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Ámbito estatal
Ámbito estatal
La contribución de España a la lucha contra el cambio climático queda plasmada con la aprobación de distintos Planes, Programas y Estrategias, pese a que no existe aún en nuestro país una ley específica de lucha contra el cambio climático.
La primera referencia a la preocupación por el medio ambiente en nuestro país se recoge en el artículo 45 de la Constitución Española, donde se establece que la sociedad española tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
Este compromiso ecológico queda plasmado de forma concreta en otros documentos nacionales. Uno de ellos es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, aprobado en julio de 2006. Su principal objetivo es desarrollar los compromisos que nuestro país ha adquirido en el contexto internacional de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y de la Unión Europea y evaluar los impactos del cambio climático en España para lograr que la adaptación a este fenómeno global se integre en la planificación de los distintos sectores y/o sistemas de nuestro país.
Un año más tarde, en 2007 España contaba ya con su propia estrategia nacional frente al cambio climático: la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), enmarcada en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS). Formada por 198 medidas concretas, su objetivo es cumplir con los compromisos de España en materia de cambio climático e impulsar la utilización de las energías limpias más allá de 2012. Por tanto, además de recopilar medidas destinadas a mitigar las consecuencias del cambio climático, dedica especial atención a minimizar los efectos del cambio climático mediante acciones de adaptación. Junto a estas medidas, la Estrategia Española de Cambio Climático incluye un Plan de Medidas Urgentes.
Sin duda, una de las apuestas de la Administración es establecer un comercio de derechos de emisión para combatir el cambio climático. Precisamente para regular este sistema se aprobó la Ley 1/2005, de 9 de marzo. Con esta norma, se autoriza la emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones que generen emisiones contaminantes durante el desarrollo de sus actividades siempre que comuniquen a los órganos competentes de la cantidad y procedencia de estas emisiones.
