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Inicio > Boletín de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos. Octubre 2018. Nº 15 > Espacios Protegidos

Las ZEPIM andaluzas en la red de espacios marinos y costeros del Mediterráneo

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En el Mediterráneo existe una figura específica de protección que surgió, en 1999, para garantizar la supervivencia de los valores y recursos biológicos de la cuenca, al incorporar sus hábitats más representativos y áreas marinas mejor conservadas. Se trata de las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y, en la actualidad, son 35 los espacios declarados, encontrándose 10 de ellos en España (4, en Andalucía) y, el resto, en otros países como Francia, Italia, Mónaco, Túnez y Argelia.

Esta figura internacional -que no compite con otras categorías ya existentes, sino que las complementa- tiene su origen en el “Convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo” (Convenio de Barcelona), el cual fue adoptado en 1976 en el marco del Plan de Acción para el Mediterráneo, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Dos décadas después entró en vigor su Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y Diversidad Biológica en el Mediterráneo, y en él se estableció la lista de ZEPIM, cuyo objetivo es crear una red de espacios marinos y costeros que albergan ecosistemas específicos de la zona, así como hábitats de especies en peligro.

La finalidad de este trabajo en red es solventar aquellas debilidades o desigualdades detectadas entre países y subregiones; otorgar coherencia a toda la cuenca; y disipar lagunas en cuanto al papel de estas áreas protegidas como guardianes, no sólo de la diversidad biológica, sino también de los valores científicos, estéticos, culturales y educativos del Mediterráneo.

El caso andaluz
Andalucía está a la cabeza del conjunto de regiones españolas de la cuenca mediterránea por el  número de ZEPIM declaradas, aunque dos de estas áreas son gestionadas por el Gobierno central: Isla de Alborán y Fondos marinos del Levante almeriense.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por su parte, es la encargada de velar por la conservación del área protegida litoral del Parque Natural y Zona Especial de Conservación (ZEC) Cabo de Gata-Níjar, incluyendo una franja marina de elevado interés ecológico, al contar con 22 tipos de hábitats amparados por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

La otra ZEPIM de gestión andaluza es el Paraje Natural y ZEC Acantilados de Maro-Cerro Gordo, que cuenta con especies endémicas marinas relevantes y amenazadas, así como con hábitats de interés para la Directiva 92/43/CEE.

Como el resto de ZEPIM, estas áreas andaluzas poseen unos valores naturales representativos para el Mediterráneo y juegan un importante papel para la conservación de determinados componentes de la diversidad biológica. Es por ello que se sitúan bajo tutela internacional, sin menosprecio de los derechos de soberanía nacional existentes.

De hecho, la propuesta para establecer una ZEPIM debe partir de uno de los 22 Estados firmantes del Convenio de Barcelona o del Protocolo. En el caso andaluz, es el Gobierno autonómico el que propone la declaración de una zona bajo su jurisdicción a la Administración General del Estado, para que esta continúe con el procedimiento.

Convenio internacional
El Plan de Acción del Mediterráneo (PAM), establecido en 1975 dentro del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), mantuvo durante su primer período de actuación (1975-1995) los fundamentos jurídicos establecidos en el Convenio de Barcelona, centrados en el análisis y control de la contaminación marina. Con el paso del tiempo, otros temas, como la protección de la biodiversidad y la gestión integrada del litoral fueron adquiriendo importancia. Así, en la segunda fase del PAM, iniciada en 1995, se adoptó un nuevo protocolo, el de Áreas Especialmente Protegidas y Diversidad Biológica en el Mediterráneo, que entró en vigor en diciembre de 1999. En él se establece la necesidad, por parte de cada Estado miembro, de proteger, preservar y gestionar de forma sostenible aquellas áreas de particular valor natural o cultural, y aquellas especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción.

La cooperación con los demás miembros y la integración de estrategias, planes y programas en las políticas relevantes a escala sectorial e intersectorial son otros de los compromisos que se adquirieron con la firma de este protocolo.


Más información:

Regional Activity Center for Specially Protected Areas (RAC/ SPA).

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