Cambio Climático, que facilite a las pequeñas y medianas instalaciones el cumplimiento de las obligaciones del comercio de derechos de emisión y que proporcione un adecuado acceso a los mercados de carbono.

Otros objetivos adicionales serán el servir como vehículo en la consecución de derechos provenientes de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, ofrecer información técnica y financiera en la reducción física de emisiones, y apoyo en el seguimiento de las emisiones. Por tanto las actividades que quedan dentro del ámbito de actuación del centro son:

1. Acceso a los mercados de carbono.

La principal dificultad que supone para una PYME el acceso a los mercados de carbono radica en su complejidad. Por ejemplo, a la hora comprar derechos se plantea la duda de donde acudir. Existen tres opciones:

• El mercado OTC (over the counter, mercado directo) donde se compran derechos directamente al vendedor. Pueden encontrarse bien en una plataforma OTC de intermediación donde cotizan ofertas y demandas, bien mediante un broker o directamente entre partes.
• Bolsa, mercado organizado de contratos estandarizados de derechos europeos donde cada miembro tiene que cumplir las condiciones de adhesión a la Bolsa. Para participar en Bolsa hay que pagar cuotas de acceso y licencia de software. La contraparte de las operaciones en bolsa es la propia bolsa, es decir no se compra/vende a un tercero a través de la bolsa, se compra/vende a la bolsa.
• Mayorista / Minorista. Son operadores que adquieren paquetes de derechos que se dividen y comercializan según sus propias condiciones a los clientes minoristas.

Una vez que se decide donde acudir hay que escoger el tipo de contrato que se quiere firmar en la compraventa, a futuro o spot (contado). En este momento sobre el 70-80% de las operaciones se realizan en el mercado OTC y al contado.

El hecho de que exista una importante similitud de este mercado con los mercados de otros productos financieros existentes (mercado de futuros del aceite de oliva) supone un favorable antecedente para las entidades financieras andaluzas en cuanto a facilitar el acceso a estos mercados. A través de estas entidades se podrá realizar la actividad de compra-venta de derechos de emisión. Esto supondrá la creación de un equipo que:

• Acudirá a las Bolsas Europeas de Carbono.
• Realizará operaciones con Brokers de Carbono.
• Asistirá en el proceso de compraventa y liquidación de pagos.

2. Consecución de derechos provenientes de los mecanismos de flexibilidad

Además del mercado europeo, las empresas pueden adquirir las reducciones de emisión provenientes de otros mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. Este mercado internacional de Kioto presenta mejores oportunidades de precio que el mercado europeo, sin embargo este mercado supone una mayor complejidad y un mayor riesgo. El CACC creará una unidad de apoyo para la obtención de los títulos provenientes de estos mecanismos.

3. Ofrecer información técnica y financiera del comercio de emisiones, de la reducción física de emisiones, y prestar apoyo en las tareas de seguimiento y notificación de emisiones

El CACC prestará asistencia tanto en el comercio de emisiones como en la reducción física de emisiones, ofreciendo asistencia técnica, ofreciendo información sobre tecnologías y procesos industriales capaces de reducir emisiones y facilitando información sobre las líneas de incentivos existentes a tal fin. Asimismo, el Centro ofrecerá apoyo en las cuestiones que la metodología de seguimiento y notificación de las emisiones plantea en la práctica.

La articulación del Centro nace de la necesidad de responder a las necesidades de la PYME andaluza aunque está abierto a cualquier instalación andaluza que desee utilizar los servicios que presta. Las principales características del CACC son:

Voluntariedad y disponibilidad. Carácter optativo y voluntario de la iniciativa, la empresa puede realizar las actividades que desee individualmente y aprovecharse exclusivamente de determinados servicios en función de sus necesidades.

Mejor gestión del esfuerzo. Los miembros del CACC dedican sus esfuerzos a su negocio habitual y el CACC facilita el cumplimiento de las obligaciones relativas al comercio de emisiones.

Existencia de importantes sinergias en la acción conjunta. Por volumen de operaciones se disfruta de menores costes unitarios de transacción y de gestión, proporcionando así unas economías de escala. La acción conjunta produce ventajas en: necesidades de recursos, conocimiento, experiencia y know-how, necesidades de sistemas informáticos y de información, aspectos de riesgo de crédito.

Precios Atractivos. Participación en operaciones atractivas con referencia a los valores esperados en los mercados, ahorrando así a los partícipes el coste de acudir directamente a los mercados al reducir costes de transferencia.

Carácter internacional. Creación de una unidad de apoyo a los asociados para la inversión en los mecanismos flexibles de Kioto.

La Consejería de Medio Ambiente ha llevado a cabo un proceso de presentación de esta iniciativa a las empresas de los distintos sectores afectados, a las que se ha propuesto la creación de un grupo de trabajo conjunto para el dimensionamiento y ajuste de las tareas a realizar por el Centro. Hasta la fecha se han adherido a esta iniciativa el 80 % de las empresas consultadas.