IMA 2017. Informe de Medio Ambiente en Andalucía

472 Planificación hidrológica y gestión de cuencas hidrográficas La Ley de Aguas de 1985 estableció los Planes Hidrológicos, principales instrumentos de la política hidráulica que ordenaban y establecían los recursos y aprovechamientos, la administración del dominio público hidráulico, las concesiones de derechos de uso privativo del agua, el control de calidad del agua y los proyectos y ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas. A partir de la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA, 2000) dan comienzo nuevos procesos de planificación que asumen una profunda reorientación del modelo de gestión del agua. Este marco europeo de actuación establece como objetivo fundamental la conservación o recuperación del buen estado ecológico de las masas de agua y la de los ecosistemas acuáticos. La política de agua se dotará a partir de este momento de una nueva dimensión, con la incorporación de la vertiente ambiental. Andalucía se hizo eco de la misma, y la adoptó en el ciclo de planificación hidrológica 2009-2015. Como consecuencia, la planificación hidrológica cambió el concepto de demanda, desligándolo del enfoque orientado al precio y la sobredimensión de los recursos, y se introdujo la óptica ambiental, basada en el principio de precaución, que estudia la viabilidad económica y ambiental de la demanda. El regadío utiliza en torno al 80% de la totalidad del agua disponible en Andalucía. Por este motivo es un sector clave en la gestión del agua en nuestra comunidad autónoma. Desde la Junta de Andalucía se impulsó y apoyó, mediante mecanismos de financiación propios y procedentes de la Unión Europea, a las comunidades de regantes, para que asumieran unas coutas de responsabilidad social, económica y ambiental acordes con su papel principal de demandante del recurso. Por otro lado, las importantes actuaciones acometidas para la modernización del regadío han contribuido al ahorro de agua. Esta nueva filosofía de gestión del agua en Andalucía se ha basado en el consenso y el diálogo, mediante una participación activa de agentes sociales y económicos, que trasladaron en su momento sus demandas, sugerencias y aportaciones para mejorar esa nueva política de agua.