IMA 2017. Informe de Medio Ambiente en Andalucía

466 Saneamiento y depuración Desde principios de los años 80, la calidad de las aguas se había visto seriamente amenazada por los vertidos urbanos e industriales sin depurar. La situación de partida en el año 1987 con respecto al tratamiento de aguas residuales se caracterizaba por las grandes deficiencias existentes, ya que la depuración de las aguas residuales de las ciudades y núcleos de población no se había afrontado de manera sistemática y las inversiones necesarias para efectuar el tratamiento casi nunca habían sido consideradas como prioritarias. Según estimaciones, en 1981 sólo eran tratadas un 11% de las aguas residuales de la población –el resto, un 89%, no recibía ningún tratamiento–. Es entonces cuando, junto al establecimiento de criterios generales y específicos de gestión, se fijaron de manera prioritaria las grandes obras de saneamiento y depuración que permitieran atajar el déficit de calidad del agua en los núcleos urbanos superiores a 30.000 habitantes. Entre estas actuaciones destacan las contempladas en los planes de saneamiento integral de las aglomeraciones urbanas y el litoral andaluz, que comienzan su andadura en 1986. El inicio de 1986 también marcó un hito en la lucha contra la contaminación que generaban los vertidos urbanos y los procedentes de la actividad industrial, con la entrada en vigor de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. Respecto de la industria y asumiendo el principio europeo de quien contamina paga , mediante esta Ley se forzó a las industrias a instalar plantas de depuración, ya que de lo contrario el precio a pagar por realizar vertidos era muy superior al de las instalaciones necesarias para eliminarlos, mediante la fijación de multas y cánones de vertido. A la vista de los datos disponibles, la evolución del saneamiento en Andalucía ha sido muy positiva: se ha conseguido revertir la situación de partida dotando de depuradoras, no sólo a zonas prioritarias (áreas sensibles, aglomeraciones urbanas y enclaves turísticos del litoral), sino también a otros núcleos. Los esfuerzos realizados en materia de infraestructuras, en los que los Fondos Estructurales Europeos han tenido una importancia definitiva, han ido haciendo posible un cumplimiento progresivo del objetivo de la Unión Europea: proporcionar un tratamiento adecuado a las aguas residuales de todas las poblaciones. En este marco, el principal reto que ha debido afrontar la región andaluza es el tratamiento en pequeñas y medianas poblaciones, para las que se ha apostado por un modelo basado en entes supramunicipales con suficiente capacidad para dar servicio a sus respectivos ámbitos territoriales.