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Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental es una norma que completa el marco legal existente y dota a la Administración andaluza de nuevos instrumentos de protección ambiental, con el doble objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y obtener un alto nivel de protección del medio ambiente.

La ley racionaliza, completa y actualiza el régimen de vigilancia e inspección, y configura un conjunto de infracciones y sanciones que tienen como fin último lograr que se respete con máxima eficacia el principio de "quien contamina paga" y la restauración de los daños ambientales que se produzcan. La determinación de las responsabilidades en cada caso y la fijación de los comportamientos que se consideran infracción administrativa es uno de los cometidos obligados de este texto normativo que tiene en la actualización uno de sus máximos propósitos.

Con una clara orientación hacia la prevención, la GICA crea y regula instrumentos que permiten conocer, a priori, los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados de determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades, incluidos los urbanísticos.
 

ASPECTOS DESTACADOS

De la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental destaca la incorporación de un enfoque integrado, que supone cambios en una triple dimensión.

En primer lugar, se aborda la incidencia ambiental de instalaciones industriales, evitando o reduciendo la transferencia de contaminación de un medio a otro; en segundo lugar, se lleva a cabo una simplificación administrativa de los procedimientos para que el resultado de la evaluación global de la actividad culmine en una resolución única, la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental unificada y, por último, se determinan en la autorización los valores límites exigibles de sustancias contaminantes conforme a las mejores técnicas disponibles en el mercado para conseguir el menor impacto ambiental.

INNOVACIONES

Esta Ley regula por vez primera en Andalucía la contaminación lumínica teniendo como principal objetivo la prevención, minimización y corrección de los efectos de la dispersión de la luz artificial hacia el cielo nocturno.

En materia de contaminación acústica establece una regulación que incluye también una nueva zonificación del territorio en áreas acústicas, establece el marco legal para la realización de mapas de ruido y planes de acción, incorpora la posibilidad de designar servidumbres acústicas y, por último, establece el régimen aplicable en aquellas zonas en las que no se cumplan los objetivos de calidad acústica exigidos.
 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Para conseguir estos objetivos, se favorece especialmente el ejercicio de la responsabilidad compartida entre las Administraciones Públicas y la sociedad en la protección del medio ambiente.

En este sentido, se potencia el desarrollo de instrumentos y mecanismos como los acuerdos voluntarios y se crea un distintivo de calidad ambiental para las empresas andaluzas. En esa línea, se promueve, también, la utilización de instrumentos económicos que incentiven la inversión en tecnologías limpias que produzcan una disminución de la incidencia ambiental de las actividades productivas. Se desarrolla, además, un régimen de responsabilidad por daños al medio ambiente, donde se hace obligatoria la exigencia de garantías financieras que respondan de los posibles daños ambientales producidos por determinadas actividades.

Junto a otros instrumentos ya existentes como la fiscalidad ecológica, y la potenciación de la innovación y la inversión en mejora ambiental de las empresas, la norma juega un papel de estímulo e incentivo. Contribuye a la mejora de la competitividad en un mercado global, en el que cada vez prima más la eficiencia del que más produce, consumiendo menos recursos o generando menos impactos.
 

LOS ANTECEDENTES Y LAS POLÍTICAS MARCO

La proliferación de instrumentos al servicio de políticas de desarrollo sostenible ha evolucionado y madurado en los últimos años en el plano internacional, desde la Conferencia de Estocolmo en 1972, hasta las más recientes en Río de Janeiro en 1992 o Johannesburgo en 2002, pero también en los ámbitos europeo, estatal, regional o local. En el ámbito andaluz, debemos destacar la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, Agenda 21 Andalucía, refrendada por el Consejo Andaluz de Medio Ambiente el 5 de junio de 2003 y aprobada por el Consejo de Gobierno el 27 de enero de 2004, y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía. Horizonte 2017.

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