Inicio > Noticias destacadas

26/03/2019 | El Consejo de Gobierno acuerda la redacción del decreto que regulará el Consejo Andaluz del Clima

La Junta impulsa el desarrollo y la ejecución de la Ley de medidas frente al cambio climático, que contempla este órgano de participación


El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo para que se inicie la redacción del Decreto que regulará la composición, funciones y régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz del Clima, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

La Junta sigue impulsando así el desarrollo y la ejecución de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, que se aprobó bajo las premisas de la transversalidad y corresponsabilidad en la consecución de sus fines, para lo que creó dos órganos básicos. Uno de consulta, la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático; y otro de participación, el Consejo Andaluz del Clima.

La tramitación del primero se impulsó desde el Consejo de Gobierno el pasado 19 de marzo y el segundo constituye el órgano que permitirá la participación efectiva de la sociedad y de los sectores económicos en la definición y en la aplicación de las políticas en materia de cambio climático. Entre sus funciones se encuentran conocer las políticas de lucha frente al cambio climático y el estado de la comunidad autónoma en esta materia, así como la de formular recomendaciones en relación con planes, programas y líneas de actuación.

Para la ejecución de dichas funciones el Consejo creará un grupo de trabajo formado por especialistas independientes en diversos campos del conocimiento, con la finalidad de asesorar científicamente al mismo, proporcionándole apoyo científico, técnico y organizacional.

La Ley de Cambio Climático establece que estarán representados en la composición del Consejo: la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático (con representación de todas las Consejerías); los gobiernos locales (Ayuntamientos y Diputaciones provinciales); y los agentes económicos y sociales con intereses relacionados con el objeto de la propia ley.