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Una adecuada política ambiental debe estar fundamentada en principios de cautela y acción preventiva antes que en medidas correctoras. En esta línea, la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental en Andalucía, crea y regula instrumentos que permiten conocer, a priori, los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados de determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades. Esta vocación preventiva y de protección integral del medio ambiente se había puesto de manifiesto en la Ley 16/2002, que incorpora al ordenamiento interno español de la  Directiva 96/61/CE  relativa a la Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC).

Mediante la ley GICA se formulan cuatro instrumentos de prevención ambiental aplicables a las actuaciones que pueden afectar al medio ambiente andaluz: la Autorización Ambiental Integrada (AAI), la Autorización Ambiental Unificada (AAU), la Evaluación Ambiental de Planes y Programas y la Calificación Ambiental. Asimismo, se asientan las Redes de vigilancia de control de la calidad, que permiten detectar cualquier episodio contaminante en tiempo real.

El concepto de la conservación de la calidad ambiental está plenamente integrado en la planificación empresarial mediante los Programas y Sistemas de Gestión Medioambiental (Ecogestión) a nivel estratégico, organizativo y operativo y las Auditorías Medioambientales (Ecoauditorías) a nivel de seguimiento y control. De esta manera, la idea de la responsabilidad con el medio ambiente ha ganado frente a la visión del mismo como carga improductiva y generadora de gastos.

El control e inspección de la protección y la prevención integral del medio ambiente recae en última instancia sobre los Agentes de Medio Ambiente.